Cuántas pruebas hacen falta para demostrar que las
administraciones, siguiendo órdenes de la élite financiera, están haciendo lo
posible para hundir la sanidad, la educación y para conseguir que todo lo
público se convierta en un negocio privado. Todos aportan su grano de arena y
sin prisa pero sin pausa, acabaremos como Haití, sin Estado. Basten tres
ejemplos de actuación de organismos e instituciones diferentes.
I Ayuntamientos:
El ayuntamiento de
A Coruña con alcalde del PP decide cobrarle el IBI a la universidad
pública, ahora que tiene auténticos problemas para sobrevivir, en cambio no se
lo reclama a la Iglesia.
II Autonomías:
La Xunta de
Galicia, controlada por el PP, denegó la prórroga a la mayor parte de los
médicos mayores de 65 años del Chuac, hospital público de A Coruña
(antes Juan Canalejo) que habían solicitado continuar en su puesto de trabajo. Sus
plazas se amortizarán, es decir no serán reemplazados por nuevos médicos, con
lo que empeorará la asistencia sanitaria,
Este es
verdaderamente un hecho curioso, que contradice las peticiones que surgen desde
la Troika y desde la oligarquía financiera autóctona, de aumentar la edad de
jubilación. Parece que esa idea solo vale para la empresa privada. La pública
debe de eliminar personal. De lo que se trata es de desmantelar el sector público
y las jubilaciones sin reemplazo, suponen un camino fácil para
adelgazar las plantillas en beneficio de una futura privatización . Estos profesionales que deseaban seguir en
activo engrosarán la lista de pensionistas, curiosamente en el momento que
dicen que están en riesgo las pensiones.
III Empresas
públicas:
REE, empresa
participada por el Sepi, acaba de despedir a la hasta ahora directora
financiera, Esther
Rituerto (cercana al Psoe), y jubilado al responsable de Recursos
Humanos, José García
Moreno, a los 65 años, (otro que engrosa la lista de perceptor
de pensión). Alberto Carbajo, director
general de operaciones, había sido despedido en Marzo. Dos de esos tres altos
directivos (la compañía no precisa cuáles) contaban con cláusulas de blindaje
para casos de despido de hasta dos
anualidades de
sueldo. Entre los tres (no hay desglose de los datos) percibieron una
retribución de algo más de un millón de euros en 2011.
La empresa, que no
informa de las indemnizaciones percibidas por Carbajo y Rituerto, va a gastarse
este año un buen pico en compensar la reordenación de su cúpula, teniendo en
cuenta que el expresidente (que en 2011 cobró 822.000 euros) también tenía
contrato blindado.
A Ana Cuevas, hija del expresidente de la patronal, le han creado
una nueva dirección (Dirección Adjunta al Presidente) dentro de la compañía. El
actual presidente de la compañía es José Folgado, fue casualmente, estrecho
colaborador de su padre, como director del departamento de Economía de la
patronal durante 17 años. Ana Cuevas venía ocupando la concejalía de Hacienda
del Ayuntamiento de Tres Cantos, municipio madrileño del que Folgado fue
alcalde hasta su nombramiento como presidente de REE.
Blindan sueldos de directivos, que se nombran y se cesan al albur
de los vaivenes políticos. A cada cambio, cientos de miles de euros que se
llevan. Luego dirán que la empresa entra en pérdidas y la privatizarán, pero
ellos seguirán en sus consejos de administración.
Cómo va a funcionar el país con este panorama,
Queda claro para qué y para quién gobierna esta gente.
Noticia del cobro del IBI
Noticia de REE
