Enrique Clemente
Primero el Gobierno da la patada a una poco colaboradora fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, para colocar en el cargo a un jurista mucho más dispuesto, José Manuel Maza. Este, a su vez, nombra al frente de la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix, y purga a fiscales díscolos.
Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio Fiscal.
Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha»* (así la llamaba Cospedal), Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque su cercanía al PP comprometía su imparcialidad. Ahora presidirá la sala que la recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles.
Por último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que también fue apartado por ser afín al PP y que daba cursos en Faes, al que se sitúa en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Y ya tenemos el cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido.
Su respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial.
Y como ministro de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus obscenas conversaciones.
Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un Ministerio Fiscal controlado por el Ejecutivo.
Estos nombramientos y estas medidas deben ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno está luchando a tope contra la corrupción.
*Algunos la conocen como Cospejel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A todo esto hay que añadir que Enrique López en su día fue designado por el gobierno del PP para el Tribunal Constitucional a pesar que poseía 14 años de servicio y no, los 15 preceptivos. La mitad de los miembros del TC, consideraron que no reunía los requisitos, la otra mitad lo consideró idóneo, surgió el empate, entonces el presidente Pascual Sala hizo valer su voto de calidad.
Tras los esfuerzos para su designación, presentó su dimisión al ser pillado conduciendo una moto, saltándose un semáforo en rojo, sin casco y con 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Fue condenado al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné durante ocho meses y pidió el reingreso en al Audiencia Nacional, tuvo que dimitir del TC y ahora lo ascienden.
Acabamos de saber que el fiscal Moix tenía un 25% en una sociedad en Panamá, heredada de sus padres, Moix manifestó "que está está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal, copropietarios de la sociedad”. Faltó a la verdad, disolver una sociedad cuesta 400 euros, mantenerla entre 6 y 12 veces más.
Sabemos también que la tesorera de la sociedad es una testaferro panameña de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades.Tras saltar el escándalo de 'los papeles de Panamá', Aida May Biggs fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de testaferro.
Sabemos también que Moix ocultó al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña.
Buen perfil para un fiscal anticorrupción.
