Decía Ignacio Escolar que "Cuando al PP le va mal en un juicio no cambia de abogado. Cambia de juez". Ahora gracias a la jueza Alaya, sabemos que lo hace el PPSOE.
Lo sabíamos pero la jueza Alaya lo certificó.
Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE y provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio.
"En los primeros años, le interesaron estas causas al PP porque estaba en una lucha política con el PSOE para sacar rendimiento político a los temas judiciales que pudieran afectar a los socialistas, pero cuando irrumpieron en la escena política otros partidos políticos emergentes, sin pasado político, como Ciudadanos o Podemos, los partidos tradicionales tenían que protegerse uno al otro y proteger así el bipartidismo, creándose una pinza entre el PP y el PSOE, lo cual se evidencia incluso desde el plano político por la escasa presencia o preeminencia de la oposición del Partido Popular en Andalucía.
Un testigo protegido en el caso de los cursos de formación, ha denunciado presiones y acoso por parte de la Junta. Eso no anima mucho a otras personas para destapar presuntos casos de corrupción. Este señor se vio acosado mucho antes de que declarara judicialmente como testigo, porque él intentó desde dentro poner orden y denunciar todas estas irregularidades que se estaban poniendo de manifiesto. Lo que hicieron fue arrinconarlo en un despacho, sin ningún ordenador, sin posibilidades de trabajar ni ejercer ninguna labor profesional, quitándole todas las funciones que desarrollaba...
Es lamentable el poder que puede ejercer la Administración pública sobre determinadas personas, un poder coercitivo, el mismo que en ocasiones ha intentado ejercer sobre mí la Junta de Andalucía. Imagino que en el caso de otras comunidades autónomas habrá otros jueces que habrán pasado por el mismo calvario".
"Habrá otros jueces que habrán pasado por el mismo calvario"... y habrá otros jueces que se habrán plegado a las presiones.
Explica también "el modus operandi" para apartarla de las macrocausas.
La jueza Alaya pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial recabando compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se la iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal, le dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza.
Pues bien, lo cuenta en primera persona:
¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos!
En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas. ¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación? Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas.
En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave.""
La jueza Alaya, sostiene que la corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere:
"Por ejemplo el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación.
Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación. El ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar para malversar.
Eso ocurre en casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con una resolución injusta. Si comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión.
También deberían contemplarse penas de cárcel para la autoridad o funcionario público que reclame aranceles, derechos o tarifas que no existan o sean superiores a las existentes, así como para el funcionario que asesore a personas o entidades privadas de las que dependa que luego tengan relación con su propia actividad en la función Pública.
También debería castigarse con prisión a quien falsifique las cuentas de una entidad pública, ya que normalmente se falsifican para maquillarlas y sólo se castiga con pena de prisión cuando se le cause un daño a dicha entidad. De hecho, en el delito societario sí se contemplan penas de cárcel para ese mismo hecho cuando por parte del administrador de una sociedad mercantil.
Que hayan impedido autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para investigar casos de prevaricación los retrata.
Actualización
Las causas han caído curiosamente en manos de la polémica juez María Núñez Bolaños, cuya cuñada trabajaba en la zona cero de los ERE, controlando los pagos en la Agencia IDEA, y cuyo marido es amigo íntimo del ex consejero de Justicia Emilio Llera.
Cuando María Núñez Bolaños se hizo con el codiciado juzgado vacante de Mercedes Alaya, su marido, el médico forense Julio Guija Villa ya trabajaba a pocos metros de donde la magistrada tiene su centro de operaciones desde junio de 2015. Tanto Julio Guija Villa como su hermana María están en nómina de la Junta de Andalucía.
La fiscalía anticorrupción ha recurrido las numerosas desimputaciones de la juez María Núñez Bolaños desde que cogió las macrocausas de los fraudes masivos multimillonarios de los ERE y los cursos.
Enlaces
http://www.abc.es/espana/abci-mercedes-alaya-claro-recibi-presiones-politicas-entre-ellas-alfonso-guerra-y-susana-diaz-201805210404_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mercedes-alaya-psoe-y-pp-quitaron-miedo-investigara-cursos-formacion-201805202133_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mercedes-alaya-prevaricacion-deberia-castigarse-carcel-madre-todos-delitos-corrupcion-201805210405_noticia.html
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