domingo, 6 de noviembre de 2016

Hijos y hermanos "del cuerpo" y de la Buena estirpe*



Como la información se va enterrando es bueno ir recordando...  

Pasado

El padre de Mariano Rajoy magistrado con destino en varias ciudades (León, Pontevedra, etc). Se vio envuelto en su condición de Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el denominado Caso Redondela.

La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) fue un organismo creado tras la guerra civil como consecuencia de las dificultades que sufría España en materia de aprovisionamientos, la CAT carecía de instalaciones adecuadas, y recurría a depósitos alquilados a distintas empresas privadas para el almacenamiento de muchos de los numerosos productos cuya gestión entraba dentro de sus competencias.
En Redondela existían unos depósitos para aceite siendo REACE (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas, S.A.) la empresa que entre 1966 y 1972 tuvo contratado con la CAT el almacenamiento de más de 12 millones de kilos de aceite. REACE había sido constituida por Rodrigo Alonso Fariña, en el Consejo de Administración estaba Nicolás Franco Bahamonde (hermano mayor del generalísimo Franco).
En 1971 Rodrigo Alonso decidió vender REACE y FIBRARSA a Isidro Suárez. Según la posterior acusación del Ministerio Público, “tras la venta ficticia, Alonso siguió dando órdenes en el negocio.”. En marzo de 1972, José María Romero González, director general de REACE, se personó en el juzgado de guardia de Vigo para denunciar que en los depósitos de REACE faltaban más de 4 millones de litros, valorados en unos 170 millones de pesetas. La sospecha de complicidad entre la CAT y REACE comenzó enseguida a estar presente en la investigación. El denunciante José María Romero perdió el trabajo, como sigue ocurriendo en la España post franquista.  Romero encontró trabajo en una empresa de aceite Sevillana. A partir de entonces empiezan a producirse muertes en "extrañas circunstancias"
-El taxista de Vigo Arturo Cordobés apareció asesinado de tres balazos en las afueras de la ciudad.  Solía transportar en largos viajes con su vehículo a los principales encartados en el asunto del aceite.

 -José María Romero, el denunciante apareció muerto junto con su mujer y su hija en su domicilio de Sevilla, Aparentemente, el denunciante se había suicidado tras dar muerte a las dos mujeres, también en medio de extrañas circunstancias, como la falta de motivos, el excesivo número de disparos o la preparación del escenario.
-Isidro Suárez, el supuesto testaferro, murió desnucado en las duchas de la cárcel de Vigo.

-Antonio Alfajeme del Busto, presidente de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia y cónsul de Chile en Vigo, en un crimen que se declaró pasional, pero sobre el que corrió el rumor de estar conexionado también con el caso del aceite, a causa de que el taxista aparecido muerto solía también hacer servicios de larga distancia a Alfajeme.

-Luis Mañas representante de los acreedores de la Administración Judicial de la empresa fallece de una angina de pecho.

Cerrado el sumario por la desaparición del aceite, el fiscal de la Audiencia de Pontevedra, Cándido Conde Pumpido, padre del que fue Fiscal General del Estado, una vez calificados los hechos y elaboradas las conclusiones provisionales, trasladó su residencia a Madrid como consecuencia de su nombramiento de abogado-fiscal del Tribunal Supremo.

Tras las muertes habidas y el indulto que benefició a Moreno Teijeiro, sólo fueron tres los ocupantes del banquillo la mañana del 21 de octubre de 1974 en que se inició la vista en la Audiencia de Pontevedra: el fundador de REACE, Rodrigo Alonso; el contable y secretario de actas, Alfredo Román; y el funcionario de la CAT, Ángel García Canals.

La sala estaba totalmente abarrotada de público y medios de comunicación, pues no en balde se sabía implicado Nicolás Franco Bahamonde, en aquellas fechas oportunamente nombrado embajador de España en Portugal, para alejarle del centro de la atención mediática. Presidía el Tribunal el que también lo era de la Audiencia Provincial, don Mariano Rajoy Sobredo, auxiliado por don Manuel Landeiro Píñeiro (su suegro Luis Aller Ulloa, había sido magistrado del Tribunal Supremo) y don Celestino Prego Garcia.

Los defensores coincidieron en solicitar la absolución de sus patrocinados. El fiscal, cuya actuación fue calificada como “blanda” por los expertos, solicitó quince años para Rodrigo Alonso, doce para Alfredo Román, y tres para García Canals. Pero, tras un sumario de varios miles de páginas y dos años y medio de investigación, ni siquiera la inexistencia del aceite pudo ser plenamente probada.

La rápida sentencia, que tardó una semana en ser conocida, condenó a Alonso a 12 años y al abono de 167 millones de pesetas por responsabilidad civil; a Román a 4 años de prisión; y a Canals a un año más la multa de 100 millones de pesetas. ¿Qué pasó, entonces, con los asesinatos o suicidios? Nunca se supo realmente el verdadero origen de las siete muertes, dando por ciertas las versiones oficiales de cada una de ellas.

El presidente del Tribunal, Mariano Rajoy Sobredo llevó férreamente la vista, evitando que salieran a la luz los aspectos más comprometidos de este grave asunto, sobre todo la participación de Nicolás Franco, a quien no se citó a declarar ni en ningún momento se le mencionó, haciendo del juicio “un paripé político”. Tal fue el comentario de Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, quien acusó al presidente del Tribunal de haberse plegado a las presiones del régimen. 

Lo cierto fue que a las personalidades implicadas jamás les sucedió absolutamente nada, y del aceite de Redondela nunca se volvió a tener noticias. ¿Estuvieron en el banquillo de los acusados todos los que debían estar?; ¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias?; ¿qué favores se habrían otorgado a cambio de tal benevolencia por parte del Tribunal? Sin duda, preguntas sin respuesta, y mucho más tras la posterior y misteriosa desaparición de los 5.000 folios que componían el voluminoso sumario, ahora se destruyen discos duros. 

Hubo quien relacionó años después la benignidad del Tribunal con la meteórica carrera de los cuatro hijos de su presidente, sin duda, todos ellos de excepcional valía intelectual y académica. 

Mariano Rajoy Brey Registrador de la propiedad
Mercedes Rajoy Brey Registradora de la propiedad
Enrique Rajoy Brey Registrador de la propiedad
Luis Rajoy Brey Notario (fallecido)

Presente

Los 'hijos de' copan los últimos nombramientos del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial elige al hijo de un vocal como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial 
Un hijastro del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, fue designado en octubre letrado del Tribunal Supremo
La Unión Progresista de Fiscales ha recordado que el Consejo de Europa exige que los cargos se asignen "con criterios objetivos" y sin "injerencias de grupos o familiares"
El 27 de octubre, el pleno del Consejo General del Poder Judicial  se reunió para elegir a la persona que ocupará el puesto de jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial ubicada en Madrid. Se trata de un puesto remunerado con un sueldo de 50.000 euros brutos anuales al que pueden optar profesionales vinculados al mundo de la Justicia que deben presentar su currículum y someterse a una entrevista personal. Optaron 24 personas, entre los que había jueces, fiscales, secretarios judiciales, e incluso catedráticos de Derecho.
En el momento de la votación decisiva, uno de los 21 integrantes del Consejo decidió abstenerse: el  magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, vinculado al grupo de los vocales conservadores. Se iba a decidir sobre su hijo, Rafael Fernández de Paiz, un fiscal de 35 años con plaza en Sabadell y sin apenas experiencia en el campo de la formación. 
El puesto fue para él.  Doce de los integrantes del CGPJ de todas las corrientes, incluido su presidente, Carlos Lesmes, lo eligieron frente a los otros 23 candidatos. Por detrás, quedó con seis votos el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Pascual Fabia Mir, que ocupa el puesto 763º en el escalafón de la carrera. Agustín Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de A Coruña, obtuvo dos votos.
El nombramiento que parte de la valoración subjetiva de los méritos y de entrevistas personales con todos los candidatos –a la que según confirman varias fuentes no acudieron todos los miembros del CGPJ, aunque sí tuvieron oportunidad de seguirlas en vídeo– ha generado cierta polémica interna. Uno de los vocales consultados sostiene que "la arbitrariedad en la elección fue superior al de otras veces, teniendo en cuenta los currículum" y duda de que se haya llevado a cabo "una adecuada valoración de los méritos". 
Al puesto optó sin éxito la letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Mariscal de Gante, hermana de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar y diputada en el Congreso por el PP hasta 2004, quien no obtuvo ningún voto.
A raíz de la designación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho público un comunicado para pedir que los nombramientos en la Administración de Justicia se atengan a los principios de mérito y capacidad. En la nota, la UPF recuerda "el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) que recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento".
Solo un par de semanas antes, el Boletín Oficial del Estado ratificaba la situación de "servicios especiales" para el fiscal de Ciudad Real Álvaro Mañas De Orduña, tras ser promocionado como letrado del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo. Se trata de un fiscal joven destinado en Canarias, hijo de la actual pareja del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que obtuvo el número 1 de su promoción en 2012 y recibió por ello la medalla de San Raimundo de Peñafort. Con menos de cinco años de carrera, ha sido elegido para incorporarse al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por el CGPJ. Su nombramiento lo comunicó el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes.
El concurso de méritos pivotó también sobre el currículum y una entrevista personal. Las bases de la elección, publicadas en el BOE el 8 de junio, establecen que la propuesta de candidatos/as aprobada por la Sala de Gobierno será elevada por el presidente del Tribunal Supremo al pleno del CGPJ para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del Gabinete Técnico al servicio del Alto Tribunal.
En el punto sexto de los requisitos del concurso se especifica que para los aspirantes al puesto de letrado del Tribunal Supremo en el ámbito Penal se premiará la "especial valoración de la experiencia en técnica casacional, así como en los aspectos propios de la jurisdicción penal desde una preceptiva práctica; profundo y actualizado conocimiento de la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; actividades de investigación o docentes; conocimientos informáticos de bases de datos de jurisprudencia, legislación y bibliografía e idiomas".


* En alusión al título del artículo publicado por Mariano Rajoy en 1983 en el que 
hizo un alegato en favor de los hijos de la buena estirpe 
                                                           

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