jueves, 12 de abril de 2018

La Universidad Rey Juan Carlos, masters VIP, coacciones, colocaciones y amenazas


Además de enterarnos de los falsos masters para VIPS, a raíz del caso Cifuentes, se hizo patente que la Universidad Rey Juan Carlos ejercía de agencia de colocación del PP, cátedras de la señorita Pepis incluidas. Vamos, entre chiringuito y agujero negro del PP.
Sabemos de falsificaciones de firmas, de convalidaciones a gogó.
Sabemos que  el ínclito Enrique Álvarez Conde es catedrático, director del Instituto de Derecho Público de la URJC y responsable del Máster de autos.

Sabemos que Álvarez Conde se saltó la ley al participar en el tribunal que dio la cátedra a su pareja
ya que fue vocal en la comisión que nombró catedrática a Rosario Tur  en la Universidad Miguel Hernández de Elche, una entidad pública impulsada por el PP de Francisco Camps y donde el mismo Camps aprobó la tesis doctoral, siendo Tur secretaria del tribunal que evaluó la tesis.

Además, Rosario Tur aparece como miembro de Instituto de Derecho Público que dirige Álvarez Conde y que pertenece a la universidad pública Rey Juan Carlos.
Parece que la URJC, funciona con el método del palo y zanahoria a algunos les aseguran la carrera y a otros se la hunden o al menos amenazan.

Una de las profesoras del master mátrix que han declarado ante la Policía por la falsificación de documentos en el caso del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha asegurado a los agentes que posee grabaciones en las que Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público de la URJC, llega a amenazar con frustar su carrera en la universidad si la docente no participaba del engaño.

Entre los empleados de la Rey Juan Carlos figuran, por ejemplo, Isabel Ruiz-Gallardón, prima del titular de Justicia; Isabel Mayor, hija de Jaime Mayor Oreja; Edurne Uriarte, exmujer del ministro de Educación José Ignacio Wert;  Gonzalo Ramírez de Haro, cuñado de Esperanza Aguirre, y José María Bethencourt, exvicesecretario de Estado de Aznar, así como su hija Soledad. También David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, y el socialista Rafael Simancas, así como el director de La Razón, Francisco Marhuenda. 
Algunas de estas personas son funcionarios de carrera, como Uriarte, que es catedrática.

La URJC ya había saltado a los medios por el nombramiento irregular como profesora "invitada" de la hermana de Cristina Cifuentes, invitada desde su puesto en la secretaría y  por los plagios de su rector, Fernando Suarez, sucesor de Pedro González Trevijano cuando pasó al Tribunal Constitucional, después de permanecer en el cargo desde el 2002 hasta el 2013. Fue en su etapa cuando se produjeron "los masters fantasma"y otros turbios asuntos. 

En el año 2009, cuando González-Trevijano presentó su candidatura para un tercer mandato al frente de la URJC, David Ríos Insua, otro aspirante la impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por considerar que ya había agotado el máximo de mandatos permitidos legalmente según los estatutos de la universidad, dos en total. El TSJM le dio la razón a David Ríos Insua, demandante y rival de González-Trevijano en las elecciones a rector.

La Universidad Rey Juan Carlos fue fundada en 1996 cuando Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, de quien depende. Cuando en 2013 González-Trevijano fue designado para el TC, Ruiz-Gallardón era titular del Ministerio de Justicia y fue el encargado de elegirlo. Durante los 11 años que González-Trevijano se mantuvo como rector hasta 2013 se produjo el boom de másteres concedidos por la URJC a dirigentes populares, ahora puestos en entredicho tras destaparse el escándalo Cifuentes.

Con todos estos antecedentes, me vino a la memoria  un caso, que, ahora con lo que conocemos cobra otra dimensión.

La noticia apareció en abril del pasado año 

El Juzgado de lo Penal 3 de Móstoles (Madrid) ha condenado a nueve años de inhabilitación al profesor Octavio Uña Juárez al negarse a tramitar un informe para una solicitud a catedrático emérito de un compañero y desobedecer el mandato del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).  ( El hecho juzgado se produjo en 2013, siendo rector González Trevijano).

En la sentencia, el magistrado Marcos Ramón Porcar condena al entonces director del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia, y le impone una multa de 3.240 euros.

La sentencia considera probado que el 19 de febrero de 2013 el catedrático de Ciencias de la Comunicación Alfonso de Esteban Alonso presentó al rector una solicitud para ser nombrado catedrático emérito. Entonces, el ahora condenado era director del departamento de Ciencias Sociales. Dicho nombramiento depende del rector, pero se requiere para el mismo un informe preceptivo emitido por el Consejo de Departamento.

Pasados dos meses, el vicerrector de la URJC envió un correo electrónico al procesado requiriéndole para que remitiera el informe del Consejo de Departamento respecto la solicitud de Esteban Alonso. El acusado, sin embargo, le respondió que "no cabe emitir ni someter a votación en el Consejo del Departamento de Ciencias Sociales el informe preceptivo", comunicando que "Alfonso de Esteban Alonso no cumple los requisitos establecidos".

El vicerrector insistió nuevamente en el informe, pero el condenado se reafirmó en que no tiene "obligación de tramitar ante el Consejo de Departamento informe alguno respecto a una solicitud con contenido falso a sabiendas y basada en documentación falsa".

Ante esta situación, siete profesores del departamento pidieron al rector la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo para que se informara sobre el nombramiento de Esteban Alonso. Habiendo transcurrido más de un mes sin que esto ocurriera, el rector le pidió a Uña que convocara urgentemente dicho Consejo y le informó de que en caso de no hacerlo incurriría en una falta muy grave de incumplimiento de sus obligaciones de director de departamento. El acusado, que en septiembre solicitó un año sabático, no convocó en ningún momento la sesión extraordinaria solicitada. 

Dice el juez que "su decisión de no convocar el Consejo es ilegal, injusta y arbitraria pues es contraria a su obligación legal de forma manifiesta, grosera y reiterada" como también lo es "emitir un informe para el que no tiene facultades ni competencias cuando las competencias son del Consejo del Departamento". Todo ello, añade, sin respaldo alguno y con la "clara finalidad de perjudicar a un catedrático compañero del departamento". 

El profesor de la Universidad URJC, Uña Juarez,  en su día anunció que recurriría el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa del docente había  informado a Efe de que presentaría  un recurso de apelación contra la sentencia por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia. 

Respecto de la prevaricación, el abogado considera que el juez no ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia que, según indica, excluye expresamente el informe como medio de comisión de la prevaricación, pues sólo puede cometerse prevaricación dictando u omitiendo dictar una resolución. 
 Sobre la desobediencia, afirma que es necesario que exista una negativa abierta, lo que en su opinión no se produjo. 

El acusado, tras la solicitud del rector González Trevijano, le respondió que "no cabe emitir ni someter a votación en el Consejo del Departamento de Ciencias Sociales el informe preceptivo", informando que "Alfonso de Esteban Alonso no cumple los requisitos establecidos". 
El vicerrector insistió nuevamente en el informe pero el condenado se reafirmó en que no tiene "obligación de tramitar ante el Consejo de Departamento informe alguno respecto a una solicitud con contenido falso a sabiendas y basada en documentación falsa". 

El acusado, que según la sentencia solicitó en septiembre un año sabático y según el abogado fue en julio, no convocó en ningún momento la sesión extraordinaria solicitada. 

Al margen del recurso, el abogado ha anunciado que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado para que le abra un procedimiento disciplinario. Lo hará tras la "situación de absoluto desamparo" en la que se encontró en sala el día del juicio ante "insultos directos por parte de una testigo" que dijo que era "violento y agresivo". Pidió recabar el amparo y tutela del juez para que reprendiera a la testigo, pero "el magistrado afirmó claramente que no tenía nada que decirle a la testigo" lo que, según añade, le desamparó. EFE 

Ahí lo dejo

Alfonso Esteban, el que había presentando una solicitud para ser nombrado catedrático emérito, ya es catedrático de la URJC desde 2017.
El rector en aquel entonces era González Trevijano, hoy en el poder judicial 

Última hora 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/07/actualidad/1523127075_820335.html?id_externo_rsoc=TW_CC
Tiene su aquel que el único condenado de esta universidad, falsificaciones incluidas, sea un profesor díscolo, al que le han hecho un "Elpidio"

Enlaces
https://confilegal.com/20170426-el-catedratico-de-la-urjc-condenado-a-9-anos-de-inhabilitacion-anuncia-que-recurrira/
https://confilegal.com/20170412-pena-9-anos-inhabilitacion-catedratico-la-universidad-rey-juan-carlos-prevaricacion-administrativa/

Biografía de Octavio Uña
https://octaviouna.com/sobre-octavio-una

Enlace relacionado
http://www.angelesgarciaportela.com/2016/11/el-rector-de-la-universidad-rey-juan.html

2 comentarios:

  1. Hola, qué tal...?

    Una trama así no se hace de la noche a la mañana. Lleva años, muchos años. Y no se lleva a cabo sin la aceptación de un pueblo. Un pueblo engañado, o ignorante o sumiso, o dormido, o escondido en el miedo.

    Esto es muy difícil de entender. Dos puntos destacados:

    1– Yo entiendo que una banda criminal, si no sabe vivir de otra manera, lo normal es que cometan sus crímenes, sus actos de mafia, de saqueo, de pisotear al pueblo. Eso lo entiendo, porque son delincuentes, o más bien bandas criminales, como es el caso, y es absolutamente normal lo que hacen.

    2– Lo que no entiendo y no consigo entrar en mi cabeza, es el borreguismo. Sabemos desde décadas que esas bandas de criminales tienen entre ceja y ceja destrozar la estabilidad social y el saqueo público a través de engaños como la privatización de instituciones públicas, puertas giratorias, el beneficio a multinacionales y bancos; es lo que tienen entre ceja y ceja. No saben vivir de otra manera. Vale, pero, si lo sabemos, por qué hay en el rebaño tantos que les siguen votando y votando y otra vez y otra vez... Eso es lo que no consigo entrar en mi cabeza... Si sabemos lo que hacen los delincuentes, ¿por qué otra vez y otra vez...?

    Sé de muchísima gente en los últimos años, que pertenecen a la clase que ha sido y es pisoteada con la falsa crisis (la estafa llamada crisis), y en las elecciones les vuelven a votar y otra vez y otra vez... Eso es lo que está destrozando toda posibilidad de que este país llegue a algo serio en la vida... Ellos van a seguir destrozando la estabilidad social mientras se les dé el voto... se creen con el derecho porque les votan en el rebaño.

    No dejo de pensar en cómo podemos ayudar a esos pobres del rebaño a tener un poquito más de luz en sus neuronas, que no somos ovejas, que somos personas. Que esas bandas de criminales solo tienen entre ceja y ceja destrozar las instituciones públicas para sus fines mafiosos con sus amiguetes, y después no van a repartir nada, que se quedan con lo que pillan y adiós, a otro sitio a seguir robando, porque son delincuentes.

    De lo que sí estoy contento en los últimos años, es del gran trabajo que se está haciendo desde la prensa y otros medios de comunicación. Eso me ha sorprendido mucho, y están haciendo una gran labor social que nos hacía mucha falta. Se agradece, aunque bien es cierto que han tardado años en hacer su trabajo; antes han estado sabiendo lo que ocurría y sin decir casi nada.

    Creo que estos problemas se evitarían si la gente (los ciudadanos) aprendiera a ver y a tratar a los políticos como funcionarios públicos.

    La diferencia es muy sencilla: un funcionario público está al servicio del pueblo, al servicio de lo que necesiten los ciudadanos. Y no lo que ocurre ahora: que la gente, dormida o ignorante, se comporta como si el pueblo estuviera al servicio de los políticos. Y eso es muy grave.

    Los ciudadanos nunca deben sentirse al servicio de los políticos, pues esos bichos solo van a su interés personal y de sus acólitos; el pueblo les importa un pimiento.

    La gente debe entender que un político es y debe ser un funcionario que debe servir al pueblo y es un ciudadano más. Cuando los ciudadanos entiendan eso, estos problemas tendrán su fin, no habrá delincuentes u otros criminales gobernando.

    No llego a discernir cómo no se entiende algo tan sencillo.

    Saludos, y gracias. Estos atropellos se deben denunciar.

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  2. Querido Juande tienes razón, una trama así ya venía pergeñada desde el franquismo con la complicidad de la prensa escrita que acabó despidiendo a los periodistas díscolos, que son los que ahora destapan estas cosas. No contaban con las redes. Nadie que solo vea telecinco se puede imaginar la magnitud de la corrupción que está perpetrando la mafia..
    El primer paso para solucionar un problema es ser consciente que existe.
    Un saludo.

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