sábado, 15 de diciembre de 2018

Caso Cursach, cuando ser juez o fiscal es un puesto de difícil desempeño





La incautación

La policía judicial por orden del juez Miquel Florit, intervino este martes los teléfonos móviles de dos periodistas, registró la delegación de Europa Press en Palma y se personó en la redacción de Diario de Mallorca, en el marco de una investigación por revelación de secreto asociada al caso Cursach. Las órdenes de entrada y registro cuentan con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional están en una fase final y bajo secreto. En ese marco, el juez ordenó la intervención de los teléfonos móviles de los periodistas Blanca Pou y José Francisco Mestre.

La orden judicial pretende detectar envíos de datos por parte de los investigados por revelación de secretos a los dos periodistas.

Florit ordenó hace semanas a las compañías telefónicas de los dos periodistas que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida desde el móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou, sin estar imputados..

La repercusión

El secreto profesional protege a todos los periodistas y a las fuentes, así que las protestas no se han hecho esperar. Según Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional  y ex letrado del Constitucional, la  orden del juez  Miguel Florit es inconstitucional.

El juez Castro también fue crítico con la actuación "Las diligencias ordenadas por Florit, que incluyeron la entrada y registro a este periódico, al que se opuso la dirección, no solo afectan al caso Cursach, sino "a la intimidad" de dos ciudadanos". Manifestó.

650 periodistas muestran su "alarma" ante el CGPJ ante la requisa de los teléfonos móviles
El Diario de Mallorca se querellará contra el juez Florit.

Más de 1500 periodistas firman un manifiesto en defensa del derecho a la información

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha defendido este miércoles la decisión del juez.

Los entresijos

Durante el verano de 2013  unos exámenes amañados para acceder al cuerpo de policía municipal,
hizo saltar las alarmas. Ese día se levantó la tapa de la alcantarilla. Mallorca comenzó  a recordar a Sicilia. A partir de pinchazos telefónicos, seguimientos y registros coordinados por el juez Manuel Penalba y el fiscal Miguel Ángel Subirán, afloró todo lo demás: el submundo de la noche en Palma gobernado por docena y media de policías municipales sin escrúpulos, matones que sacaban sobresueldos de extorsionar –o simplemente complacer– a empresarios corruptos. La competencia que no pagaba vivía amedrentada.

Según detallan los informes policiales, lograron hacerlo porque gozaban de protección política para hacer y deshacer a su antojo. La causa acumula testimonios de primera mano. Uno de los municipales, tras ser cazado haciendo trampas en las pruebas para ascender en el escalafón, contó a los investigadores, que en realidad el suyo no era un cuerpo de élite, sino "un grupo sectario al servicio de determinados intereses policiales y políticos que no eran legales".

"Por interés político o policial se trataba de colocar a personas en determinados puntos estratégico por razones de conveniencia".

Uno de los  agentes interrogados confesó haber oído a un oficial de la Policía Local presumir de impunidad:
"Mientras esté en Le Cort (la sede del Ayuntamiento) el enano, a nosotros no nos pasará nada". El enano, según el agente, era Álvaro Gijón, entonces concejal en el Ayuntacomiento de Palma

El "caso Cursach'  es una consecuencia del destape de la supuesta trama. Se descubrió la  connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y los policías locales de Palma y Calvià para favorecer a los negocios del empresario Cursach , intocable dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La fiscalía anticorrupción y el juez Manuel Penalva que investigaban desde hace años una trama de corrupción en la Policía Local de Palma y Calviá sospechaban que Bartolomé Cursach, el gran magnate del ocio nocturno de Mallorca, forjó su imperio a costa de comprar a agentes y mandos del cuartel municipal para cubrirse las espaldas ante inspecciones y multas. Creen que el empresario amasó su ingente fortuna extorsionando y amenazando a la competencia para destruir sus negocios o quedarse con ellos, según han relatado como testigos algunos históricos de la noche palmesana y antiguos trabajadores.

En este entramado habrían participado, presuntamente, políticos como el exdelegado del Gobierno y 'exconseller' de Interior José María Rodríguez, y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón. Ambos están suspendidos por el PP.
Testigos portegidos  han relatado en el juzgado que el magnate compensaba con fiestas con prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos que favorecían sus negocios.

El juez Manuel Penalva, quedó apartado del caso "por pérdida de apariencia de imparcialidad" tras ser recusado por dos de los investigados. Antes había sido objeto de manifestaciones a la puerta de su juzgado en las que cientos de personas, muchos de ellos empleados de Cursach, encabezadas por su letrado Vicente Campaner, le acusaban de corrupto tanto a él como al fiscal Miguel Ángel Subirán, quienes también fueron objeto de querellas por supuesta animosidad contra Cursach y algunos de los policías investigados.

Testigos protegidos han denunciado sobornos, chantajes y palizas en un sumario que obligó al juez y al fiscal a solicitar permiso de armas por miedo a las amenazas Algunos han tenido que marcharse de la isla por las palizas y amenazas de 'matones'. Hasta un 10% de la plantilla de la Policía Local de Palma ha estado de baja desde la apertura del caso.

El sustituto del instructor inicial es el magistrado Miguel Florit, que firmó la orden de intervención de los teléfonos móviles y los equipos informáticos de los redactores de Diario de Mallorca y Europa Press. Este juez separó la investigación principal en dos piezas y ordenó que continuará como procedimiento abreviado contra Cursach y otras 23 personas la parte relativa a posibles delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de drogas. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en atención a dos recursos, determinó que continuara unida a la causa

Florit ha permitido que Navarro, el ex jefe de policía de Calviá que había estado en prisión preventiva regrese al cuartel, a pesar de que la fiscalía anticorrupción se oponía. El juez se basó en un informe de la propia policía local. Previamente había levantado las medidas cautelares a otros 4 policías más también en contra del criterio de la fiscalía.

El juez apartado, Manuel Penalba relató en el programa de guardia Hoy por Hoy de la Cadena Ser el calvario sufrido durante años. Comentó cómo trataron de quemarle el coche. Aseguró que habían dibujado pistolas en su casa. Y explicó que tanto Subirán como él se han visto obligados a salir a la calle armados –la Guardia Civil les autorizó a ello en enero de 2016.

“El fiscal ha sufrido más, porque empezó antes que yo en esta investigación. A veces es de manera sutil, por ejemplo, verse rodeado de policías locales cuando está nadando. No son hechos denunciables, son miradas, son actuaciones, conductas que provocan una intimidación”, completó, recordando que también algunos testigos de la causa han sido agredidos.

Ahora los que corren peligro de ser juzgados y condenados son los investigadores, el juez y el fiscal.




A ver si ganan los malos...
                                    Actualización 

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