martes, 13 de junio de 2017

Para comprender mejor los tuits machistas de Ana Váquez Blanco


A los pocos minutos de comenzar la intervención de Irene Montero en el debate de la moción de censura, la diputada del PP por Ourense Ana Váquez Blanco, comenzó a tuitear mofándose de Montero y de su relación con Pablo Iglesias.

Los tuits tenían tal tufo machista, que de los 4 que publicó, borró 3. El que consideró que no era tan vergonzoso, la retratan. En la línea de su partido, creando la ceremonia de la confusión, censura que la moción se presentase en martes 13. Cualquiera mínimamente informado sabe que la fecha la eligió su correligionaria Ana Pastor,  pero sirve para el perfil de sus "creyentes". Todo se lo tragan.

Si los tuits llevasen la firma de Gabriel Rufián los recogería la prensa subvencionada, pero como la autora es del PP, los medios lo omitirán.


¿Qué sabemos de Ana Belén Vázquez Blanco?

Fue y es  diputada por Ourense durante la VII, VIII, IX, X y XII. Madre de la Patria con 25 años. En el 2006 se convirtió en alcaldesa de Bande tras la muerte del regidor Amador de Celis Suárez. Ana Vázquez Blanco,  entró en política de la mano de Amador de Celis, con el que tuvo ciertas discrepancias.

Es curioso que se mofe de "una  pareja política" cuando ella fue alcaldesa y presidenta del club de fútbol de Bande y le sucedió en ambos cargos su ahora ex marido José Antonio Armada Pérez.
Siempre viviendo de lo público, pero la política no es segura, así que no solo se presentó a elecciones, también a oposiciones (que obviamente aprobó) en el 2010 a la Diputación de Ourense, el feudo de Baltar, a quien fue a apoyar al grito de ¡Presiendete¡ a la llegada al juzgado cuando fue procesado por enchufar a 104 personas entre enero y marzo de 2010. Baltar fue condenado.





La Diputación de Ourense es por número de trabajadores la segunda empresa de la provincia, después de Coren, y prácticamente infranqueable para quien no sea baltarista. Ahora cuenta con 950 empleados: los 400 alcaldes, concejales o sus familiares directos y otra mitad -con excepción de un puñado y de los que accedieron a la institución antes que el presidente-, de militantes del partido.

En el 2013 Ana Vázquez fue multada en varias ocasiones por José Manuel Grande Pérez, sargento de la Guardia Civil del municipio ourensano de Bande, donde fue alcaldesa y ahora lo es su ex marido. La diputada afirmó sentirse acosada, el sargento afirma que una de las multas se la impuso apenas desembarcado en el cuartel del pueblo, porque el bar que regentaba la familia de la parlamentaria en el recinto del club de fútbol del que ella era presidenta “vendía bebidas alcohólicas y está prohibido”. La última fue un incidente con el coche  mal estacionado, que le valió el título de la Esperanza Aguirre gallega.

En diciembre del pasado año, el sargento Grande Pérez, que había sido condecorado, ha sido cesado. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), está preparando una demanda judicial “si es necesario también contra el mando que lo ha destituido”, porque mantiene que el sargento ha sido cesado por “una clara represalia política” contra Grande “por haber hecho cumplir la ley”.


domingo, 11 de junio de 2017

Alto y claro: la donación de Amancio Ortega



Las redes y los medios de comunicación han ardido debido al rechazo de Asociaciones de profesionales (FADSP) de varias CCAA a la donación de Amancio Ortega, para la compra de equipos de Alta Tecnología. Llevo más de 30 años ejerciendo mi profesión de radióloga en la sanidad pública, y trataré de explicar mi opinión sobre lo que está pasando, centrando el tema en mi comunidad, Galicia, la que más conozco, y la que recibió la primera donación de Amancio Ortega, también gallego. 

 En esas fechas (octubre de 2015) publiqué un artículo en Nuevatribuna solicitando que se aclarase como era posible que Amancio Ortega donara 17 millones de euros para comprar equipos de Radioterapia y Mamógrafos que ya habían sido previamente comprados por Philips y la Multinacional Estadounidense Varian Medical y por los que el Sergas pagaba un alquiler (11 millones de euros al año durante 8 años), sin que tan siquiera se redujera dicho alquiler: ¿a dónde han ido a parar esos 17 millones de euros?

Los profesionales que defendemos el Sistema Sanitario Público estamos muy preocupados por su deriva privatizadora, especialmente en Galicia, donde su I+D+i se encuentra privatizado y en manos de un oligopolio de empresas, algunas imputadas por corrupción y todas con estrategias para eludir impuestos. ¿Le gustaría a Amancio Ortega que los profesionales del Sergas gestionáramos el I+D+i de Inditex? ¿lo permitiría? Claro que no.

La Xunta de Feijóo junto a Inditex, Abanca y otras empresas gallegas han formado un fondo de capital riesgo. Estas empresas acceden a datos de la Administración, e investigadores públicos trabajan para generar sus patentes. En Galicia, Indra gestiona la Historia clínica, con todos los datos sanitarios de los pacientes, a los que próximamente se unirán los datos sociales (maltrato, recursos económicos de la población etc). Indra cede esos datos a los hospitales privados, concertados o no concertados, mientras los profesionales del Sergas no podemos acceder a la información sanitaria de los hospitales privados, ni disponemos de herramientas para explotar los datos de nuestros pacientes y así auditar nuestros resultados.

Si hacemos las cosas mal hechas, mal quedan. En Galicia, el Centro Oncológico de A Coruña, el registro de los pacientes con cáncer y los ensayos clínicos, está en manos de la AECC, que se presenta como la gran valedora de la defensa de los pacientes con cáncer, aunque realmente está dirigida por Inés Entrecanales (Acciona), la Banca March y la Fundación Garrigues. 

Las empresas tecnológicas gestionan la alta tecnología del Sergas y el control de calidad de los equipos, aparatos que imparten altas dosis de radiación, y que se utilizan 30%-50% más de lo necesario según muchos estudios realizados. Sin embargo, los radiólogos podemos hacer poco para adecuar las exploraciones, ya que las empresas verán mermados sus beneficios si los estudios por sala se reducen a partir de un porcentaje, según el contrato firmado con la Xunta de Feijóo. Por ello los estudios crecen y crecen más y más, incluyendo los realizados a los niños, y de forma especial en el sector sanitario privado, donde no existe transparencia ni control, incumpliendo el principio internacional ALARA “las exploraciones que aplican radiaciones ionizantes deberán disminuirse al mínimo posible”.

 ¿Son necesarios 290 equipos nuevos en el SNS? Probablemente no, al menos no tantos. Muchos de los existentes pueden actualizarse únicamente modificando su Software, que además permite disminuir las dosis de radiación aplicada. Pero claro, los beneficios empresariales disminuirían drásticamente. ¿Son mejores los mamógrafos con tomosíntesis regalados por Amancio Ortega? En primer lugar no disminuyen la radiación aplicada, sino que por lo contrario la incrementan discretamente.

Por otra parte, según las empresas se identifican un 42% más de lesiones, tan pequeñas que son “casi invisibles al ojo humano” y muchas con significado desconocido. En muchos casos se descartará cáncer en nuevos controles, tras meses de angustia, en otros casos se tratarán de forma agresiva (con sus efectos secundarios incluidos), lesiones dudosas que en un 20% de los casos no representan realmente cáncer.

 Según datos de la OMS en España la incidencia de cáncer de mama se incrementó un 68% en una década, en parte por este sobrediagnóstico y en parte por el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, y aunque es verdad que mejora el ratio de supervivencia, no así la mortalidad absoluta de las mujeres. Así que es muy importante actuar contra los determinantes del cáncer. Sin embargo el gobierno se niega a marcar los alimentos poco saludables y los coches fraudulentos que contaminan hasta 70 veces más siguen circulando por nuestras carreteras ¿que pasará en el futuro con los pulmones de nuestros hijos?

 Por otra parte, a las empresas no les interesa la Atención Primaria, la promoción de la salud, ni la mejora de los hábitos de vida para disminuir la incidencia de cáncer, sino el diagnóstico con equipos de alta tecnología y el tratamiento con costosos fármacos. Son empresas, son magnates, pretenden incrementar sus beneficios. No los culpo, pero no comparto sus objetivos ni su estilo de vida, y no nos interesan en nuestra sanidad pública.

Que se dediquen a fabricar ropa o a la construcción de puentes. “Zapatero a tus zapatos”. Además, no es la falta de equipos de AT sino la falta de personal para utilizar esos equipos lo que aumenta las listas de espera para los pacientes con cáncer u otras enfermedades en el Sergas, un equipo sin dotación adecuada de profesionales es como un avión sin pilotos.

 La mayoría de nuestros equipos de diagnóstico no funcionan los sábados ni por supuesto los domingos, y algunos ni tan siquiera las tardes de diario, a no ser para urgencias, mientras que se derivan los estudios a los centros privados con su maquinaria al 100%. 

En Madrid ya se señaló en 2014 que los equipos de resonancia magnética de los centros públicos solo funcionaban al 64%, al final ¿no resultara que tendremos mas aparatos sin utilizar?, es decir negocio para los fabricantes ninguna ventaja para los enfermos. 

 Por una sanidad pública y de calidad para todos, financiada por impuestos al 100%, a través de una hacienda libre de amnistías fiscales, sin donaciones, mecenas, magnates ni multinacionales en su seno, con profesionales dedicados al sistema público y con control de su I+D+i como cualquier empresa que se precie ¿no les parece, Sra Entrecanales y Sr Amancio Ortega?


Tomado de
http://www.nuevatribuna.es/opinion/luisa-lores/rechazamos-infiltracion-sanidad-publica-empresas-privadas-grandes-magnates/20170608164009140660.html


Cuando un rico dona algo, hasta de la caridad hace negocio. 

Los medios tradicionales han aplaudido hasta con las orejas la donación de 290  equipos de diagnóstico y tratamiento oncológico. Diversas asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública han rechazado la donación 

viernes, 2 de junio de 2017

Dinastías ganadoras y perdedoras



Diferente destino según la adhesión o rechazo al régimen.
Algunos casos que ejemplifican como los hijos de buena estirpe son los que sentencian nuestras vidas.
                                                   
                                         Los Moix                  

Ha tenido que saltar la noticia de que el fiscal anticorrupción Moix, tenía un 25% de una sociedad radicada en Panamá, para constatar una vez más como gran parte de los hijos del franquismo coparon el poder político, económico, judicial y en general los puestos clave del aparato del Estado. Privilegio que suele trasmitirse de padres a hijos desde el siglo XIX. Un hijo del pueblo o perdedor de la guerra puede llegar a un cargo público, pero el jefe siempre será un hijo de ganador.

Hemos sabido que el padre del fiscal Manuel Moix Martínez, había creado un sociedad en Panamá que figuraba como propietaria del chalet que se construyó en Collado. Cuando el constructor propietario de Terecon S.A. pretendió cobrar la obra, Moix padre  no quería pagar porque decía que "él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”. S

Según cuenta el entonces abogado del constructor la disculpa le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon SA, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Moix y el constructor pleitearon durante 13 años.
Así hemos sabido quien era el padre del fiscal:
Manuel Moix Martínez, padre del dimitido fiscal cursó estudios en el Seminario Menor en Burgos , profundamente creyente, inspector de Trabajo y primer titular de una cátedra en la Complutense de política social, bienestar social y trabajo social.

Su padre, Manuel Moix Gumbau, el abuelo del fiscal Moix, fue secretario de la diputación de Lérida y fundador del Instituto Católico Complutense.

Los hijos de los que obtuvieron cargos en el franquismo, perpetúan las sagas.
Los que no se adscribieron fueron excluídos, eso explica lo profundamente creyentes que suelen ser.

                                Los  Rodríguez Cadarso

Jesús Varela Fraga, que fue Decano del Colegio de Abogados de A Coruña, en la revista del colegio de abogados en su número 35, Fonte Limpa, hace una semblanza de Alejandro Rodríguez Cadarso, hijo y nieto de médico. Su abuelo alcalde de Noia, su padre Catedrático de Anatomía en las facultades de Medicina de Sevilla y Santiago, diputado en Cortes por ORGA, que falleció antes de estallar la Guerra Civil.
Alejadro Rodríguez truncó su vida de estudiante al ser llamado a filas. "Cuando finaliza la guerra Cadarso reanudó el estudio preparando las oposiciones para el Registro de la Propiedad, primero y para la abogacía del Estado después sin embargo, no llegó a ser admitido nunca a las pruebas de examen, siendo esta la forma de recibir represalia tanto por su pasado político propio, muy breve, como por el pasado político de su padre".

Por si teníamos alguna duda... Solo admitían a franquistas y con mucha fe cristiana, Sus hijos estaban mejor colocados en la casilla de salida. Eso explica que  según el juez Santiago Vidal un tercio de los jueces sean del Opus y eso no se corresponde  con el porcentaje de miembros en la sociedad. ¿Se agazaparon en el poder judicial?.


                                                       Los Urquía

Francisco Javier de Urquía (Tomado de la Wikipedia ) en 1998 entra en la carrera judicial. Tras pasar por varios destino, recala  en  Marbella (Málaga).  En agosto de 2008 fue condenado por el Tribunal Superior andaluz a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800€ como autor de un delito de prevaricación.

La condena que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había sido por cobrar sobornos de Roca, a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión que indagaba en el patrimonio del exasesor urbanístico marbellí en los meses previos a la operación Malaya.

El Supremo le absolvió del primero de los delitos y rebajó la gravedad del segundo, con lo que la condena quedó en una multa equivalente a la cantidad cobrada y la pena de inhabilitación.
En abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800€, la mínima que contempla la ley.
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Los firmantes de la sentencia fueron los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado. En mayo de 2010 es nuevamente juzgado en el juicio que se sigue en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra cuatro personas, entre ellas De Urquía, de nuevo por cohecho y prevaricación. Tras un juicio plagado de irregularidades que recoge la misma sentencia, la misma fue confirmada en su práctica totalidad por el Tribunal Supremo.

En el 2011 el juez Urquía es rehabilitado  como juez por el TS alegando que La Ley Orgánica del Poder Judicial impide que una persona con antecedentes penales en vigor pueda ingresar en la carrera judicial, sin embargo, nada dice acerca de la reincorporación de personas que ya son miembros de la carrera y sobre los que pesan antecedentes por causas ocurridas cuando ya eran jueces. El CGPJ interpretó que ese vacío legal se llenaba por analogía: si no se puede acceder a la judicatura con antecedentes penales, lo lógico —el espíritu de la norma— es que alguien que ya es juez no podrá reincorporarse hasta que se extingan los antecedentes. La defensa de Urquía lo veía de forma diferente. Si la ley no dice nada expresamente sobre la reincorporación con antencedentes, no hay obstáculo para ello.El Supremo acabó dando la razón al juez condenado por corrupción. El juez todavía estaba pendiente del juicio por el caso Hidalgo

Finalmente El Poder Judicial expulsa de la judicatura al magistrado Urquía. El Supremo ratificó las penas de 10 y 17 años de inhabilitación y dos años de cárcel. No se puede decir que no se haya intentado.  Queda la duda de que condena tendría si no tuviese "apellido".

Su padre Faustino de Urquía Gómez fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ,desde el pasado año consejero del Consell Jurídic Consultiu de Valencia.


Su abuelo Leopoldo de Urquía y García Junco fue secretario general de la Diputación de Alicante.