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viernes, 20 de enero de 2023

Grecia: No perdonamos, ni olvidamos

 El Roto

Reproduzco el artículo de Íñigo Domínguez aparecido en El País  con el título ¿Qué hacía usted en la crisis de Grecia?. 
Han pasado los años, la Troika de la que no se volvió a hablar pidió perdón a los Griegos por la política austericida, les obligaron a privatizar y venderlo todo, islas incluidas.  Desde entonces la política de la UE cambió, suponemos que tuvo algo que ver "el Brexit",  ya que la UE estaba  a punto de hacer aguas. 
El tiempo pasó, pero las vidas y las ilusiones que truncó la política de la UE,  se perdieron para siempre y no está de más recordarlo. Y no estoy tan segura que el desastre que provocó la austeridad no era perseguido para que Grecia lo tuviese que enajenar todo.  



 
Viajé bastante a Grecia en los años de su crisis, entre 2010 y 2015, y me pregunto qué pensará una mujer que conocí entonces de algunos cambios de paradigma que hemos visto últimamente sobre la cuestión. Porque ella sí que tuvo que cambiar su paradigma: separada, con dos hijos, la despidieron del banco donde trabajaba y empezó a prostituirse. Al principio pedía 100 euros, pero al final se conformaba con 20, o hasta 10. Esa fue su política económica, a nivel personal. 

A otro nivel, esta semana hemos sabido que la Comisión Europea acusa a Deutsche Bank y al holandés Rabobank de hacer entonces negocio con la desgracia ajena, manipulando los mercados de deuda. Eran aquellos años de la prima de riesgo y el rescate de Grecia, España y otros tres países

Y el Banco Central Europeo (BCE) nos mandaba cartitas diciendo lo que teníamos que hacer. Paradigma, palabra griega, significa, según la Real Academia: “Teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”. Sí que hemos avanzado en el conocimiento: la teoría se aceptó sin cuestionar y los problemas no se resolvieron, o solo los de algunos. Recuerdo el olor de los gases lacrimógenos en la plaza Syntagma, los griegos no paraban de protestar

Recuerdo también que la crisis se abrió al descubrirse que las cuentas del país eran falsas, y que se trucaron con ayuda del grupo de inversión Goldman Sachs. Recuerdo que se desató, desde la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE, una carrera para ver quién proponía, como solución, la tortura económica más sofisticada. Y fue un desastre, se equivocaron: el PIB griego ha caído un 25% de 2008 a 2021 y se ha destruido todo el estado social del país. 

Los programas, más que salvar a Grecia, sirvieron para salvar los bancos alemanes y franceses que se habían expuesto alocadamente en el país. Pero decir esto entonces era ser considerado un antisistema. Los antisistema eran ellos, más bien. 

Recuerdo que entre 2010 y 2014 el número de suicidios en Grecia creció un 35% y que aun así preguntabas a las funerarias y te decían que ya no se moría nadie, o al menos nadie les llamaba para un funeral, por no pagarlo. La gente simplemente desaparecía. No sé dónde estarán enterrados esos cadáveres, la memoria de lo que pasó. Lo hemos olvidado rápidamente. 

Recuerdo que ante el ultimátum definitivo de inducción al suicidio económico el primer ministro, Alexis Tsipras, convocó en julio de 2015 un referéndum: “Os invito a decidir, con la soberanía y la dignidad que requiere la historia griega, si debemos aceptar el exorbitante ultimátum que pide una rigurosa y humillante austeridad sin fin, y sin perspectiva de poder tenernos en pie social y financieramente. (…) Grecia, cuna de la democracia, debe enviar un mensaje democrático a la comunidad europea y mundial”. 

Bueno, ellos enviaron el mensaje, un 61% votó que no quería ese plan, pero dio igual. En los años siguientes he recordado esa frase de Woody Allen sobre una chica que quería ligarse de la administración Eisenhower: solo quería hacerle lo que Eisenhower llevaba ocho años haciéndole al país. A Grecia luego le ha pedido perdón la Comisión Europea, el FMI, pero casi ni nos hemos enterado. Tampoco de que el pasado mes de agosto Atenas devolvió el último préstamo al FMI. Hace años que no leo un reportaje de allí, a ver cómo les va. Siempre recuerdo lo que tuvo que hacer aquella mujer. Y lo que hicieron otros.




https://elpais.com/ideas/2022-12-12/que-hacia-usted-en-la-crisis-de-grecia.html

viernes, 28 de febrero de 2020

El negocio de los reformatorios sin ánimo de lucro


El 24 de febrero aparecía en El País la noticia del archivo de la causa  de un joven fallecido en el centro de menores Tierras de Oria de Almería. La familia recurrirá el archivo.

El joven falleció después de haber sido atado de pies y manos, eso que en  neolengua se llama "sujeción mecánica".
La maniobra para inmovilizarlo, según reflejan las videocámaras se produjo estando el joven boca abajo. La posición del fallecido, contraria al resto de protocolos de contención como subraya el forense, es clave para determinar cuánto pudo influir en la muerte del chico, de 94 kilos de peso y 1,74 de estatura. 

Hay dudas de si se trata de “una muerte violenta accidental”, como se concluye en el auto de archivo de la causa de la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert del pasado 29 de enero, o por el contrario de un posible “homicidio”, como defiende el abogado de la familia, Carlos Rolin, en el recurso presentado posteriormente. 

El juez, sin embargo, no entra a valorar el protocolo aplicado, sino que se limita a analizar si se actuó de acuerdo con el mismo o no. Pero el abogado cuestiona, al igual que el forense, el citado protocolo, creado por la misma empresa Ginso que gestiona el centro.

El País contactó con una portavoz de Ginso, compañía que le denegó el acceso a ese protocolo: “Son documentos internos que se les dan a las autoridades competentes, no pueden compartirse con nadie más”. Y añadió: “El protocolo de contención mecánica de la Junta de Andalucía rige todos los centros de la Junta, pero cada uno luego lo adapta a sus características específicas”.

No es la primera vez que fallece un joven en un centro gestionado por  Ginso.
Ramón Barrios murió en 2011 dentro del centro Teresa de Calcuta, ubicado en Brea del Tajo (Madrid). Su causa también se archivó, pues la autopsia no halló signos de violencia, a pesar de que durante el sepelio la familia advirtiera moretones en el cuerpo sin vida del joven.
(Para leer la triste historia de Ramón Barrios pinchar aquí).

En el mismo centro donde falleció el menor, en Tierras de Oria se produjo una denuncia por parte de tres ex trabajadores aportando grabaciones de 2 adolescentes atados a las camas con gomas y gritando de dolor pidiendo "por favor" que se les retiraran las sujeciones.

Pese a que el Consejo de Europa comprobó y denunció el año pasado que el uso de medios de sujeción en el centro de reforma juvenil "podría considerarse trato degradante o inhumano" y que en ese sentido se pronunció también el Defensor del pueblo Andaluz, la Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes, archivó el caso hace tres años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores.

Pero la denuncia del centro por la difusión del vídeo, publicado en febrero de 2015 por eldiario.es, siguió su curso y la jueza ha abierto ya juicio. Los ahora acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.

Leyendo la noticia se descubre que con tanto afán privatizador, hasta los jóvenes acabaron  en manos privadas.

Según El País se trata de uno de los cuatro centros de internamiento que gestiona esa polémica empresa que acarrea denuncias, incidentes y más de una muerte tras la aplicación de "medidas de sujeción mecánica".

¿Cómo empezó todo esto?

Comenzó cuando deliberadamente se inicia una sistemática destrucción de lo público, sobre todo lo más jugoso: los monopolios que aparentando una falsa competencia se convirtieron en oligopolios: telefonía, gas y electricidad y luego la privatización de los débiles; los abuelos pasando las plazas públicas residenciales a privadas y los jóvenes a reformatorios de gestión privada.  


Las cárceles no las han privatizado quizás porque muchos de los que privatizaban y legislaban para privatizar se temían que podían acabar en ellas, como así ocurrió en algunos casos, y siempre es mejor y de más garantías la gestión pública. Todo privatizado pero sin competencia, y es que  el mercado tiene muchas servidumbres. 

Los mayores y los jóvenes con problemas, además de indefensos, llegado el caso no tienen capacidad económica ni relevancia social para conseguir buenos abogados y despertar eso que se ha dado en llamar  "alarma social".

la Ley del Menor en 2000 abría la posibilidad de gestión privada a los centros de menores y
así apareció inocentemente  la noticia en 2006 
Un empresario dedicado a la construcción gestiona y edifica en Madrid un centro de reforma de menores a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso (Gestión de Integración social). La Comunidad le dará para ello 157 millones de euros. El presidente de Ginso tiene una empresa a la que ha encargado el proyecto de obra. La construcción corre a cargo de dos empresas vinculadas a él. 

El Gobierno regional asegura que esta práctica es legal y se ampara en la Ley del Menor de 2000 que permitió a las comunidades autónomas dejar en manos de asociaciones sin ánimo de lucro el control de los centros de menores condenados a privación de libertad. Este empresario también opera en Andalucía donde ha conseguido la gestión y construcción de dos reformatorios.

Me llamó tanto la atención en su día que hasta escribí una Carta al director al País, censurándolo:

Un constructor  crea una asociación sin ánimo de lucro y su empresa construye los edificios con ánimo de lucro, para la asociación que él creó. Las críticas no se hicieron esperar aunque el gobierno manifestó que era legal, así que el empresario se defendió

"Alfredo Santos es  presidente  de Ginso y Enrique Tuñón, vicepresidente a la vez son propietarios de empresas, que además de que gestionan estos centros de menores a través de GINSO, también son los encargados de construir dichos centros y cárceles. Hasta ahora fundamentalmente en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Extendiéndose también por Sudamérica". 
Así decía la noticia. 

Alfredo Santos tenía experiencia en construcción de cárceles y Enrique Tuñon era  funcionario de prisiones.
Cuando esto ocurría y con ello se puede entender mejor lo que estaba pasando, algunos juristas ya lo vieron venir y  "consideraban  que el sistema previsto en la Ley del Menor se había  desvirtuado. Que una norma que se incluyó para permitir la colaboración de entidades de protección de menores en la ejecución de algunas sanciones ha derivado en que las empresas crean asociaciones sin ánimo de lucro para meterse en este negocio.

Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, decía que "la construcción sin ánimo de lucro es algo que suena muy raro y poco creíble". "Antes de endurecer la Ley del Menor quizás habría que mirar primero qué es lo que estamos haciendo, y cómo". Y pasó lo que pasó. 

Ginso trabajaba tanto en territorio PP como Psoe durante el bipartidismo. Si los centros fuesen públicos cuando se produjese una muerte cesarían al director con lo que al menos "se abrirían las ventanas" y entraría el aire,  pero al ser privado, se mantiene a los directores.  
Al centro Tierras de Oria le achacaban durante el gobierno del PSOE ser un centro de empleo clientelar de éste. 

El Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia de 82 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción  por la financiación irregular del PP a través de los centros de menores,  y puso en conocimiento de la justicia hechos relacionados con la adjudicación de construcción y gestión a la empresa GINSO de un centro de menores de la Comunidad de Madrid, el “Teresa de Calcuta”.

El día 24 de noviembre de 2005, el Consejero Alfredo Prada autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO, en el que se incluía la construcción de dicho centro.

En la denuncia se detalla cómo se relacionan unas empresas con otras, por lo que consideran que existen suficientes indicios para afirmar que "el convenio aún vigente firmado con Ginso no cumple con la legalidad en donde se exige la ausencia de ánimo de lucro, que esa sociedad forma parte de un entramado de empresas que han servido para recibir fondos públicos, y que esas empresas están involucradas en casos como Lezo, Púnica o Pujol"

Granados aportó facturas falsas que probarían lo que viene a confirmar un acta notarial de Carmen Balfagón, y es que la empresa GINSO sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron.

Dichos informes fueron encargados a esta empresa a través de la Agencia del Menor. Clara Serra, de UP,  (por cierto tiene un juicio pendiente por una protesta ante un desahucio en 2014 y a ella no le prescribe) ha explicado que en esta denuncia ponen en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que la empresa Ginso, que a día de hoy tiene un convenio "que fue hecho sin concurrencia y publicidad hace 15 años", aún vigente, "forma parte de un entramado de empresas, como Ibadesa, Inypsa o Isolux, que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol"

Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas aproximadamente en un 73%. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Madrid, el 100% de los reformatorios son privados. 

El sistema de externalización es perverso, porque cuando el joven fallece, las instituciones que lo han derivado al lugar donde se produjo su muerte, dicen que no tienen nada que ver, que la responsabilidad es exclusiva del centro de internamiento. Lo cual es falso porque si te confinan en un lugar, tienen que velar por tu seguridad y son en último término responsables de la misma. 

Lectura imprescindible

https://elpais.com/politica/2019/07/16/actualidad/1563303033_311209.html
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/videos-iliass-t-murio-por

Lecturas recomendadas
https://blogs.publico.es/david-bollero/2019/07/11/centros-menores-ginso/
https://www.eldiario.es/politica/vida-centro-menores_0_852864984.html

Enlaces
http://corrupcionesvarias.blogspot.com/2019/01/denuncia-ante-la-fiscalia-de-la.html
https://elpais.com/politica/2019/07/29/actualidad/1564409883_119322.html
https://confidencialandaluz.com/oria-centro-menores-purchena-psoe-clientelismo/
https://www.publico.es/espana/protesta-trato-menores-centros-reforma.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-9737
https://elpais.com/politica/2019/07/16/actualidad/1563303033_311209.html

Enlaces relacionados
https://elpais.com/ccaa/2019/07/13/madrid/1563026455_331378.html
https://elpais.com/diario/2006/05/27/opinion/1148680810_850215.html

sábado, 21 de septiembre de 2019

Blackstone, casero de los pobres de la UE


Leyendo un artículo en El País acerca de  la situación de la población gitana en la República Checa y su discriminación, descubrí que "el mismo problema" que tiene aquí el colectivo de desfavorecidos moradores de viviendas sociales, lo tiene la población romaní y otros colectivos vulnerables  en Chequia. Los fondos buitre se están haciendo con las viviendas sobre todo de los países de la periferia en la UE.

Son víctimas del mismo depredador.  Los oportunistas fondos buitre adquieren las viviendas sociales
porque el colectivo de los inmunodeprimidos económicamente  está más indefenso, en la mayoría de los casos ni siquiera tiene capacidad de acudir a la justicia.

El artículo explicaba que "los desahucios son comunes y son cada vez más, los que le tienen pánico a Residomo, una filial de Blackstone que tiene la propiedad de más de 40.000 viviendas en la región".

OKD (Minas Ostrava-Karviná, sociedad anónima)  se disolvió en enero de 2006 y las viviendas, el grupo de viviendas en alquiler mas grande de Chequia, a pesar de la promesa que serían vendidas a los inquilinos a un precio de ganga, fueron vendidas muy por debajo de su valor a RPG Byty que en febrero de 2017 cambió de nombre, pasó a llamarse Residomo.
Fueron vendidas tan por debajo de su valor que solo los ingresos anuales por alquiler superaron  en  2.000 millones de coronas checas, lo que el fondo buitre había desembolsado

Con mucho ocultismo, ya que es difícil llegar al propietario, parece que detrás está el fondo buitre Blackstone.  El tema está judicializado y algunos sospechan que el cambio de nombre es para ocultar la propiedad en caso de un veredicto desavorable. Y como ocurre en este país la Comisión antimonopolio dio el visto bueno a la inicua compra.
Hana Marvanova, abogada de las víctimas, explica :“Al transferir la empresa a un tercero, puede afirmar que no tiene nada que ver con la privatización y que ha adquirido los activos de buena fe. Esto significa que evita las obligaciones de privatización derivadas de él y no tiene que soportar las posibles consecuencias de una decisión de la Comisión Europea ".

Aunque Jan Rafaj, el CEO de Residomo no parece que tema que las viviendas puedan revertir al estado por una venta  ilegal.  El jefe de Residomo, manifiesta: “No lo creo. Asumiendo que vivimos en un sistema democrático, este acuerdo de privatización no será derribado ”
Rafaj confunde democracia con privatización abusiva.  


No reconforta ver que en Chequia ocurre lo mismo que en este país, desasosiega porque denota que obedece a un plan sistemático. En la era de la información no interesa informar de lo que ocurre en otros países para que no veamos que  hay una política común de la UE a favor de la desposesión de la ciudadanía, de la privatización y de la desigualdad, y que poco a poco van  dejando a los Estados en su esqueleto, sigilosamente, como aquél humo que iba colándose en las casas entrando por las rendijas de las puertas que se iba cargando a los primogénitos en Los Diez Mandamientos.

Es decir en toda la periferia de la Unión Europea, Blackstone y otros fondos se están haciendo con la vivienda, otro efecto de concentración de la riqueza en pocas manos. No olvidemos que en España Blackstone es el mayor casero, que se hizo con paquetes de viviendas sociales, como en Chequia, los vulnerables son un chollo, no tienen contactos y no tienen dinero para una defensa judicial.

Hay que recordar que Botella se mostró como una gran agente de la propiedad inmobiliaria, vendiendo las viviendas sociales  al fondo buitre y prometiendo que solo cambiaba el casero y no las condiciones, hasta que les subieron los alquileres y muchos fueron desahuciados. 

Para que se forren los fondos buitre con las viviendas e hinchar la burbuja de alquiler necesitaban un marco legal que como siempre inició el PSOE y remató el PP: las Socimis con grandes ventajas fiscales.  Con grandes ventajas y excepciones fiscales y con tanto poder que ponen la proa a cualquier intento del gobierno de moderar el precio del alquiler. 
Si en Chequia se llama Residomo, Blackstone, que a día de hoy es el mayor casero del país, aquí tiene 5 Socimis : Testa, Albirana, Fidere, Torbel y Euripo.

Se trata de que no percibamos como tal, la tremenda acumulación de capital que se está llevando a cabo.

Para que se forren los fondos buitre con las viviendas e hinchar la burbuja de alquiler necesitaban un marco legal que como siempre inició el PSOE y remató el PP: las Socimis con grandes ventajas fiscales.  Con grandes ventajas y excepciones fiscales y con tanto poder que ponen la proa a cualquier intento del gobierno de moderar el precio del alquiler. 

La tendencia mundial es a la concentración de la  riqueza en pocas manos y la vivienda no es una excepción. 

Es la hoja de ruta de la UE, supone el dominio del capital financiero. Cabe decir que esta desvinculación de la economía real es aparente dado que las altas tasas de beneficio obtenidas son en última instancia, el resultado de brutales mecanismos de explotación sobre la fuerza de trabajo, los recursos naturales y todos aquellos bienes que hasta el momento se situaban fuera de la esfera mercantil. Maastricht representó un salto cualitativo en el intento de configurar a escala supranacional un sistema económico y social basado en los postulados del capitalismo neoliberal. 

Y como detalle, fue durante la presidencia en la Comisión Europea de Durao Barroso que se produjo la compra de las viviendas en Chequia y actuó como intermediario Goldman Sachs,  además de hacerse con su propio parque de viviendas. Cuando  Durao Barroso terminó su mandato en la UE, lo acogieron en Goldman Sachs.

La situación es tan pavorosa  que los expertos de Naciones Unidas consideran que "de la noche a la mañana, firmas como Blackstone se han convertido en los mayores caseros del mundo", comprando miles de inmuebles tanto en Europa, como Asia y América. Lo que supone convertir la vivienda "en un instrumento financiero y de inversión". Y la democrática UE no es una excepción.
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/12/27/5c23bba9fdddfff2988b465d.html

Enlace imprescindible

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Residomo&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.ademcetinkaya.com/2017/10/real-estate-company-residomo-plans-to.html&prev=search
https://elpais.com/economia/2019/09/01/actualidad/1567338637_542150.html
https://www.publico.es/sociedad/precio-alquiler-burbuja-alquiler-no-mercado-amigo.html
https://www.publico.es/sociedad/afectados-fidere-rebelion-inquilinos-madrilenos-mayor-casero-espana.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://cbonds.com/news/item/647619&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=cs&u=https://hlidacipes.org/tajemstvi-vlastnictvi-byvalych-bytu-okd-stopy-miliardoveho-majetku-vedou-na-kajmanske-ostrovy/&prev=search 

Lectura recomendada
https://www.angelesgarciaportela.com/2018/10/blackstone-y-ellos-los-claudio.html

domingo, 21 de octubre de 2018

Alcoa pretende echar la persiana.





Los neoliberales nos vendieron que con la liberalización de las eléctricas, la privatización de empresas públicas, etc. nos instalaríamos en el paraíso económico. Han bastado unos cuantos años para constatar que el paraíso de la élite, se está convirtiendo en un infierno para la ciudadanía.

Alcoa va a cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés, no está de más recordar cómo hemos llegado hasta aquí.
Alcoa en su día fue una empresa pública fue vendida  porque "lo privado funciona mejor", decían los gurús económicos sin despeinarse.

La antigua INESPAL, hoy Alcoa, fue vendida en 1997 por 370 millones de € en un paquete de una decena de plantas en España, por el gobierno de Aznar, según consta en la página de la SEPI, (procedente del antiguo INI) el organismo encargado de desmantelar las empresas públicas.

Por otro lado, la liberalización de las eléctricas, a pesar de que nos vendían que abarataría el precio de la energía, ha producido el efecto contrario y si para el ciudadano supone muchas veces vivir inslalado en la pobreza energética, para las empresas, el alto coste de la electricidad les impide ser competitivas.
Una de las causas que aduce Alcoa para su cierre son los costes eléctricos.

Cíclicamente, Alcoa, con los trabajadores de rehenes, 317 en la planta de Avilés  y 369 en la de A Coruña, amagaba con cerrar apelando al elevado precio de la energía que supone el 40% de los costes de producción para la multinacional, así conseguía millonarias bonificaciones en su tarifa eléctrica.

La multinacional ya no solo justifica el cierre por el alto coste de la energía, habla ahora de «deficiencias estructurales» de las plantas de A Coruña y Avilés que las hacen poco competitivas.
Sus representantes sindicales sostienen que la multinacional ha ido dejando morir ambas plantas sin realizar apenas inversión en ellas, lo que ha provocado una “progresiva pérdida de competitividad”.

La multinacional ha cobrado en los últimos años ayudas millonarias para compensar el peso en sus costes de la factura energética, algunas, como las provenientes del canon de interrumpibilidad, que pagamos todos los consumidores eléctricos a través del recibo de la luz (es decir la subvencionamos entre todos). Alcoa ha sido uno de las más beneficiarias de este marco regulatorio.

Las cifras del reparto de esas ayudas entre las grandes industrias reciben el trato de información confidencial, y ni Red Eléctrica ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las hacen públicas. Sin embargo parece que  Alcoa ha ingresado en la última década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, siendo “con una diferencia abismal” la compañía más beneficiada del país. Este año cobrará cerca de 90 millones de euros en ayudas. En años anteriores, el importe de las ayudas ha sido incluso mayor, situándose normalmente por encima de los 100 millones anuales y con picos en algunos ejercicios que han superado los 140 millones de euros como en el año 2014. Justo ese año, Alcoa ya amenazó con el cierre de las dos plantas y de un ERE masivo, que finalmente no se ejecutó.

En total Alcoa en los últimos 10 años recibió 1.000 millones en ayudas. Hay que recordar que fue comprada por 370 millones y que prácticamente le salió gratis, ya que pudo desgravar todas las reformas que llevó a cabo para adaptarse a la normativa medioambiental.

Si cualquier ciudadano recibe una subvención, cuando el objeto de la subvención se frustra está obligado a devolver el dinero, además de estar magníficamente regulado cómo y cuándo tiene que emplear dicha subvención. El estado al inyectar tal cantidad de dinero a Alcoa, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes a través del recibo de la luz, debería haberle puesto condiciones, por ejemplo, la obligación de renovar las instalaciones y el compromiso de no cerrar en X años, pero los gobiernos actúan con las multinacionales como siervos con sus amos.

Los políticos intentan evitar el cierre, como siempre ofrecerán más dinero y subvenciones para evitarlo.
Llegados a este punto, se me ocurren dos soluciones o que el estado recompre la empresa por un euro para evitar el cierre o que al menos, los 100 millones en ayudas se los ceda directamente a los 685 trabajadores con lo que reactivarán la economía y al menos no huiría el dinero para EEUU, la sede de la multinacional. Le corresponderían unos 34000€ a cada trabajador.


Fuentes
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/10/20/culpa-alcoa/0003_201810G20P16997.htm
https://www.elindependiente.com/economia/2018/10/17/alcoa-prepara-680-despidos-espana-tras-ingresar-este-ano-90-millones-ayudas/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2018/10/18/dos-amenazas-cierre-alcoa-4-anos/0003_201810G18P2998.htm
https://elpais.com/economia/2018/10/17/actualidad/1539772936_742471.html
https://www.diarioabierto.es/428603/siderurgicas-y-quimicas-advierten-que-los-costes-electricos-les-impiden-competir-en-el-exterior
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/10/21/aluminio-fraguo-motor-economico/0003_201810H21C2995.htm

domingo, 14 de octubre de 2018

Honduras se inspira en el Sergas



En La Voz de Galicia hace unos días aparecía la siguiente noticia El Gobierno hondureño se ha propuesto el reto de transformar de arriba abajo su sistema sanitario. Para hacerlo, un grupo de cuatro comisionados se ha pasado las últimas dos semanas en Galicia inspirándose en el funcionamiento del Sergas (Servicio Galego de Saude).
Hasta aquí la noticia, el problema es la foto. Ilustran la noticia precisamente con una imagen del Hospital Álvaro Cunqueiro, hospital de gestión privada.
Entonces ya no queda claro si el Gobierno hondureño viene a inspirarse en el sistema público de salud o en el sistema de colaboración público-privada.

Aunque gobierno y medios suelen ocultar que si bien El Cunqueiro está en la red pública, es de gestión privada.
Los partidarios del neoliberalismo, primero crearon el dogma del déficit cero, y con esa excusa, se privatiza todo, para que el estado no se endeude a beneficio de las grandes empresas y evitar que ello tenga impacto en los objetivos de estabilidad presupuestaria, en la UE neoliberal, las empresas cuentan con el apoyo del BEI (Banco Europeo de Inversiones) para los créditos.

Construir un hospital es muy costoso, las empresas han descubierto que su construcción les aporta beneficios, pero una vez lo finalizan se acabaron los beneficios, así que vieron que el negocio redondo sería no solo construirlo, sino explotarlo también. Así que el gobernante de turno le encarga a una Unión Temporal de Empresas (UTE) su  construcción, con lo cual la inversión no figura como tal en las cuentas del estado, lo que no altera el déficit y se le cede la concesión por un período de tiempo, que como hemos visto en otros sectores, se aumentará a beneficio de las empresas.

Todo esto se denomina con una siglas, para que la población en general no se entere que el hospital no es público, el modelo se denomina PFI (Private Finance Initiative). El Cunqueiro para enredarlo aún más está privatizado con la modalidad  DFCFO (diseño, construcción, financiación y operativo), la concesionaria construyó la infraestructura sanitaria a cambio de la gestión de todos los servicios no clínicos.
Este modelo se ha aplicado en siete hospitales de la Comunidad de Madrid y en algunos de otras comunidades autónomas, como Castilla y León, Baleares y Cataluña. Se habla de la privatización de la sanidad madrileña, la privatización del Cunqueiro, no se suele mencionar.

Se dispone de cierta evidencia empírica en relación al uso de fórmulas PFI en el Reino Unido y en Italia. Una primera conclusión es que estas formas de colaboración suponen a la postre un coste total superior al que resultaría de recurrir al endeudamiento público directo para construir la nueva infraestructura sanitaria.  Por no hablar de algo que ya conocemos, la concesionaria en un momento dado dice que no es rentable, exige o más dinero, ya lo ha hecho a los dos años de la inauguración y lo seguirá haciendo, o exige una prórroga para alargar la concesión que de momento es por 20 años y al cabo de un tiempo, le suele traspasar la concesión a un fondo buitre.

Este hospital tiene una gestión similar al modelo Alzira, denominado así porque fue allí donde se hizo el primer hospital que ya sabemos como acabó tras varios rescates. Ahora ha vuelto al sistema público.

Es pavoroso que un gobierno votado por 4 años pueda enajenar el futuro de una población durante 20 años como mínimo y que sea tan costoso revertir la titularidad de un hospital, a pesar de que los concesionarios se quejan de la poca rentabilidad de la concesión. Por otra parte es incomprensible que la excusa que se da para privatizar el hospital sea que es un gasto muy elevado, cuando a la concesionaria le resulta muy rentable.


Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública (FADSP), Galicia no solo está entre las siete comunidades con peores servicios sanitarios  sino que cayó 3 puestos.

Sabremos en el futuro si la delegación de Honduras vino a copiar el modelo PFI, modalidad DFCFO, y/o si las empresas beneficiarias del Cunqueiro acaban construyendo hospitales en Honduras.



Enlaces relacionados
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/10/11/la_cnmc_abre_expediente_sancionador_las_grandes_constructoras_por_montar_cartel_para_repartirse_obra_publica_87646_1011.html
http://nadaesgratis.es/sergi-jimenez/las-concesiones-de-obra-publica-en-sanidad-pfi-entre-decepcionantes-e-inevitables
http://www.elmundo.es/espana/2018/08/15/5b73054ce2704e57218b456e.html

domingo, 19 de noviembre de 2017

La Union Europea, KPGM y sus recomendadas privatizaciones





En noviembre, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la UE ha adjudicado un contrato por valor de 800.000 euros a la firma mundial de consultoría KPMG Advisory SPA (el brazo italiano del gigante de la consultoría) y la Università Commerciale Luigi Bocconi (universidad privada de negocios para estudiar empresas estatales en todos los estados miembros de la UE, para alentar "la adopción de mejores prácticas en materia de gestión (incluida la reestructuración y / o privatización) ... ". 

Este contrato, que concluirá a fines de este mes, plantea muchas preguntas. ¿Reforzará este proyecto el mito de que el sector privado es más eficiente y, por lo tanto, mejor para dirigir los servicios públicos que el sector público, un mito que sostienen algunos en la parte superior de la UE? ¿Utilizará la UE este proyecto para "recomendar" nuevas reformas estructurales o procesos de privatización en los Estados miembros de la UE? ¿Y este estudio es incluso compatible con el deber de la UE de permanecer neutral en lo que respecta a la propiedad de los activos, como se establece en el Tratado de la UE?.

El contrato hace sonar las alarmas,  KPMG, uno de los llamados 'Cuatro Grandes', ofrece servicios de impuestos, contabilidad y auditoría a empresas y particulares de todo el mundo. También aconseja regularmente a los gobiernos sobre "reforma" o "reestructuración" (palabras que a veces son código para la privatización de servicios públicos), por ejemplo, en agua, finanzas y otros activos del gobierno). Mientras tanto, a través de sus equipos de servicios profesionales, también está bien posicionada para beneficiarse después de una privatización cuando se crean nuevas oportunidades de mercado. KPMG recientemente apareció en los titulares como una de varias compañías implicadas en el 'escándalo Gupta' en Sudáfrica

El escándalo, que ya llevó al colapso de la firma de relaciones públicas del Reino Unido Bell Pottinger, con dudas sobre la adjudicación de grandes contratos estatales a las empresas familiares de Gupta.
La sección  sudafricana de KPMG auditó las cuentas de Gupta durante 15 años y una declaración de septiembre de 2017 en el sitio web del grupo de campaña Save South Africa dijo que "KPMG corre el riesgo de convertirse en el Bell Pottinger de la profesión de la auditoría". Desde entonces, el equipo de liderazgo sudafricano de KPMG ha renunciado y la empresa admitió que la rama sudafricana"cometió graves errores y errores de juicio".

El socio de KPMG, la Università Commerciale Luigi Bocconi, cuyo lema es "liberalismo, pluralismo y progreso social y económico". Es una universidad privada con "relaciones cercanas con las principales corporaciones y agencias internacionales, así como con sus gerentes y funcionarios".

Bajo los términos de su contrato acordado en noviembre de 2016, KPMG y la Universidad deben producir informes de progreso para la Comisión cada tres semanas, y partes de la investigación en el proyecto ya deberían haber sido completadas. 
El Observatorio Corporativo de Europa ha pedido a la Comisión ver estos informes, pero se le denegó por considerar que "pueden influir en decisiones que la Comisión todavía no ha adoptado". No está del todo claro cuáles podrían ser esas decisiones, pero parece el que la Comisión hace 'recomendaciones' a los estados miembros sobre cómo estructurar sus economías

¿Por qué importa el tipo de propiedad?
Hay muchas razones por las cuales la propiedad importa, especialmente cuando se trata de la provisión de servicios públicos. La privatización de los servicios de salud, por ejemplo, puede generar beneficios para los accionistas al reducir las condiciones de trabajo, otorgar peores salarios o reducir los niveles de personal, todo lo cual tiene un impacto negativo en la seguridad y la calidad de la atención

La privatización también puede fomentar una mayor desigualdad en salud, ya que los proveedores con fines de lucro seleccionan a los pacientes de bajo riesgo y de mayor remuneración, mientras que los pacientes de mayor riesgo y más pobres, o aquellos que necesitan atención de emergencia son desviados hacia los servicios de titularidad pública. La privatización también socava la responsabilidad democrática de cómo se prestan los servicios. Esto no quiere decir que los servicios públicos prestados por organismos públicos siempre sean perfectos, pero tal como se documenta a continuación, la propiedad pública ofrece más herramientas para impulsar las mejoras. 

El Observatorio Corporativode Europa ha informado recientemente sobre la creciente agenda de privatizaciones en el sector sanitario, impulsada a nivel de la UE y los estados miembros. Los canales de privatización mapeados en el informe incluyen: acuerdos comerciales como CETA y TTIP; la comercialización de servicios de salud que los ve cada vez más a través del prisma de la economía; asociaciones público-privadas que permiten que la financiación privada se establezca en los servicios públicos; y la agenda de Gobernanza Económica, incluidas las "recomendaciones" de política económica del Semestre Europeo.

El contrato de KPMG / Bocconi debe verse en el contexto del proceso del Semestre Europeo, es un proceso importante y muy controvertido mediante el cual la Comisión supervisa el presupuesto y la economía de cada uno de los 28 Estados miembros de la UE. Proporciona "recomendaciones" económicas y políticas a cada estado miembro, que luego son modificadas o simplemente respaldadas por el Consejo, y luego pasadas al país en cuestión. Si se ignoran, el estado miembro puede enfrentar sanciones.
En otras palabras, los funcionarios de la UE no elegidos elaboran propuestas para decirles a los gobiernos electos cómo gestionar su economía

El proceso del Semestre Europeo fue una de las respuestas de la UE a la crisis financiera de 2007-2008 y es parte de su agenda de gobernanza económica, que con demasiada frecuencia ha sido una excusa para justificar el neoliberalismo y la austeridad, incluida la privatización. El equipo de investigación periodística InvestigateEurope documentó recientemente cómo las reformas poscrisis propugnadas (y en algunos casos exigidas) por la DG ECFIN, junto con el Banco Central Europeo y otros actores internacionales, han desregulado el mercado laboral en algunos Estados miembros, socavando tanto a los sindicatos como a los colectivos de negociación, y condujo a una mayor precariedad laboral debido a un mayor uso de contratos de trabajo más cortos y temporales.

Si se reduce el poder de gasto de los trabajadores, eso tiene un efecto negativo en la economía en general.

La privatización y el mito de la eficiencia
La reforma de las empresas públicas ha sido una preocupación de los responsables políticos de la UE desde hace bastante tiempo, especialmente desde la crisis financiera. La Presidencia lituana del Consejo Europeo organizó un debate del Consejo de Competitividad sobre las empresas públicas y su contribución al "crecimiento y la competitividad" en julio de 2013. El documento de antecedentes que acompaña a esa discusión incluye la siguiente frase: "En términos de productividad, hay evidencia que sugiere que las empresas estatales son considerablemente menos productivas que las empresas privadas. Existe una  creencia (o interés), ampliamente aceptada por los responsables políticos de la UE, de que el sector privado supera al sector público en lo que respecta a la eficiencia. 

¿Pero es verdad? "No hay evidencia empírica de que el sector privado sea intrínsecamente más eficiente que el sector público". Esa es la sorprendente conclusión de una revisión exhaustiva de cientos de estudios que cubren todas las formas de privatización en muchos sectores diferentes, llevada a cabo por la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) en nombre de la FSESP, Unión del Sector Público Europeo.

Al analizar nueve sectores (autobuses, electricidad, salud, puertos y aeropuertos, prisiones, ferrocarriles, telecomunicaciones, gestión de residuos y agua), el informe cuestionó la suposición de que la privatización o las asociaciones público-privadas (PPP) siempre pueden ofrecer un determinado nivel de servicio con menores costos de insumos que el sector público.
A pesar de estos hallazgos, el mito de la eficiencia de la privatización parece seguir dominando entre algunos círculos de élite de la UE.

Remunicipalización, no privatización
En los últimos años, se ha generalizado la tendencia desde Nueva Delhi a Barcelona, ​​desde Argentina hasta Alemania,  y miles de políticos, funcionarios públicos, trabajadores, sindicatos y movimientos sociales han estado retrocediendo en la privatización y revitalizando los servicios públicos.

Esto ha ocurrido más comúnmente en el nivel local; Una investigación reciente del Transnational Institute (TNI) muestra que ha habido al menos 835 ejemplos de remunicipalización de servicios públicos en todo el mundo desde 2000, en 45 países. Algunas veces esto es en respuesta a una privatización o una venta masiva propuesta; otras veces, la remunicipalización fue impulsada por la necesidad de mejorar los servicios públicos para atender las necesidades básicas de las personas y responder a los desafíos ambientales. Como dice Eloi Badia, Consejera de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona: "Es importante desmitificar el proceso de privatización que varios gobiernos han lanzado en los últimos años, porque es un modelo que no ha demostrado su eficacia y no ofrece un mejor servicio o un mejor precio".

Tomado y traducido de 
https://corporateeurope.org/power-lobbies/2017/11/european-commission-preparing-new-privatisation-push
Corporate Europe Observatory (CEO) es un grupo de investigación y divulgación que trabaja para exponer y desafiar el acceso privilegiado y la influencia que disfrutan las corporaciones y sus grupos de presión en la elaboración de políticas de la UE.
Enlace relacionado
http://www2.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/

sábado, 1 de abril de 2017

Confesiones de un gángster economico


John Perkins en el 2004 escribió un libro  titulado "Confesiones de un gángster económico" en él afirma haber jugado un papel en el proceso de colonización económica de los países del Tercer Mundo en nombre de lo que  describe como una conspiración de corporaciones, bancos y el gobierno de los Estados Unidos. Explica lo que todos conocemos pero él lo cuenta de primera mano.

Discretamente seleccionado por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y puesto en la nómina de una firma internacional de consultoría, Perkins estuvo en Indonesia, Panamá, Ecuador, Colombia, Arabia Saudí, Irán y otros países estratégicamente importantes del planeta. Su misión consistió en fomentar medidas políticas favorables a los intereses de lo que el autor llama la corporatocracia estadounidense (la alianza entre la administración, la banca y las corporaciones). En apariencia se trataba de remediar la pobreza, pero en la práctica esas políticas alienaban a los países y acabaron conduciendo al 11-S y al aumento del odio contra los EE.UU

Perkins fue reclutado en los 60 por la NSA (National Securities Agency), para timar a países pobres prestándoles más dinero del que podrían pagar, para exigir luego su "libra de carne" y hacerse cargo de sus economías.  El autor explica  la  cruda visión sobre la trastienda de la globalización en la cual instituciones como el Banco Mundial y el FMI estuvieron al servicio de las grandes corporaciones que sumergieron a muchos países en la esclavitud de la deuda.

De acuerdo a Perkins, la hegemonía que emprendió Estados Unidos al terminar la segunda guerra mundial, no requirió de acciones militares, sino de operaciones de estos “sicarios” (como él los describe), que llegaban a los países a ofrecer importantes acuerdos comerciales y de infraestructuras (construcción de puertos, carreteras, industrias), que beneficiaban a los Estados Unidos y a un puñado de lugareños. Más aún, el dinero que se gestionaba a través del Banco Mundial no iba directamente al país sino que a las corporaciones estadounidenses, pero la deuda quedaba a cargo de todos los ciudadanos.

El modus operandi según explica era el siguiente
Nuestras empresas identificaban un país que poseía algo que ellas codiciaban. Luego llegaban los Gansters económicos para convencer a los dirigentes de ese país de que lo que necesitaban eran préstamos ingentes del Banco Mundial y sus organizaciones hermanas; sin embargo, el dinero, se informaba a los dirigentes, sería entregado a las grandes empresas estadounidenses para que construyeran proyectos de infraestructura.

Al cabo de pocos años, los GE regresaban al país. “Parece que están a punto de retrasarse en el pago de esos enormes préstamos que aceptaron”. Lo que tienen que hacer es vender su petróleo, o cualquier otro recurso, barato a nuestras empresas; anular las leyes laborales y medioambientales que nos plantean problemas; aceptar no imponer nunca aranceles a las mercancías de Estados Unidos; aceptar las barreras arancelarias que queremos aplicar a nuestros productos; privatizar sus servicios públicos, escuelas y otras instituciones públicas y venderlas a nuestras empresas…
Cuando los dirigentes se resisten son derrocados o asesinados.

En el 2010 justo en el momento álgido de la crisis, escribió "Manipulados"
El libro explica como las políticas que EEUU vía el FMI etc implementaron en el tercer mundo, se extendieron al mundo occidental. El fiasco de las hipotecas de alto riesgo, la quiebra de la industria bancaria, el creciente desempleo... son síntomas del agotamiento del capitalismo en su forma más virulenta, basado en la privatización de los recursos, en un poder ilimitado por parte de las grandes corporaciones, en el fomento de una deuda tan extrema que nos convierte en esclavos de hecho.

La filosofía que rige este tipo particular de capitalismo es una absoluta creencia en la privatización de recursos, la concesión de poderes sin trabas a los ejecutivos de las empresas, y el fomento de una deuda tan extrema que tiene como resultado las modernas formas de esclavitud, tanto para los países como para los individuos. Ahora acabamos de entrar en una época no diferente de aquella en la que las ciudades-estado fueron sustituidas por naciones, excepto que hoy en día las naciones han sido usurpadas por empresas gigantescas.

El modelo tuvo tanto éxito en el extranjero, que incluso se importó a Estados Unidos, fueron introducidas en Nueva York, California y Michigan. Entre las que tuvieron más éxito fueron la anulación de las leyes que obligaban a las empresas a cumplir estrictas normas medioambientales, sociales y de publicidad que en otros tiempos protegían los derechos de la población; la asunción de grandes cantidades de servicios públicos, corporativa y gubernamental; la privatización de servicios públicos y otras instituciones “públicas”; un aumento de la vigilancia policial bajo el disfraz de “seguridad de la patria”; y el uso de terrenos públicos en beneficio de intereses corporativos.

Las personas normales hemos visto como nuestros privilegios iban mermando constantemente, desde la atención sanitaria a las escuelas públicas y ahora nos encontramos sufriendo una recesión económica que nos habían dicho que nunca volvería a ocurrir.
 J.P. Morgan estableció un rumbo que ha sido seguido por muchos de los multimillonarios de hoy (fusiones, adquisiciones y consolidaciones), operaciones que aportan riqueza a aquellos que las realizan, pero que causan estragos en los competidores y trabajadores, y en las economías locales. democrático

Al más alto nivel, no hay separación entre las personas que dirigen nuestras grandes empresas y quienes se encargan de gobernarnos.
Solemos justificar las acciones poco escrupulosas de los modernos magnates desaprensivos porque aportan dinero a la filantropía y las artes

Estas son algunas de las ideas y afirmaciones principales del libro 
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Perkins_(economista) 
https://raulbarraltamayo.wordpress.com/2010/11/01/manipulados-john-perkins/

domingo, 28 de agosto de 2016

Autopistas francesas privatizadas. "La Grandeur" no es lo que era



Hacía muchos años que no atravesaba Francia por autopista. Un viaje a Italia me llevó a cruzarla.
Les Autoroutes du Sud de la France eran auténticas "carreteras jardín", un lujazo que asombraba a los que teníamos un pie en el tercer mundo. El reverso del ticket que indicaba el trayecto, explicaba detalladamente a donde iba cada franco que el usuario abonaba.

Ahora las autopistas están en un lamentable estado, malas hierbas crecen entre el asfalto, los arbustos y plantas sin podar y en las cabinas, por supuesto todas sin cobrador, se producen largas colas cuando algún usuario se le atraviesa ese sistema de pago de "hágalo usted mismo". Las cabinas no solo no tienen cobrador, es que tampoco pasa nadie para limpiarlas. En la imagen se puede ver que el cristal tiene una capa de mugre, y la parte metálica llena de desconchones y ralladuras.

 ¿Qué ha ocurrido para qué esto suceda?

El 14 de diciembre del 2005, el gobierno francés anunció su intención de ceder la totalidad de sus acciones de las "autoroutes du Sud de la France" a Vinci, esta cesión se hizo efectiva en marzo del 2006, dentro del plan de privatización de las tres mayores concesionarias de autopistas del país.
Abertis y Eiffage se adjudicaron el resto de la red.

A partir de ahí, normal, el lamentable estado, normal, eliminar totalmente el personal de las cabinas, norma,l el desorbitado precio, normal, los despidos, normal, pagar para conseguir el telepeaje y que ahorren personal con la excusa de pasar rápido.

Otra consecuencia de la privatización, además del elevado precio, es el penoso mantenimiento  de las autopistas y relacionado con ésto  la reducción del 25% de la plantilla desde el 2006 fecha de la privatización al 2015.

Obviamente la rentabilidad resulta escandalosa, con un margen bruto que supera en muchos casos el 70% y con un margen neto de hasta el 24%, el estado francés atado de pies y manos intenta ahora poner freno a este gran negocio limitando las subidas de tarifas en beneficio de los usuarios. Esta es la conclusión de un informe preparado por las autoridades francesas de Competencia a petición de la comisión de Finanzas y Presupuesto de la Asamblea

El Consejo de la Competencia ha concluido que "las sociedades de autopistas han tenido un exceso de beneficios", con 17.000 millones de euros de dividendos desde su privatización, e hizo notar que "el papel del Estado es proteger a los usuarios" y que les reviertan "los beneficios suplementarios".

Aunque ya, tras otro informe del Tribunal de Cuentas francés se levantaron voces de políticos de la izquierda reclamando la nacionalización de estos negocios, el blindaje jurídico de los contratos hace muy complicado pagar un justiprecio bajo que rentabilice la nacionalización.

 La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, amenazó con denunciar los contratos y afirmó pretender que  las concesionarias de autopistas  reviertan en los usuarios una parte de sus "exorbitantes" beneficios ya que  se beneficiaron de una ventaja considerable en el momento de la privatización. La ministra precisó que en 2014  esas empresas distribuyeron 5.000 millones de euros en dividendos.

En el año 2000 se rebautiza como VINCI a la Société générale d'entreprises (SGE) que fue creada en 1899 por dos ingenieros Alexandre Giros y Louis Loucheur.  La SGE estuvo controlada de 1966 a 1984 por la Compagnie générale d'électricité (CGE), de 1984 a 1988 por Saint-Gobain,  y finalmente y hasta el 2000 por la Compagnie générale des eaux, posteriormente llamada Vivendi. En julio del año 2000, el grupo VINCI se independizó y adquirió GTM, filial de Suez.
De esta forma se convirtió en el líder mundial de las empresas de obras públicas. VINCI cotiza en la Bolsa de París y forma parte del índice CAC, "el IBEX francés".

Durante el proceso de privatización de  Les Autoroutes du Sud de la France, Antoine Zacharías era el director general. En 1997, Jean-Marie Messier, presidente de Vivendi, lo había colocado al frente de la empresa.
Ambos Viviendi y Jean-Marie Messier fueron multados por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) de Francia con  un millón de euros, por "irregularidades".

Antoine Zacharías, con un patrimonio de 250 millones de euros, al cesar en el cargo reclamaba 81 millones de euros. Durante su "mandato" las acciones de Vinci se habían multiplicado por 6.
Zacarías fue condenado en el 2012, por abuso de poder, se llevó  una indemnización de 12,5 millones de euros, un retiro anual de 2,1 millones y plusvalías sobre las stock-options por valor 124 millones. Fue el primer ejecutivo que fue juzgado y condenado del "IBEX francés".

A Antonio Zacarías le sucedió en Vinci, Yves-Thibault de Silguy, miembro del Partido Socialista francés, la puerta giratoria en marcha.

En  1976 entra a formar parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y en 1981, hasta 1984 es consejero del comisario François-Xavier Ortol en la Unión Europea.
De 1985 hasta 1988 es consejero económico de la embajada de Francia en los Estados Unidos de América. En 1988 es nombrado Director General de Asuntos Internacionales del grupo siderúrgico Usinor

Vinci ya no  necesitaba un ejecutivo ambicioso y agresivo, una vez privatizadas las autopistas quién mejor que un político profesional para brujulearse y arrodillar a los poderes públicos


Ahora Vinci se postula "en la pesca" de aeropuertos que privatiza el gobierno del Partido Socialista francés.  Por tierra o por aire, los beneficios siempre van a  los mismos, los perjuicios para el pueblo.


http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/francia-privatiza-sus-aeropuertos-5304903


Liberté, égalité, fraternité, privatisée.

Un informe de los vendedores de mentiras

La privatización supone una  mejora de la calidad ofrecida al usuario debido a una mayor exigencia del sector público al sector privado.
Además, la provisión de infraestructura es una tarea eminentemente productiva, que el sector privado puede llevar a cabo con mayor eficiencia que el sector público. 

Fuente
https://www.caf.com/media/3163/LibroinfraestructuraFINAL.pdf


jueves, 2 de junio de 2016

OHL, Xacobeo y Cercanías Móstoles Navalcarnero




La Sociedad anónima de Gestión del Plan del Xacobeo, empresa pública dependiente de la Xunta de Galicia acaba de adjudicarle gran parte de sus servicios a OHL.SERVICIOS-INGESAN S.A, Filial de OHL.
La Sociedad del Xacobeo le entregó los “Servicios  de Atención al Peregrino, Limpeza y Cobro nos albergues do Camiño de Santiago  a cambio de 1,33 millóns de euros.

La concesión fue adjudicada por el procedimiento negociado sin publicidad. En principio a pesar de ser una vía legal, no podría aplicarse en este caso ya que, según el artículo 174 del Real Decreto 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que "ningún contrato de servicios se puede adjudicar mediante este procedimiento cuando supere los 100.000 euros". La Xunta lo justifica con el artículo 170 que permite el procedimiento sin publicidad, "cuando exista una imperiosa urgencia"
En los pliegos de contratación no se explican "los motivos de la urgencia" y la necesidad de los servicios era previsible.

En todo caso la Xunta debería de haber solicitado por ley como mínimo 3 presupuestos. En la documentación publicada en la Plataforma  de Contratación no consta que se hubiese solicitado precio a ninguna otra empresa.

OHL deberá hacerse cargo de la gestión de más de 40 albergues y numerosos puntos de atención al peregrino lo que incluye la subrogación de decenas de trabajadores.

Ahora que la obra pública escasea, toca vivir del sector servicios.

La relación de la empresa con la Púnica y con los papeles de Bárcenas y el volumen de adjudicaciones por parte de administraciones gobernadas por el PP, llevó a algunos medios a bautizar a OHL como la constructora del PP.



Su yerno Javier López Madrid, también consejero de la empresa se le relaciona con la Púnica



Empresa perteneciente a OHL que se disuelve porque el TS de Madrid le impuso una sanción.




  • La sociedad concesionaria en todo momento cumplió realizando inversiones por 238,9 millones de euros y aportando soluciones reiteradas para hacer social y económicamente viable el proyecto.
  • La sociedad concesionaria solicitó la resolución del contrato ante los incumplimientos de la administración concedente y ante la imposibilidad de encontrar una vía conciliada para encauzar el proyecto
La sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero, perteneciente al Grupo OHL, ha solicitado hoy el concurso voluntario de acreedores, por encontrarse en situación de insolvencia actual. 
La situación de insolvencia actual se ha producido tras la denegación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la suspensión cautelar de la penalidad de 34.080.696,76 euros que la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid impuso a Cercanías Móstoles Navalcarnero el 11 de febrero de 2016. La sanción se impuso con posterioridad a que la sociedad concesionaria hubiera instado la resolución del contrato el día 12 de junio de 2015, entre otras razones por incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones contractuales. 
Ante la improcedencia de dicha sanción, Cercanía Móstoles Navalcarnero interpuso recurso contencioso-administrativo contra la misma el pasado mes de febrero. Previamente a este recurso, en diciembre de 2015, la sociedad concesionaria ya había llevado el proyecto a los tribunales para exigir la resolución del contrato de concesión y reclamando a la administración concedente una indemnización por importe de 369,5 millones de euros en concepto de inversiones realizadas y daños y perjuicios. 
El Grupo OHL ha invertido en este proyecto 238,9 millones de euros y reiteradamente ha presentado a la Comunidad de Madrid soluciones que harían social y económicamente viable el proyecto. Esas soluciones contemplaban propuestas importantes para los ciudadanos, como evitar el trasbordo en Móstoles de los pasajeros que realicen el trayecto Atocha-Navalcarnero-Atocha y eliminar las vías en superficie que siguen dividiendo el ámbito municipal de Móstoles. 
De uno u otro modo, siempre se salen con la suya. O son indemnizados o antes de pagar disuelven la sociedad. Y les siguen adjudicando concesiones.

El Marqués de Villar Mir 
(Extracto de una entrada anterior)
La entrada completa:
http://www.angelesgarciaportela.com/2013/02/la-transicion-y-las-donaciones-del.html

Fue nombrado Ministro de Hacienda,  y  Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos en el primer gobierno del rey Juan Carlos I, entre el 12 de diciembre de 1975 y el 5 de julio de 1976, durante la presidencia de Carlos Arias Navarro.
Así mismo fue presidente de la eléctrica cántabra Electra de Viesgo.

En 1987 adquiere a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Huarte por la cantidad de una peseta, que finalmente se convertiria en 1999 la actual OHL. (OHL es el acrónimo de Obrascón, Huarte y  Laín). Así mismo, crea el Grupo Villar Mir que agrupa diferentes empresas energéticas Villar Mir Energía, siderometalúrgicas (Ferroatlántica), de fertilizantes (Fertiberia) 

De vuelta a la empresa privada, Villar Mir se encargó de algunos trabajos por cuenta ajena como la presidencia de Electra del Viesgo. Pero su éxito empresarial surge de una apuesta que asume por cuenta propia en uno de los grandes negocios surgidos al calor de la reconversión industrial: el reflotamiento de empresas en crisis. fuente: http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD158/SD158-02.html

Durante la segunda mitad de los 80 y buena parte de los 90, Villar Mir consolidó su especialización como "gestor de empresas en crisis". Entre otras operaciones, en 1995 compró Fesa-Enfersa, la antigua división de fertilizantes de Kuwait Investment Office (KIO). El acuerdo formaba parte del proceso de reestructuración del grupo Ercros, una operación financiada con dinero público, sobre la que la oposición pide ahora la apertura de una comisión de investigación parlamentaria que clarifique la actuación de Josep Piqué, actual ministro de Industria y entonces presidente de Ercros. Josep Piqué es ahora consejero de OHL.

Paralizó  la construcción del trazado del AVE, durante tres años ya que incluía el paso por una mina que poseía su empresa Ramsa en Serrabal  alegando el incalculable valor de la mina de cuarcita, cuando solo declaraba 38000 euros de beneficios en el 2008, Villar Mir llegó a plantear en concepto de indemnización por expropiación parcial, una reclamación inicial de 985 millones de euros, que luego rebajó a 270 millones, lo que dio lugar a una batalla política y jurídica, que perdió en los tribunales en el 2010.

La concesión de Serrabal fue otorgada en 1999 por la Xunta de Fraga a una empresa en la que entonces participaba Villar Mir y de la que se ha hecho con el control a lo largo de los años. Ramsa desembolsó unos 75 millones de euros para hacerse con la mina, pese a lo cual Villar Mir llegó a reclamar 12 veces más de lo que le costó por una expropiación parcial, así como por el lucro cesante mientras durasen las obras del AVE.

OHL  Méjico y sanción
http://elpais.com/tag/caso_ohl_mexico/a
Enlaces
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-05-07/papeles-de-barcenas-villar-mir-fue-el-principal-beneficiado-por-obras-del-pp_443372/
http://www.eldiario.es/politica/Guardia-Lopez-Madrid-Villar-PP_0_522148753.html