viernes, 12 de junio de 2015

Schola Iuris y el laberinto del Minotauro



En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama Schola Iuris, fue creado en 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid.
Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su "punto fuerte en el magnífico plantel de profesores", según anuncia su web. La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y exjefe de la UDEF José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, exjuez del Supremo y exvocal del Consejo del Poder Judicial.
En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el 'caso Gürtel', como diputados autonómicos o exalcaldes del PP madrileño.


Schola Iuris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos

El reglamento de la Carrera Judicial permite a los magistrados compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia o la investigación jurídica. Para ello deben solicitar un permiso al Consejo declarando el tiempo dedicado a la actividad o la remuneración. En caso contrario, la comisión competente denegará la petición cuando su ejercicio pueda impedir el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad del juez.
El hombre que ha reunido a este "magnífico plantel" para su oferta académica privada se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de Schola Iuris, cuyo campus académico está en la planta 18 de la Torre de Cristal, ubicada en el nuevo centro financiero del paseo de la Castellana.
'Causas' políticas
Hasta aquí el contexto de Schola Iuris. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la "intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares". Un ambito cercano a Schola Iuris.
Cenyt Argo tiene una sociedad matriz, Cenyt Consultoría. Es una empresa surgida en 2006 con un capital de 684.000 euros, que ahora asciende a 2,4 millones. Su objeto es el asesoramiento de empresas e instituciones en proyectos de análisis y gestión de recursos humanos. El enlace entre ambas mercantiles es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, quien fuera apoderado y presidente de Cenyt Consultoría.
Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el nombre de Villarejo ha salido a la palestra por sus menciones en los casos 'Emperador (Gao Ping)' y el 'ático de Ignacio González'; la fortuna suiza de Francisco Granados que derivó en la 'operación Púnica', con los Pujol o en el 'caso del pequeño Nicolás' por su guerra interna con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, cesado en abril.
Todo este paisaje de relaciones empresariales y casos judiciales con implicaciones políticas deriva en último instancia en Schola Iuris. Por ejemplo, en el 'caso Nicolás' o en el de Javier López Madrid (el yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir, investigado por acoso sexual a una doctora apuñalada en extrañas circunstancias), la acusación pública la lleva la Fiscalía de Madrid, con el profesor del centro Manuel Moix al frente. Curioso que en ambos casos el fiscal apenas está investigando y apoya archivar algunas pesquisas. Mientras que en el 'caso de los Pujol' o las escuchas de La Camarga, la investigación policial la ha llevado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la supervisión en su momento de otro profesor de Schola Iuris, el comisario José Luis Olivera, y de su amigo José Manuel Villarejo. Ambos se reunieron en Barcelona con el financiero catalán Javier de la Rosa para tratar estos casos, según éste.
El caso de Olivera es muy particular. Este mando dirigió la UDEF desde su nacimiento en 2005 hasta 2012, cuando fue cesado con la llegada del Gobierno del PP. Bajo su gestión se destapó la trama 'Gürtel' y en enero pasado Interior lo recuperó para liderar un nuevo departamento, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), una especie de CNI policial con numerosos medios a su disposición.

Uno de los docentes estrella del centro, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, fue ponente de la sentencia contra la denominada 'banda del puerto', que se dedicaba a robar cocaína en la zona portuaria de Barcelona y por la que fue juzgado, entre otros 23 procesados, el inspector Antonio Giménez Raso.
Este mando policial fue absuelto de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. La clave fue la anulación de las escuchas que implicaban a este funcionario y a otros siete guardias civiles, quienes formaban un «extraño maridaje» con los narcos en el que «se entrecruzaban toda suerte de relaciones, compadreos y favores de todo tipo» que exceden «en mucho» de lo que, «desde la ética profesional», es esperable de la necesaria «relación entre policía y confidente», afirmó la sentencia de instancia de 2012.
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo presentó recurso de casación contra Giménez Raso y otros tres guardias civiles para revocar la absolución de la Audiencia de Barcelona. El caso lo vio en 2013 un tribunal de cinco magistrados de Sala Penal del Supremo y el ponente del fallo fue el citado Antonio del Moral. En enero de 2014 se declaró nula la sentencia y se dejó en parte sin efecto la apelación del Ministerio Público. El argumento central del juez fue la ausencia de hechos probados y la negativa de la sección a valorar pruebas sin justificación, por lo que devolvió el caso al tribunal catalán para dictar una nueva resolución. Hasta ahora.
Relaciones empresariales
El posible conflicto de intereses entre el juez Del Moral, fiscal de carrera que ingresó en la sala en febrero de 2012 por el turno de reconocido prestigio, y el acusado Antonio Giménez Raso tiene su origen en 'Schola Iuris', el centro jurídico donde el magistrado imparte clases junto a otros dos compañeros en el Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, y José Manuel Maza.
El paisaje es el siguiente: el administrador único de 'Schola Iuris' es Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Éste es, además, consejero de la sociedad Cenyt Argo SL, cuyo objeto social es la «intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares». Un ámbito cercano al instituto 'Schola Iuris'.
Nacida en 2011, el consejo de administración de Cenyt Argo lo integran, además, el abogado Rafael Redondo (socio en la matriz Cenyt Consultoría del comisario Villarejo) y los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, el inspector juzgado en el caso de la 'banda del puerto' cuyos recursos fueron visto por Del Moral, profesor en centro de Ángel Benseny.

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