El Estado está siendo atacado, devastado y esquilmado por la banca y las grandes empresas, con la cobertura ideológica del neoliberalismo, con fichajes de funcionarios que tendrían que preservar los intereses públicos
Entre las motivaciones para hacerse funcionario no estaba el enriquecimiento, sino la vocación de servicio público, un cierto prestigio y no anteponer el ánimo de lucro al deber. De repente todo esto se quebró, sea por el mal ejemplo de los políticos, sea por el intencionado y malicioso desprestigio de lo público o por ambas cosas. Lo cierto es que las grandes empresas, tientan y consiguen que tanto inspectores de Hacienda, abogados del Estado incluso jueces se pasen a la otra orilla y la estructura del Estado se está cayendo a pedazos como un castillo de naipes. La maquinaria se engrasa con dinero y por mucho que fluya de los bolsillos de la clase media, la que aporta el mayor monto, corre unidireccionalmente hacia los grandes patrimonios y cada vez en mayor medida.
Los inspectores de Hacienda. De recaudar a luchar por "desgravar"
Desde el año 2000, 214 inspectores de Hacienda se han cambiado de bando, en lugar de trabajar para llenar las arcas públicas, trabajan para que grandes empresas paguen lo menos posible.
132 inspectores trabajan para grandes bufetes, 82 han abierto sus propios despachos.
De las 35 empresas del Ibex, solo una empresa no tiene litigios con Hacienda, en los últimos 5 años, a 22 de estas empresas las asesora Acebo & Pombo y en lo que va de año han conseguido pagar un 8 % menos.
Los inspectores de Hacienda a pesar de ser los funcionarios mejor retribuidos con salarios que sobrepasan con creces el del Presidente de gobierno, las ofertas de grandes despachos y empresas del Ibex cuadruplican los 120.000 euros brutos que perciben por el Estado.
Javier Seijo inspector de Hacienda y subdirector general de política tributaria trabaja para el bufete de
Farnós Franch, despacho fiscalista, ahora se llama Arco, su página web menciona que algunos de sus miembros proceden de la Administración pública. El bufete fue creado por
Manuel Farnós, inspector y delegado de Hacienda en Tarragona fue jefe de la Agencia tributaria de Barcelona y
Francisco Franch Romaní, inspector de la Agencia Tributaria de Valencia.
Javier Sánchez Gallardo, director general de impuestos y consumo (IVA incluido) también se incorporó a Arco aunque como si de fichaje de futbolistas se tratase cambió de equipo y se incorporó a KPGM.
José Manuel Burnes Ibarra recaló también en Arco, pero posteriormente se incorporó al bufete Gómez Acebo & Pombo´.
Montoro tras su paso por el ministerio de Hacienda creo el despacho Montoro y asociados, conocido como el despacho de "los hombres de Rato" lo crearon además de Montoro, los hombres del equipo económico de Rato:
Ricardo Martínez Rico (ex secretario de Estado de Presupuestos),
Luis de Guindos (ex secretario de Estado de Economía);
José Manuel Fernández Norniella (ex secretario de Estado de Comercio), Montoro lo vendíó y ahora se denomina Equipo Económico.
En él continúan el ex director del CIS y el hermano de Cristóbal Montoro
, Ricardo Montoro, Salvador Ruiz Gallud (ex directivo de la Agencia Tributaria) y
Gonzalo Solana (ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia)
Ágel Bizcarrondo de la Escuela de Hacienda Pública fichó por el despacho de Garrigues.
Carlos Eugenio García López y y Miguel Cruz Amorós director general de tributos en la administración de Felipe González en Landwell.
Miguel Cremades en Uría Menéndez
José María Durán y Díaz y Javier Albors en Ernst Young.
Antón Pérez Iriondo y Eduardo Ramírez Medina en Cuatrecasas Francisco Javier Goizueta fichado por KPMG
Los conocimientos adquiridos para recaudar se ponen al servicio de los bufetes que asesoran las grandes fortunas y sociedades del país donde se concentra el mayor fraude.
Los abogados del Estado frente al Estado
Dragados (ACS), FCC y Sato y Alvargonzález reclaman a la autoridad portuaria por la ampliación del puerto del Musel (Gijón), 354 millones de euros más ademas de los 624 millones que han recibido. La demanda tiene como principal firmante a un abogado del bufete Cuatrecasas y
entre los letrados que asistirán al juicio figuran Juan Ramón García Notario, abogado del Estado, que hasta el 2004 fue director del servicio jurídico de Puertos y Carlos Gil de las Heras (fue subirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, ambos en excedencia. Hasta hace tres años García Notario ejercía como abogado del Estado en la delegación de Madrid y por las tardes en su despacho privado, especializado en derecho portuario. Otros 40 abogados compatibilizan su actividad pública con su despacho privado, el límite de la compatibilidad es no pleitear contra el Estado. García Notario afirma que no cometió ninguna irregularidad porque cuando fichó por el bufete "no existía ningún litigio". Entre otras disculpas que pone es que el puerto del Musel no pertenece al ministerio de Fomento y que da apoyo a la UTE pero no firma la demanda.
Eeste caso no es el único. En el 2012 del cuerpo más poderoso de la administración, los abogados del Estado de 657 con plaza, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria en grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios. Además 40 (el 6%) poseen compatibilidad y trabajan por la tarde en el sector privado y 70 (el 10%) están en servicios especiales. El 54 % esta fuera del puesto o lo compagina con otra actividad. Con tanto abogado en excendecia tienen que contratar sustitutos, con menos experiencia que los que fichan los grandes bufetes y empresas .
Algunos sostienen que es una puerta giratoria mas peligrosa que la de los altos cargos. La de los políticos es obscena pero a lo sumo se lleva la agenda y puede ejercer de lobby, pero un abogado del estado se lleva los secretos de la administración y sus puntos débiles.
De las 35 compañías del Ibex 14 tienen abogados del Estado en excendencia, entre ellas destacan Iberdrola, Inditex, Sacyr, Repsol, Caixabank, Bankia. Pablo Isla presidente de Inditex es abogado del Estado.
Antonio Morales, socio en Madrid del bufete estadounidense Latham and Watkins. Como abogado del Estado fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006, cuando pidió la excedencia. Ahora lleva pleitos de energía y, entre otras cosas, asesora a la nuclear de Garoña, que es propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, en su proceso de reapertura. Él defiende abiertamente el trabajo en la excedencia. “En Estados Unidos lo ven normal". Afirma. Apuesto a que no ha visto "Inside Job".
Pablo Mayor, que lleva en excedencia desde hace 15 años, cuando fue secretario general técnico del Ministerio de Fomento (De esa época son las concesiones de las radiales de peaje ahora quebradas y enfrentadas a Fomento), asesora a empresas de estas radiales desde el despacho Allen Overy. “ Mayor opina que “hay muchos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conoces bien el funcionamiento de la Administración”.
Más que de puertas giratorias se puede hablar de política de puertas abiertas: "puertas abiertas para salir a la excedencia voluntaria por motivos profesionales y puerta abierta para acudir a interesarse por los asuntos que hasta el día antes eran propios de la función que se ejercía”.
En enero de 2011, dos semanas después de que el Gobierno del PSOE aprobara un recorte a las primas a las renovables, PWC fichó a
Fernando Calancha, abogado jefe de la secretaría de Estado de Energía, como socio para su departamento de energía.
En 2009, Herbert Smith había incorporado a
Eduardo Soler-Tappa, hasta entonces abogado jefe de Industria.
El bufete (aunque no Soler-Tappa) lleva a clientes energéticos como la estadounidense Solar Reserve, favorecida por Industria en un concurso diseñado a medida de la firma, según los cables de Wikileaks (luego la Audiencia no los admitió como prueba y desestimó la demanda de un competidor).
Herbert Smith ganó después un concurso del propio ministerio para defender al Estado en un arbitraje internacional por los recortes fotovoltaicos. La paradoja es que el abogado del Estado en excedencia Soler-Tappa defiende ahora al Estado en un litigio internacional. Pero lo hace desde un despacho en la Castellana.
El bufete insiste en que ganó en un concurso a sobre cerrado por muy poco a otros competidores y aunque es de la época del PSOE lo ha defendido hasta el Gobierno del PP.
Todavía hay algunos que creen en lo que hacen “Yo me pongo la toga para defender los intereses generales, no a un chorizo. Eso ya me paga. A los que preparan oposiciones conmigo les intento inculcar el amor por lo público, pero a veces después de unos años me llaman y me dicen medio en broma: ‘Me he pasado al lado oscuro”, explica uno que sigue en activo y que admite que no tiene problema con los excedentes.
Ningún abogado del Estado se pasa al otro bando por menos de 125.000 euros y es común que pasados los 50 años, cuando empiezan las prejubilaciones en grandes empresas y bufetes, estos abogados del Estado pidan el reingreso en su plaza de funcionarios. A nadie se le deniega. Según Justicia, porque “la plantilla suele ser inferior a la aprobada y las peticiones de reingreso escasas y puntuales”.
Los que tienen la compatibilidad no pueden pleitear contra el Estado, pero los controles son escasos. “Cuando se pilla a alguien asesorando a empresas contra el Estado se opta por ser práctico. En vez de abrir un expediente que tardará años y acabará en un contencioso se tapa el tema y se le pide que pase a la excedencia”, señala una fuente que conoce el funcionamiento de la Abogacía. Puede ocurrir que los abogados compatibles asesoren en un caso pero no aparezca su firma, sino que lo lleve formalmente otro letrado del despacho.
Y ahora esto
Un informe de la Abogacía del Estado que ha permanecido secreto durante un año introduce una nueva tesis que fulmina la letra y el espíritu de la Ley de Conflictos de Intereses, aquella que prohíbe a ministros y altos cargos intervenir en decisiones sobre “asuntos” que “interesen” a empresas de su esfera privada. El informe, que fue, el que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete participar en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental pese a que es socio de dos compañías petroleras, sostiene que votar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley no entraña “decisión alguna sobre ningún asunto” por cuanto es el Parlamento el que valida las leyes.
El PSOE sostiene que la tradición parlamentaria española se sustenta en una máxima para la que en 37 años de democracia no ha habido excepción: que las mayorías parlamentarias se guían por lo que previamente decide el Gobierno al que sustentan, y no al revés.
El informe que reinterpreta la Ley de Conflictos de Intereses está firmado por Dolores Ocaña, la abogada del Estado destinada en el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias. También miembro del Servicio Jurídico público, Ocaña fue consejera de la empresa pública de tecnologías agrarias, Tragsatec, hasta enero de 2014, y así consta en el RegistroMercantil.
Enlaces
Inspectores de Hacienda
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/hacienda-cuando-el-inspector-cambia-de-bando
Informe de la abogacía del Estado
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/23/actualidad/1400872899_635995.html
Informe de la abogacía
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/18/un_informe_del_gobierno_via_libre_los_ministros_para_votar_leyes_que_afecten_empresas_las_que_participan_19689_1012.html
Protesta y propuesta del PSOE
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/22/el_psoe_acusa_abogacia_del_estado_vaciar_ley_conflictos_interes_con_informe_sobre_arias_canete_19818_1012.html
Más datos:
http://www.informacionsensible.com/news/1181/La_mitad_de_los_abogados_del_estado_ha_huido_a_la_empresa_privada_o_est_en_altos_cargos_de_la_administraci_n/
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