viernes, 13 de diciembre de 2019

Aqbar, la justicia y el derecho a las aguas privatizadas.





La noticia ha pasado prácticamente desapercibida, al menos fuera de Cataluña, El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la sociedad mixta Aigües de Barcelona y ha anulado la sentencia que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016 en la que había estimado los recursos de los grupos competidores de Agbar, presentados por Aguas de Valencia, Aqualia y Acciona Agua y le había dado la razón a las empresas demandantes que habían aducido que no habían justificado lo suficiente por qué no se hacía un concurso público para entregar la gestión del agua adjudicando la concesión a dedo a Aqbar.

El TS ha avalado la constitución de la sociedad encargada de la gestión del agua en Barcelona y en 23 municipios más. Una  empresa mixta creada en 2012 y controlada en un 70% por Agbar, en un 15% por el área Metropolitana de Barcelona (AMB) y en otro 15% por Criteria Caixa. El TS  sostiene que el proceso sí se ajustó a la legalidad.
 Con esta sentencia Aqbar se jugaba su futuro empresarial y la continuación de la privatización del agua.

El texto avala asimismo la legalidad del procedimiento empleado por la administración para adjudicar el servicio -el negociado frente al de concurrencia-, ya que el mismo se encuentra amparado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 "La resolución judicial avala que Aigües de Barcelona sea la gestora del ciclo integral del agua hasta el año 2047, en el territorio del área metropolitana de Barcelona", ha concluido Agbar.

El gobierno de Ada Colau había mostrado su intención de municipalizar el agua si el Supremo confirmaba la sentencia del TSJC. Ha ocurrido lo contrario, lo que permitirá a la sociedad mixta, una empresa privada  seguir suministrando el agua de Barcelona.
En cuatro sentencias que han sido notificadas este miércoles a las partes, el Supremo respalda la justificación de necesidad, alegada por Agbar, de otorgar el contrato a la empresa mixta, sin que existiera una alternativa o sustituto razonable, y sin que la ausencia de competencia sea el resultado de una restricción artificial de los parámetros de adjudicación de la concesión, tal y como argumentaba el TSJC.

En cuanto a los procesos de privatización de servicios en régimen de monopolio, tanto gobernantes neoliberales como multinacionales procuran por todos los medios que sean irreversibles, incluido el judicial. Se trata de evitar que cuando el poder político cambia se puedan revertir y pasen de nuevo a públicos los servicios privatizados.
Primero con contratos ad hoc, luego con leyes (La Unión Europea también trabaja en ese sentido favorece las privatizaciones mediante leyes, directrices etc. ) y al final con sentencias.
La última instancia la tiene el poder judicial.

Si la sentencia favorable a Aqbar (filial del grupo Suez) pasó desapercibida, todavía ha pasado más  la celebración a finales de septiembre del 2012 en la Torre Agbar  de  un "Foro de Derecho de Aguas" con la asistencia de una treintena de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de diferentes comunidades autónomas y de la Audiencia Nacional, "con el objetivo de ampliar su formación" en relación con la "doctrina jurídica del agua".
El presidente de Aqbar, Ángel Simó inauguró en su día el evento al que acudió también Fainé, el presidente de La Caixa, accionista de Aqbar, (su matriz es GDF Suez).

Previamente el CGPJ, en el 2011, junto Agbar crearon un foro estable y entre sus objetivos "figuraba unificar criterios normativos" para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua".

Y ahora, después de "unificar criterios" en un foro de derecho de "aguas privatizadas", el TS sentencia a favor de Aqbar.

Aquí el Foro de "ampliación de formación"

       


Ada Colau no ha querido pasar por alto la sentencia del Tribunal Supremo sobre la privatización del agua en Barcelona. La alcaldesa de la ciudad ha cargado con dureza contra el fallo y ha llegado incluso a insinuar influencias de Agbar, propietaria del 70% de las acciones de Aigües de Barcelona, empresa mixta encargada de la gestión del agua. “La causa ha cambiado tres veces de sala hasta llegar, oh casualidad, a la sala que determinó que la sentencia de las hipotecas no se podía aplicar”, ha censurado Colau en declaraciones en Rac1.

 A pesar de que el Supremo ha dado validez a cómo se constituyó la sociedad mixta, la dirigente ha buscado lanzar un mensaje a Agbar. En este sentido, ha avanzado que no se van a dejar “intimidar por esta decisión” y que el Ayuntamiento de Barcelona va a seguir “trabajando por remunicipalizar el agua”. En este sentido, ha recordado que la gestión pública del agua “cuenta con el 80% del apoyo de la población”.

 Mientras, ha tachado de “extraño” que el Supremo presentase prácticamente una “enmienda a la totalidad” al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que detectó irregularidades en la creación de Aigües de Barcelona. Ahora el tribunal ubicado en Madrid ha tumbado directamente la sentencia de sus compañeros catalanes. “No puedo hacer una afirmación categórica, pero no es sólo el agua. Son las hipotecas y otras causas del Supremo que generan perplejidad […] 

Cada vez que hay causas mayores que afectan a grandes intereses económicos hay sentencias que van en contra del sentido común”, ha afirmado. La primera edil de Barcelona ha llegado a aseverar que “hay un mal funcionamiento de la cúpula judicial, que requiere que se revise”. 

Respecto a Agbar, Colau ha denunciado que desde “hace años” que en el Ayuntamiento de Barcelona se sienten “acosados con este tema”, que ya ha suscitado bastantes “datos curiosos” como que la multinacional “tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para poder hacer formación a sus jueces en materia del agua”. “No nos dejaremos intimidar. No hay que especular con el agua”, ha concluido.

 
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https://www.angelesgarciaportela.com/2014/04/aquagest-tras-la-pokemon-cambia-de.html
https://www.angelesgarciaportela.com/2013/11/el-agua-y-el-veneno-de-la-privatizacion.html