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lunes, 3 de diciembre de 2018

Al ex ministro Catalá se lo rifan



Rafael Catalá, ex ministro de Justicia, ha sido fichado por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, justo el ex ministro de Justicia al que recurrió para solucionar sus problemas judiciales tratando de frenar la investigación del caso Ático de Ignacio González .
Por si alguien no sabe de que va lo de las "puertas giratorias".

El sumario del “Caso Lezo” evidenció cómo  Cerezo el presidente del Atlético de Madrid y su amigo, Ignacio González, maniobraron para desactivar los efectos penales del llamado caso del “ático de Estepona” por el que están ambos  imputados, Catalá fue pillado por el medio de la investigación.

Supuestamente, Fernando Martín de Martinsa y Enrique Cerezo habrían sido los pagadores del ático de Ignacio González como comisión ilegal por sus operaciones urbanísticas en Arganda y Colmenar de la Oreja.

Al tener los teléfonos intervenidos los imputados, se conoció un sms de Rafael Catalá, cuando era ministro de Justicia, en  apoyo a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos” .
También se hizo público que  Enrique Cerezo,  le aseguraba que habló con el ministro sobre la marcha de la  causa en los tribunales “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”.
(Catalá, Rafa para los amigos)

González le respondió a Cerezo que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.
En esa misma  conversación, Cerezo le comentó al expresidente madrileño que cenó con una persona que fue "jefa" de Catalá. Esta persona le había tranquilizado al asegurarle que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces".
En un momento dado le dice Ignacio González a Cerezo: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia"...

Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó por  ático de lujo que el político tiene en Estepona (Málaga).

Cuando Catalá fue nombrado ministro de Justicia se supo que había presionado a una diputada de la asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón  que en su día fue  diputada de la Asamblea de Madrid por el PP,  la ex diputada mostró su "indignación y rechazo" por el "indecente nombramiento" como nuevo ministro de Justicia de  Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento bajo las órdenes de Ana Pastor,  en el momento del accidente ferroviario de Angrois llegó a "presionarla " "para que no criticara a Renfe y Adif" durante su convalecencia.

Las víctimas del Alvia, en su día  pusieron el grito en el cielo al ser nombrado ministro de Justicia un responsable del siniestro judicializado en ese momento. Ya que había sido secretario de Estado de Infraestructuras y había autorizado la desconexión del sistema del control de velocidad.

Catalá  pertenece al cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Con el PSOE  fue nombrado Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad hasta 1992,  Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996
Con el gobierno de Aznar siempre tuvo cargo, fue Director General de la Función Pública (1996-1999) Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000) Subsecretario de Hacienda (2000-2002) Secretario de Estado de Justicia en el Departamento que dirigía José María Michavila(2002-2004)

Cuando pierde Aznar las elecciones, abandona el cargo en el gobierno y  es recuperado  por la Comunidad de Madrid gobernada entonces por Esperanza Aguirre nombrado por  Manuel Lamela, en aquél entonces consejero de Sanidad, hoy imputado, Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005) ,

Posteriormente fue Secretario General de Codere de 2005 a 2012, sector que está causando estragos entre las clase populares, siendo el juego denominado como la heroína del siglo XXI.

Volvió al gobierno con Mariano Rajoy y ahora se "lo lleva" Cerezo, bueno... Cerezo
y el  bufete de abogados Herbert Smith Freehills, como miembro de su  comité asesor . También la
fundación Legálitas se acordó de él y lo fichó, ¡se lo rifan, vamos¡.
Además se dio de alta  en el Colegio de Abogados de Madrid. Como ruído de fondo retumba "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces".

Catalá fue el primer ministro de la democracia que fue reprobado por el Congreso “Usted ha actuado como abogado defensor de los acusados de corrupción de su partido. El Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos”, le espetó en su día Isabel Rodríguez, diputada socialista, al entonces ministro de Justicia en la presentación de la moción. “ Vd, pone en riesgo el Estado de derecho y no puede seguir ni un minuto en su cargo”. Añadió la diputada.


¡Pero ojo¡ continua sirviendo a la patria como diputado y es presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, las comisiones hace que se cobre "un poquito"más.

Como no han pasado los dos años de rigor que se precisan para poder desempeñar algunos cargos tras haber sido ministro  tuvo que solicitar el visto bueno a  la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y como no podría ser de otra forma le han concedido la compatibilidad.

El estado de derecho funciona, sigamos agitando las banderas.

Enlaces relacionados
http://cadenaser.com/tag/caso_atico_estepona/a/
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/ignacio-gonzalez-cerezo-todos-jueces-son-mierda/20180720125205351597.html
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/09/rafael-catala-polo-el-ministro-de.html

lunes, 29 de enero de 2018

Consuelo García del Cid de denunciante a denunciada


El pasado día 16 ha tenido  que declarar dede Barcelona por videoconferencia en calidad de investigada Consuelo Garcia del Cid.

Todo el mundo sabe quién es Belén Esteban, casi nadie sabe quién es García del Cid, en virtud de esa desinformación selectiva que practican los medios tradicionales de comunicación. A Consuelo solo la conocen y bien, las víctimas de bebés robados que suelen ser mujeres y pobres. La zona gris de la sociedad, esa que no se visibiliza, y lo que no se ve, no existe.

Pues bien, de denunciante, ha pasado a denunciada, situación típica en este país en este momento, en donde el establishment se defiende como puede al verse amenazado. García del Cid fue acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”.  El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra un juez, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio magistrado. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación  (opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714 ) Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad, amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres, reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima.

Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella. Concluye el parlamentario.

Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas (despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales) por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas.

El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid.

Al respecto, el diputado David Carracedo añade hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué debe ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.

Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado, que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas.

No sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

Leer el artículo completo
https://familiasendesamparomallorca.wordpress.com/2018/01/13/a-mi-me-han-dado-con-la-ley-mordaza-en-toda-la-boca/

Enlace relacionado 
http://www.angelesgarciaportela.com/2017/09/consuelo-garcia-del-cid-y-el-desmadre.html

viernes, 2 de junio de 2017

Dinastías ganadoras y perdedoras



Diferente destino según la adhesión o rechazo al régimen.
Algunos casos que ejemplifican como los hijos de buena estirpe son los que sentencian nuestras vidas.
                                                   
                                         Los Moix                  

Ha tenido que saltar la noticia de que el fiscal anticorrupción Moix, tenía un 25% de una sociedad radicada en Panamá, para constatar una vez más como gran parte de los hijos del franquismo coparon el poder político, económico, judicial y en general los puestos clave del aparato del Estado. Privilegio que suele trasmitirse de padres a hijos desde el siglo XIX. Un hijo del pueblo o perdedor de la guerra puede llegar a un cargo público, pero el jefe siempre será un hijo de ganador.

Hemos sabido que el padre del fiscal Manuel Moix Martínez, había creado un sociedad en Panamá que figuraba como propietaria del chalet que se construyó en Collado. Cuando el constructor propietario de Terecon S.A. pretendió cobrar la obra, Moix padre  no quería pagar porque decía que "él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”. S

Según cuenta el entonces abogado del constructor la disculpa le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon SA, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Moix y el constructor pleitearon durante 13 años.
Así hemos sabido quien era el padre del fiscal:
Manuel Moix Martínez, padre del dimitido fiscal cursó estudios en el Seminario Menor en Burgos , profundamente creyente, inspector de Trabajo y primer titular de una cátedra en la Complutense de política social, bienestar social y trabajo social.

Su padre, Manuel Moix Gumbau, el abuelo del fiscal Moix, fue secretario de la diputación de Lérida y fundador del Instituto Católico Complutense.

Los hijos de los que obtuvieron cargos en el franquismo, perpetúan las sagas.
Los que no se adscribieron fueron excluídos, eso explica lo profundamente creyentes que suelen ser.

                                Los  Rodríguez Cadarso

Jesús Varela Fraga, que fue Decano del Colegio de Abogados de A Coruña, en la revista del colegio de abogados en su número 35, Fonte Limpa, hace una semblanza de Alejandro Rodríguez Cadarso, hijo y nieto de médico. Su abuelo alcalde de Noia, su padre Catedrático de Anatomía en las facultades de Medicina de Sevilla y Santiago, diputado en Cortes por ORGA, que falleció antes de estallar la Guerra Civil.
Alejadro Rodríguez truncó su vida de estudiante al ser llamado a filas. "Cuando finaliza la guerra Cadarso reanudó el estudio preparando las oposiciones para el Registro de la Propiedad, primero y para la abogacía del Estado después sin embargo, no llegó a ser admitido nunca a las pruebas de examen, siendo esta la forma de recibir represalia tanto por su pasado político propio, muy breve, como por el pasado político de su padre".

Por si teníamos alguna duda... Solo admitían a franquistas y con mucha fe cristiana, Sus hijos estaban mejor colocados en la casilla de salida. Eso explica que  según el juez Santiago Vidal un tercio de los jueces sean del Opus y eso no se corresponde  con el porcentaje de miembros en la sociedad. ¿Se agazaparon en el poder judicial?.


                                                       Los Urquía

Francisco Javier de Urquía (Tomado de la Wikipedia ) en 1998 entra en la carrera judicial. Tras pasar por varios destino, recala  en  Marbella (Málaga).  En agosto de 2008 fue condenado por el Tribunal Superior andaluz a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800€ como autor de un delito de prevaricación.

La condena que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había sido por cobrar sobornos de Roca, a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión que indagaba en el patrimonio del exasesor urbanístico marbellí en los meses previos a la operación Malaya.

El Supremo le absolvió del primero de los delitos y rebajó la gravedad del segundo, con lo que la condena quedó en una multa equivalente a la cantidad cobrada y la pena de inhabilitación.
En abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800€, la mínima que contempla la ley.
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Los firmantes de la sentencia fueron los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado. En mayo de 2010 es nuevamente juzgado en el juicio que se sigue en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra cuatro personas, entre ellas De Urquía, de nuevo por cohecho y prevaricación. Tras un juicio plagado de irregularidades que recoge la misma sentencia, la misma fue confirmada en su práctica totalidad por el Tribunal Supremo.

En el 2011 el juez Urquía es rehabilitado  como juez por el TS alegando que La Ley Orgánica del Poder Judicial impide que una persona con antecedentes penales en vigor pueda ingresar en la carrera judicial, sin embargo, nada dice acerca de la reincorporación de personas que ya son miembros de la carrera y sobre los que pesan antecedentes por causas ocurridas cuando ya eran jueces. El CGPJ interpretó que ese vacío legal se llenaba por analogía: si no se puede acceder a la judicatura con antecedentes penales, lo lógico —el espíritu de la norma— es que alguien que ya es juez no podrá reincorporarse hasta que se extingan los antecedentes. La defensa de Urquía lo veía de forma diferente. Si la ley no dice nada expresamente sobre la reincorporación con antencedentes, no hay obstáculo para ello.El Supremo acabó dando la razón al juez condenado por corrupción. El juez todavía estaba pendiente del juicio por el caso Hidalgo

Finalmente El Poder Judicial expulsa de la judicatura al magistrado Urquía. El Supremo ratificó las penas de 10 y 17 años de inhabilitación y dos años de cárcel. No se puede decir que no se haya intentado.  Queda la duda de que condena tendría si no tuviese "apellido".

Su padre Faustino de Urquía Gómez fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ,desde el pasado año consejero del Consell Jurídic Consultiu de Valencia.


Su abuelo Leopoldo de Urquía y García Junco fue secretario general de la Diputación de Alicante.





miércoles, 31 de mayo de 2017

Maniobras judiciales en la oscuridad


Enrique Clemente
Primero el Gobierno da la patada a una poco colaboradora fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, para colocar en el cargo a un jurista mucho más dispuesto, José Manuel Maza. Este, a su vez, nombra al frente de la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix, y purga a fiscales díscolos.
Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio Fiscal.

Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha»*  (así la llamaba Cospedal), Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque su cercanía al PP comprometía su imparcialidad. Ahora presidirá la sala que la recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles.

Por último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que también fue apartado por ser afín al PP y que daba cursos en Faes, al que se sitúa en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Y ya tenemos el cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido.
Su respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial.

Y como ministro de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus obscenas conversaciones.

Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un Ministerio Fiscal controlado por el Ejecutivo.
Estos nombramientos y estas medidas deben ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno está luchando a tope contra la corrupción.
*Algunos la conocen como Cospejel
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A todo esto hay que añadir que Enrique López en su día fue designado por el gobierno del PP para el Tribunal Constitucional  a pesar que poseía 14 años de servicio y no, los 15 preceptivos. La mitad de los miembros del TC, consideraron que no reunía los requisitos, la otra mitad lo consideró idóneo, surgió el empate, entonces el presidente Pascual Sala hizo valer su voto de calidad.
Tras los esfuerzos para su designación, presentó  su dimisión al ser pillado conduciendo una moto, saltándose un semáforo en rojo, sin casco y con 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Fue  condenado al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné durante ocho meses y pidió el reingreso en al Audiencia Nacional, tuvo que dimitir del TC y ahora lo ascienden.

Acabamos de saber que el fiscal Moix tenía un 25% en una sociedad en Panamá, heredada de sus padres, Moix manifestó "que está está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal, copropietarios de la sociedad”. Faltó a la verdad, disolver una sociedad cuesta 400 euros, mantenerla entre 6 y 12 veces más.

Sabemos también  que la tesorera de la sociedad es una testaferro panameña de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades.Tras saltar el escándalo de 'los papeles de Panamá', Aida May Biggs fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de testaferro.

Sabemos también que Moix ocultó al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña.
Buen perfil para un fiscal anticorrupción.

jueves, 23 de febrero de 2017

También la justicia: lo tienen todo


Reproduzco parte del artículo de el Gran Wyoming, titulado "También la justicia: lo tienen todo"

Hace muchos años estuve en la cárcel de Yeserías. Era para mujeres. No me encontraba allí por haber cometido un delito, sino actuando con El Reverendo de telonero de Sabina en un concierto que dimos en el patio.

Como sabía que era la prisión de mujeres más grande de España, me sorprendió la escasa afluencia de personal, apenas doscientas reclusas. La entrada no estaba abierta al público, lógicamente, lo cual reducía las posibilidades de asistencia, pero ya habíamos tocado en el patio de Carabanchel delante de unos tres mil presos, en una imagen que acojinaba.

Hablando con la alcaidesa me comentó que estaban todas, menos las condenadas por delitos de terrorismo, que no participaban en los actos que se organizaban en la prisión. Al manifestarle mi sorpresa porque me parecían pocas me dijo que, en efecto, era la cárcel más grande. Las mujeres no cometían delitos en aquel tiempo, a finales de los ochenta. La población reclusa femenina era ínfima en comparación con la masculina. 

“Es más –me comentó–, la mayoría son delincuentes consortes”. Al adivinar mi incomprensión por ese tipo delictivo me aclaró la cuestión: “La mayoría están aquí por complicidad con las fechorías del marido, por encubridoras o, simplemente, porque se han comido el marrón de su pareja”. 

El hecho de ignorar la causa por la que se las condenaba, de estar con el coche esperando para salir de naja colaborando en el negocio familiar, la mayoría de las veces contra su voluntad, o guardar la droga bajo las ropas, no las eximía de la condena que pagaban con la prisión. 

Otras tienen más suerte, y alegando disminución de las facultades mentales se van de rositas. Sin duda la mala memoria de la infanta Cristina, que dijo 189 veces “no lo sé”, 58 “lo desconozco”, 7 “no me consta” y 59 “no lo recuerdo”, han causado sentimiento de pena ante un ser desvalido, en lugar de la indignación de la sala que, sin negar su derecho a la legítima defensa, también podría haber pedido alguna explicación de cara a este pueblo al que también llaman “soberano”, como a su hermano, y que mantiene con su trabajo la sacrosanta institución de la que vive su familia desde hace generaciones. ¡Qué ricos los potitos de perdices!

En fin, que la buena infanta se hizo pasar por tonta y todo el mundo en la sala se creyó a pies juntillas tal condición. Hay que ver la mala fama que tiene esa familia en cuanto a sus atributos intelectuales. Menos mal que esa deteriorada cabecita del “no me consta”, “no lo recuerdo”, no le afecta por igual en todos los ámbitos, porque hubiera dado lugar a una portada espectacular si en una de sus ausencias mentales, en lugar de abandonar la sala de la mano de su marido, se hubiera abrazado a un fotógrafo. 

O, ya de paso, al fiscal, que se portó como un caballero que, en otros tiempos, habría sido premiado con un título nobiliario. 

...Que todos los ciudadanos son iguales ante la ley es tan cierto como que lo son ante Hacienda. Son chistes, no eslóganes como dijo la abogacía del Estado durante el juicio. La diferencia entre uno y otro es que los primeros causan risa. Y en eso estamos, en el festival del humor permanente.

Más humor. En el congreso nacional del PP el ministro de Justicia se entrevista en privado con el presidente de Murcia el día antes de que la Fiscalía retirara su acusación. El ministro dice que fue un encuentro casual. ¡Uyyyy!, por poco cuela. Las cámaras de televisión le pillan buscándole y llamándole por teléfono para tener un encuentro. Es un mentirosillo. Pero bueno, al fin y al cabo sólo es ministro de Justicia, tampoco le vamos a exigir que diga la verdad: le harían bullying sus compis en los Consejos de Ministros.

Dos días después, en una entrevista radiofónica, el investigado presidente se jactaba de tener información acerca de lo bien que iba su cuestión judicial y profetizaba la retirada de la acusación antes de que se hiciera pública. ¿Es o no es de risa? Vamos a terminar con otra risa: “Ministro, es usted un filtro”.

Claro que, dios, siguiendo con la guasa, le ha hecho cargar con el apellido Catalá, en estos tiempos. No debe ser fácil para alguien nacido en Madrid y de esa ideología. Seguro que se ha pasado la vida excusándose. De lo demás no tiene que dar explicaciones. Si le dicen: “¡Dimisión!", él responde: “Misión”. ¡Qué ratos más buenos nos hacen pasar!

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Sesudos analistas  discuten si la sentencia perjudica o beneficia a la corona. Lo que sí está claro es que la sentencia perjudica la percepción de la justicia que tiene la ciudadanía.




Enlace relacionado
http://www.vozpopuli.com/opinion/Cristina-doctrina-mujer-florero_0_1000700377.html

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Flashes del caso Alvia



El fiscal Superior de Galicia Fernando Suanzes en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, ha negado que desde el Ministerio Público se esté "defendiendo" a los cargos de Adif en el procedimiento abierto por el accidente del tren Alvia, que supuso 80 muertes y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois. "La fiscalía mantiene una determinada posición desde la legalidad y la imparcialidad. Las víctimas son una de nuestras prioridades. Nosotros no defendemos a los cargos de Adif, defendemos la legalidad y la imparcialidad", ha manifestado Suanzes. 

Preguntado sobre si la reapertura del caso ordenada por la Audiencia Nacional supuso una "desautorización" hacia la Fiscalía, Suanzes ha respondido que "entiende que no desautorizó" sino que la Audiencia indicó que "es necesario continuar la investigación practicando nuevas diligencias".







ACTUALIZACIÓN (25 enero 2017)


«La investigación independiente se tiene que llevar a cabo con supervisión de la Comisión Europea. Vuelvan con sus resultados. Es su obligación tomarse en serio este tema». Es la tajante demanda que lanzó esta mañana la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, al Ejecutivo de Bruselas y el Gobierno español tras escuchar sobrecogida a los representantes de la Plataforma de Víctimas del Alvia. La diputada sueca manifestó su perplejidad por los resultados del demoledor informe de la Agencia Ferroviaria Europea del pasado mes de julio en el que se echa por tierra la chapucera investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y se pone en entredicho su legitimidad para indagar sobre las causas de la catástrofe de Angrois en la que murieron 81 personas y más de 140 resultaron heridas el 24 de julio del 2013.

El rostro del director general de la Agencia Ferroviaria Europea, Joseff Doppelbauer, se tornó hacia las víctimas con mirada incrédula y volvió a sacar los colores al Gobierno español y la CIAF al recordar que la investigación del cuerpo español «no cumplió con los requisitos», señaló antes de enumerar la ristra de anomalías detectadas. «No se investigó las causes del problema, no se han dado respuestas, no hemos encontrado referencias a la evaluación de riesgos y no hay pruebas de la aplicación de la directivas de interoperabilidad. El accidente no ha sido objeto de una investigación a fondo como exige la directiva», sentenció.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/01/24/eurocamara-pedira-ue-investigacion-independiente-sobre-tragedia-angrois/00031485262402595883567.htm
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/juicios/Suanzes-Fiscalia-Alvia-contrario-felicitarlos_0_980002530.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/07/actualidad/1467912515_112937.html
Hemeroteca:
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/10/23/fiscal-pide-exculpar-hernandez-certificar-carretera-inacabada/431667.html
http://elpais.com/diario/2010/10/23/galicia/1287829089_850215.html

lunes, 24 de octubre de 2016

El PP recusando recusando, la justicia va "afinando"








Reproduzco la entrada relacionada
La jueza Carmen Valcarce y el caso de espionaje

DOMINGO, 26 DE JULIO DE 2015


Granados y el engranaje de la justicia 


Las conversaciones telefónicas del ex número dos de la CAM grabadas por la Guardia Civil muestran su influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados y policías.
La jueza del caso espionaje besó a Granados y le dijo que estaba “para servirle”, según explicó él a su mujer.

19:04 horas del 16 de septiembre de 2014.
El atestado policial resume la conversación de Granados con su mujer, a quien le dice que “el JEFE DE SEGURIDAD de los JUZGADOS lo metió él. Francisco comenta que la jueza llamada CARMEN, cuando estaba él hablando con varias personas en el pasillo ha llegado le ha dado dos besos y ha dicho en voz alta delante de los ocho abogados, que PACO GRANADOS ha sido el mejor CONSEJERO DE JUSTICIA que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle, que FRANCISCO le ha dicho que se cortara un poco delante de esas personas”.

Antecedentes:

Enero de 2009
El diario El País destapa una supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Tras numerosas denuncias, el Gobierno de Esperanza Aguirre se ve envuelto en acusaciones de espionaje realizado por empleados de seguridad de la Comunidad hacia miembros del mismo gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex vicepresidente y ex consejero regional Alfredo Prada, por lo que Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga los hechos. Además, el titular del Juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, abrió una causa por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González González.
Las causas se fueron concentrando en el juzgado número cinco del que es titular Carmen Valcarce.

Julio de 2010 
La Juez  Carmen Valcarce dictó Auto de archivo del caso por no haberse acreditado la realidad de los seguimientos, y por falta de indicios de delito. El Auto explica que aunque se hubieran acreditado los seguimientos, los mismos no conllevan necesariamente la existencia de un delito.

Marzo de 2011
La juez de la Audiencia de Madrid, Mari Luz Almeida Castro, ha ordenado a la titular del juzgado 5 de Madrid, Carmen Valcárcel, reabrir el supuesto caso de los espionaje político en Madrid porque, en su opinión, hay indicios de que los agentes que supuestamente siguieron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, cometieron un delito de malversación. En contra de la opinión del fiscal Moix, que estima en su informe que no hay indicios de delito, la magistrada asegura que «en el estado actual de las diligencias, no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado, aparecen indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa»

Febrero del 2012
La juez Carmen Valcárce archiva por segunda vez  la investigación por las mismas razones que lo hizo la vez anterior: considera que no existen pruebas suficientes de que los coches oficiales de la Consejería o los teléfonos móviles de los cinco asesores investigados hayan sido usados en los presuntos seguimientos.

Mayo del 2012
La Audiencia de Madrid obliga por tercera vez a reabrir el caso.

Febrero 2015 
La juez Carmen Valcarce,  decidió ayer archivar por tercera vez esta causa.

Junio 2015
La Audiencia de Madrid obliga de nuevo  reabrir el caso de los espías a sueldo de la Comunidad El tribunal de apelación acepta el recurso de los socialistas madrileños y recuerda a la instructora del caso que ya en 2011 dejó sentado que hay "indicios suficientes" de malversación Los seguimientos a cargos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre, como Gallardón, Alfredo Prada y Manuel Cobo, seguirán investigándose pese a la actitud refractaria de la juez instructora.


Interrogatorio de la juez
Selección de las intervenciones de la juez Carmen Valcarce en los interrogatorios por el caso del espionaje en Madrid de los cinco agentes del Gobierno de Aguirre (el ex director general de Seguridad Sergio Gamón, los ex guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado y el empleado José Manuel Pinto). A lo largo de los mismos, se suceden sus regañinas e interrupciones a los letrados de las víctimas del espionaje (el ex vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y el vicealcalde madrileño Manuel Cobo) y a la fiscalía, sus modulaciones de preguntas y respuestas, mientras reparte bromas y muestras de simpatía con los implicados, cuya colaboración con la policía destaca aunque los tres le admiten que mintieron en su declaración policial.
Y descalifica los partes del espionaje, que tilda de "chapuza", antes de someterlos a una pericial que revelaría que su coautor era un empleado del Gobierno de Aguirre, al tiempo que dice compartir el mismo fastidio que los acusados por la presión mediática:
http://www.elpais.com/especial/juez-espias-madrid-carmen-valcarce-video/
http://www.eldiario.es/politica/PP-ordenadores-empantana-investigacion-espionaje_0_571143304.html
https://okdiario.com/investigacion/2016/08/01/pp-estudia-recusar-juez-que-investiga-destruccion-ordenadores-barcenas-296126
http://www.publico.es/politica/jueza-del-caso-espionaje-beso.html
http://www.eldiario.es/politica/ordenadores-Barcenas-PP-recusacion-Inda_0_561344102.html

viernes, 12 de junio de 2015

Schola Iuris y el laberinto del Minotauro



En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama Schola Iuris, fue creado en 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid.
Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su "punto fuerte en el magnífico plantel de profesores", según anuncia su web. La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y exjefe de la UDEF José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, exjuez del Supremo y exvocal del Consejo del Poder Judicial.
En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el 'caso Gürtel', como diputados autonómicos o exalcaldes del PP madrileño.


Schola Iuris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos

El reglamento de la Carrera Judicial permite a los magistrados compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia o la investigación jurídica. Para ello deben solicitar un permiso al Consejo declarando el tiempo dedicado a la actividad o la remuneración. En caso contrario, la comisión competente denegará la petición cuando su ejercicio pueda impedir el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad del juez.
El hombre que ha reunido a este "magnífico plantel" para su oferta académica privada se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de Schola Iuris, cuyo campus académico está en la planta 18 de la Torre de Cristal, ubicada en el nuevo centro financiero del paseo de la Castellana.
'Causas' políticas
Hasta aquí el contexto de Schola Iuris. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la "intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares". Un ambito cercano a Schola Iuris.
Cenyt Argo tiene una sociedad matriz, Cenyt Consultoría. Es una empresa surgida en 2006 con un capital de 684.000 euros, que ahora asciende a 2,4 millones. Su objeto es el asesoramiento de empresas e instituciones en proyectos de análisis y gestión de recursos humanos. El enlace entre ambas mercantiles es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, quien fuera apoderado y presidente de Cenyt Consultoría.
Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el nombre de Villarejo ha salido a la palestra por sus menciones en los casos 'Emperador (Gao Ping)' y el 'ático de Ignacio González'; la fortuna suiza de Francisco Granados que derivó en la 'operación Púnica', con los Pujol o en el 'caso del pequeño Nicolás' por su guerra interna con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, cesado en abril.
Todo este paisaje de relaciones empresariales y casos judiciales con implicaciones políticas deriva en último instancia en Schola Iuris. Por ejemplo, en el 'caso Nicolás' o en el de Javier López Madrid (el yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir, investigado por acoso sexual a una doctora apuñalada en extrañas circunstancias), la acusación pública la lleva la Fiscalía de Madrid, con el profesor del centro Manuel Moix al frente. Curioso que en ambos casos el fiscal apenas está investigando y apoya archivar algunas pesquisas. Mientras que en el 'caso de los Pujol' o las escuchas de La Camarga, la investigación policial la ha llevado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la supervisión en su momento de otro profesor de Schola Iuris, el comisario José Luis Olivera, y de su amigo José Manuel Villarejo. Ambos se reunieron en Barcelona con el financiero catalán Javier de la Rosa para tratar estos casos, según éste.
El caso de Olivera es muy particular. Este mando dirigió la UDEF desde su nacimiento en 2005 hasta 2012, cuando fue cesado con la llegada del Gobierno del PP. Bajo su gestión se destapó la trama 'Gürtel' y en enero pasado Interior lo recuperó para liderar un nuevo departamento, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), una especie de CNI policial con numerosos medios a su disposición.

Uno de los docentes estrella del centro, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, fue ponente de la sentencia contra la denominada 'banda del puerto', que se dedicaba a robar cocaína en la zona portuaria de Barcelona y por la que fue juzgado, entre otros 23 procesados, el inspector Antonio Giménez Raso.
Este mando policial fue absuelto de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. La clave fue la anulación de las escuchas que implicaban a este funcionario y a otros siete guardias civiles, quienes formaban un «extraño maridaje» con los narcos en el que «se entrecruzaban toda suerte de relaciones, compadreos y favores de todo tipo» que exceden «en mucho» de lo que, «desde la ética profesional», es esperable de la necesaria «relación entre policía y confidente», afirmó la sentencia de instancia de 2012.
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo presentó recurso de casación contra Giménez Raso y otros tres guardias civiles para revocar la absolución de la Audiencia de Barcelona. El caso lo vio en 2013 un tribunal de cinco magistrados de Sala Penal del Supremo y el ponente del fallo fue el citado Antonio del Moral. En enero de 2014 se declaró nula la sentencia y se dejó en parte sin efecto la apelación del Ministerio Público. El argumento central del juez fue la ausencia de hechos probados y la negativa de la sección a valorar pruebas sin justificación, por lo que devolvió el caso al tribunal catalán para dictar una nueva resolución. Hasta ahora.
Relaciones empresariales
El posible conflicto de intereses entre el juez Del Moral, fiscal de carrera que ingresó en la sala en febrero de 2012 por el turno de reconocido prestigio, y el acusado Antonio Giménez Raso tiene su origen en 'Schola Iuris', el centro jurídico donde el magistrado imparte clases junto a otros dos compañeros en el Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, y José Manuel Maza.
El paisaje es el siguiente: el administrador único de 'Schola Iuris' es Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Éste es, además, consejero de la sociedad Cenyt Argo SL, cuyo objeto social es la «intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares». Un ámbito cercano al instituto 'Schola Iuris'.
Nacida en 2011, el consejo de administración de Cenyt Argo lo integran, además, el abogado Rafael Redondo (socio en la matriz Cenyt Consultoría del comisario Villarejo) y los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, el inspector juzgado en el caso de la 'banda del puerto' cuyos recursos fueron visto por Del Moral, profesor en centro de Ángel Benseny.

domingo, 9 de junio de 2013

La defensora del pueblo, poco observadora: nos ve contentos


Sirve para algo una defensora del pueblo que manifieste: "No percibo ningún descontento cuidadano con nuestra democracia". ¿En que limbo habita?. Así de tajante se muestra en una entrevista la marquesa de Salvatierra, Grande consorte de España, defensora ¿del pueblo?. Dice también no ver ningún problema en el copago sanitario, en cuanto a las tasas judiciales tampoco ve problema en ellas, sino en la cuantía, pasa por alto la privatización de la sanidad y preguntada por el problema de la vivienda, acude al tópico de que los ciudadanos aspiraban a ser propietarios, culpabilizándolos veladamente: "Los españoles nos hemos equivocado pensando que ese derecho sólo se podía satisfacer con una casa en propiedad. De ahí se explica que sólo el 17% de nuestro parque de viviendas esté en alquiler. En los países de la UE es muy superior".

Ni una alusión a la injusta ley hipotecaria, no sea que la banca se moleste. Hay que ser un defensor cómodo, tan solo cubrir el expediente y no crear problemas. En cambio le faltó tiempo para censurar la expropiación simbólica de un carrito de Mercadona por parte de Sanchez Gordillo. Debe desconocer que ya van niños desnutridos a la escuela y si esto ocurre es porque la democracia no funciona. Elegimos a quienes nos empobrecen.
Defendió, en cambio, a Juan José Güemes cuando iba a fichar por la empresa que había privatizado - "Que Estado tan perseguidor, ¿no? Si ha estado cuatro años fuera y la ley dice que dos basta podrá volver a trabajar... ¿o va a ser un inútil total?" Manifestó.

Todos tenemos a nuestro alrededor casos sangrantes, estafados por preferentes, familias con todos sus miembros en paro, autónomos que han tenido que cerrar su negocio, en el que se habían dejado la piel...  todos palpamos el descontento con el sistema, con los partidos, con las instituciones y  con la corrupción, así que no se debe percibir la misma realidad desde la Grandeza y la marca España.
Según el Diccionario de la  Transición de Victoria Prego, estaba al lado de Joaquín Garrigues Walker, el de la trilateral,  en la construcción de un modelo liberal.

La Defensora del Pueblo,  primera ministra de la democracia, ha estado en política ininterrumpidamente desde la transición, primero en UCD y luego con el PP,  fue ministra, senadora, diputada, alcaldesa de Sevilla. Su perfíl no parecía idóneo ni por marquesa ni por trayectoria, forma parte de los bien situados en la transición,  su abuelo paterno Antonio Becerril Lagarda fue director general de rentas con Alfonso XIII,  nombrado Magistrado del Supremo en la República, su tío Juan Becerril- Anton Miralles, magistrado del Supremo durante el franquismo.
Su hijo Gaspar Atienza Becerril, ya tomó el testigo, fue designado por Arenas para la ejecutiva del PP,abogado en el despacho de Garrigues, profesor del IE, al igual que su hermana Soledad (¿quien dijo paro?), en su ficha no figura su segundo apellido. Está casado con una  sobrina del ex presidente de Renfe, Miguel Corsini.

Determinadas familias, las de siempre, sea  en dictadura, en democracia, con monarquía o república, como la banca, siempre ganan.

ACTUALIZACION:
José Ramón Montero y MarianoTorcal,  ambos catedráticos de Ciencia Política en un artículo aparecido en El País titulado : No es el descontento, es la desafección, afirman "la  insatifacción con la democracia alcanza el 70%, el porcentaje más alto desde la transición" .  A ver si al menos la defensora del pueblo lee el artículo y se entera.

La noticia: http://noticias.lainformacion.com/espana/soledad-becerril-defensora-del-pueblo-no-percibo-ningun-descontento-ciudadano-con-nuestra-democracia_rrvV7atzlzr75L5NsEecA4
Biografia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_Becerril
Enlace relacionado.
http://www.angelesgarciaportela.com/2012/06/memocracia-grandezas-y-nombramientos-1.html

domingo, 27 de noviembre de 2011

Justicia ciega

La justicia se representa ciega, del olfato no aclara nada, por eso no debe ser imparcial cuando del olor del dinero se trata. Es la única explicación plausible al indulto concedido a Alfredo Sáez, gracias al cual puede seguir siendo banquero. ¿Qué urgencia podría haber para que lo indulten en el último minuto del partido? Si teníamos algunas esperanzas en sentar en el banquillo a algunos responsables de la crisis, podemos abandonarla. Que no se quejen de la desafección ciudadana, el indulto no los convierte en honestos.

Publicado parcialmente por La Voz de Galicia 27 de noviembre 2011

martes, 8 de noviembre de 2011

Encima de engañados, amordazados

En el foro de noclip, me entero de que Caixa Catalunya solicita el bloqueo de contenido de una web de afectados. Sospechan que puede tener algo que ver con la información trasladada al FROB tres días antes, para que tuviesen en cuenta que hay un número elevado de demandantes en potencia. Sin duda las páginas de afectados, les hace daño, porque cada persona que se siente víctima de un engaño se entera de que no es la única y todos unidos son mucho más fuertes. La historia de como nace la web:

¿Cómo empezó el grupo de AFECTADOS DE CAIXA CATALUNYA?

Soy un empresario de Mataró con una empresa de transportes. Nunca he invertido en bolsa ni en nada que no sea mi propio negocio y mi hogar.

En el año 2008 me llamaron de Caixa Catalunya de la oficina de La Rambla- Empresas, de Mataró para decirme que el contrato que había firmado el año anterior “contra las subidas del Euribor” ( un contrato curioso porque las cuotas de la nave me subían igual, aunque me “devolvía” mensualmente cantidades entre 20 y 100 euros, cuando la mensualidad había subido cerca de 900 euros en esos momentos de Euribor a más del 5 %) me iba a dar pérdidas mensuales de cerca de 1000 euros y durante varios años...

Les mostré mi sorpresa y me explicaron que podía cancelarlo cuando quisiera, como me indicaron al contratar. Pero que tenía que pagar unos 30 mil euros. Eso no me lo explicaron.

Estudié con detenimiento el contrato, hice algunas consultas y llegué a la conclusión de que era abusivo, un engaño, y concretamente el mío SWAP CRECIENTE CON BARRERA Y COMPENSACIÓN, en el que la Entidad ve limitada sus posibles pérdidas a cantidades ridículas (un 0,25 % del nominal, y el cliente puede perder y de hecho pierde docenas de veces esa cantidad), una posible estafa, con todas las letras.

Visité una web de afectados, www.noclip.es , que habían creado los afectados de un producto hermano, el CLIP de Bankinter, y que se habían abanderado e invitado a afectados de todos los Bancos y Cajas.

Allí creé el grupo de Afectados de Caixa Catalunya y abrí una web, www.afectadoscaixacatalunya.com para no mezclar con mi correo de trabajo.

De esta manera descubrí variantes de este engaño en casi la totalidad de entidades, unos 80 modelos de contratos similares (sólo el Santander tiene casi 20, Bankinter un montón del model Clip y otros del “Intercambio de Cuotas”, Caixa Catalunya otros 5, La Caixa 2, BBVA los Stockpymes y los Cuota Segura para particulares, etc).

Posteriormente vi que Caixa Tarragona, actualmente del grupo Caixa Catalunya, no tenía ningún problema en el 2008 en ofrecer una Hipoteca Bonificada que parecía genial, pero en el momento de formalizarla tenías que firmar un SWAP, que lo que hacía es que le devolvieras a la entidad cualquier bajada del Euribor durante años (en los que ellos esperaban una bajada importante de tipos). Un contrato genial, que está ofertado para particulares, la entidad es la que calcula los gastos de cancelación por métodos que no figuran en el contrato, te dice que no te ha asesorado sobre la conveniencia del producto (que por otro lado te ha obligado a firmar), etc. (esto es común con los contratos de SWAP y COLLAR de Caixa Catalunya y el resto de entidades para empresas).

En Noclip abrí el grupo de afectados de Caixa Catalunya http://www.noclip.es/group/caixacatalunya (el de Caixa Tarragona lo abrió otro afectado), el Grupo de Bancaja (ni soy cliente, pero estaba por abrir y algunos otros.

Allí me puse el sobrenombre de JUSTICIA.

Aunque cuando firmé no tenía ni idea de lo que contrataba, como cientos de miles de personas, en estos años he empleado tantos cientos de horas en aprender y en ayudar a otros, incluyendo abogados, que actualmente soy algo parecido a un experto.

También puedo asegurar que hay cosas que no especifica el contrato (como los Gastos de Cancelación) y que son interpretadas por una de las partes, Caixa de Catalunya, por lo que ni siquiera un Catedrático de Económicas podría calcularlos: Es “lo que ellos quieran”.

Emplean unas técnicas que podrían tener algún sentido si el contrato hubiera sido equilibrado, pero como ellos sólo podían perder un 0,25 % no tiene sentido que su cálculo sea varias docenas (y hasta centenares) de veces lo máximo que ellos hubieran podido perder.

Ellos hubieran “perdido” las miserables bonificaciones en esos contratos del 2007 o 2008 si el Euribor hubiera permanecido en alza y sin descender 9 o 10 años seguidos, cosa que nunca ocurrió antes y mas que probablemente no ocurrirá jamás.

Vamos, que ese contrato está diseñado y vendido no para disminuir el riesgo del cliente, como publicita, sino para asegurarse de que cuando desciendan los tipos, como ya sabían, el prestamista, Caixa Catalunya y Caixa Tarragona, se asegure unos ingresos importantes.

Esta web es para que no perdure el engaño. Que puedan ustedes demandar y ganar en cualquier juzgado de España.


Fuente:
http://www.afectadoscaixacatalunya.com/es/como_empezo.asp