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domingo, 25 de febrero de 2018

La gran estafa de la intervención social





Artículo titulado "La gran estafa de la intervención social" del Colectivo No a O’Belen, publicado en Diagonal, Viernes 4 de septiembre de 2009. Número 108.
Es oportuno recordarlo ahora que Consuelo García del Cid está investigada por su libro "El desmadre de los servicios sociales" y por su intervención en el Senado.


Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante conllevan situaciones en las que muchas personas necesitan de la solidaridad del resto. Situaciones que no han pasado desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo largo del siglo XX, fue surgiendo el concepto de “servicios sociales”.

Sin duda, una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha arrancó concesiones y obligó a los Estados a destinar una parte importante del dinero público a las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida a todas las personas. Ésta es la base ideológica del llamado “Estado del bienestar” que durante décadas imperó en los países capitalistas avanzados.
Este sigue siendo el concepto que sobre los servicios sociales impera en el ideario colectivo. Pero bajo el modelo capitalista, incluso los grandes avances sociales conquistados tras décadas de lucha, pueden verse distorsionados, hasta volverse en su contrario incluso. Ya hace mucho que el genio literario de Orwell nos advertía del peligro de perder el poder sobre el lenguaje, ya que pensamos (y por tanto actuamos) en base a conceptos lingüísticos. Y esto es lo que ha pasado con los servicios sociales: seguimos pensando en ellos en su concepto original, pero nos han dado el cambiazo al modificar sus funciones reales, sin que nos hayamos percatado siquiera.

A día de hoy, la función principal de los servicios sociales es la elaboración de informes. Es más fácil entender lo que decimos con un ejemplo. Pongamos el caso de un niño que muestra un comportamiento conflictivo en el colegio. El orientador del centro elaborará informes sobre el niño, que finalmente elevará a la inspección educativa, donde algún técnico derivará el caso a los servicios sociales del Ayuntamiento, tras el preceptivo informe. Los técnicos municipales citarán a la familia, que empezará a ser investigada, y será objeto de nuevos informes. Desde el Ayuntamiento se hará un seguimiento del caso, seguramente a través de alguna ONG concertada para tal fin. 

El educador de dicha ONG elaborará nuevos informes, donde se hablará del desempleo del padre y sus problemas con el alcohol, y de la desatención que sufre el niño también por parte de la madre, que pasa muchas horas fuera de casa. El caso será derivado a la Consejería de Bienestar Social de turno, donde nuevos informes apuntarán a la necesidad de tutelar al menor por estar en situación de riesgo y desamparo.

El niño irá a un centro de acogida, donde nuevos informes decidirán su futuro. Hay que fijarse en la cantidad de instituciones, ONG y recursos que se están dedicando al niño, cuánta gente está ganando un sueldo sin dar ninguna solución real a la familia. ¿Dónde está la famosa redistribución de la riqueza? Porque el padre sigue siendo un parado de larga duración y la madre sigue viéndose obligada a desatender su propia casa para atender la de los demás y ganar así algo de dinero para sustentar a la familia.

Pero ahora ya no podrán ni quejarse: son objeto de investigación (y por lo tanto al menos sospechosos de ‘algo’), su intimidad avasallada y además tendrán que ser sumisos y obedientes ante las órdenes de los servicios sociales para evitar que alguien escriba en un informe aquello de ‘actitud oposicionista ante la intervención’ y no perder así definitivamente a su hijo legalmente secuestrado.
De la idea de organizar mecanismos de redistribución de la riqueza, ha surgido un todopoderoso Gran Hermano, muy eficaz como cuerpo parapolicial de control social, y muy hábil también a la hora de hacer desaparecer ingentes cantidades de dinero público entre sueldos y ‘gastos de gestión’ de las distintas ONG y fundaciones, que a los servicios sociales hace ya que les llegó también lo de la externalización de servicios. Sin embargo, la ineficacia a la hora de resolver los problemas reales de las personas a las que ‘ayudan’ es asombrosa.

Por decirlo a las claras, tras la intervención de los servicios sociales, los pobres siguen siendo pobres, pero ahora están ‘fichados’ y vigilados. Es más, mientras que el enorme ejército de asistentes, trabajadores sociales, educadores, integradores, etc., crece exponencialmente, los índices de pobreza y exclusión social no sólo no disminuyen sino que tienden a crecer.
¿Podemos entonces concluir que los servicios sociales no funcionan? En absoluto. Desde el punto de vista de la clase dominante funcionan a la perfección. No sólo han sido capaces de crear un sistema tremendamente burocrático y represivo tan sibilino como eficaz a la hora de mantener a raya a la pobreza y ocultarla, sino que además han conseguido que sea económicamente rentable. Le han dado la vuelta a la tortilla y hemos pasado de la redistribución de la riqueza a la mercantilización de la pobreza.

La patronal ha encontrado una nueva fuente de negocio a través del desvío de dinero público hacia sus bienintencionados bolsillos, y además han conseguido coartada ideológica: el sistema funciona bien, y los pequeños desajustes se solucionan gracias a los generosos recursos que las administraciones destinan a fines sociales. Quien a pesar de esto se encuentra en la pobreza y la exclusión es por su propia voluntad. Y además, le quitan armas a los ya indefensos… ¿con qué legitimidad vas a rebelarte contra quien te ayuda?

lunes, 29 de enero de 2018

Consuelo García del Cid de denunciante a denunciada


El pasado día 16 ha tenido  que declarar dede Barcelona por videoconferencia en calidad de investigada Consuelo Garcia del Cid.

Todo el mundo sabe quién es Belén Esteban, casi nadie sabe quién es García del Cid, en virtud de esa desinformación selectiva que practican los medios tradicionales de comunicación. A Consuelo solo la conocen y bien, las víctimas de bebés robados que suelen ser mujeres y pobres. La zona gris de la sociedad, esa que no se visibiliza, y lo que no se ve, no existe.

Pues bien, de denunciante, ha pasado a denunciada, situación típica en este país en este momento, en donde el establishment se defiende como puede al verse amenazado. García del Cid fue acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”.  El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra un juez, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio magistrado. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación  (opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714 ) Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad, amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres, reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima.

Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella. Concluye el parlamentario.

Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas (despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales) por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas.

El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid.

Al respecto, el diputado David Carracedo añade hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué debe ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.

Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado, que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas.

No sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

Leer el artículo completo
https://familiasendesamparomallorca.wordpress.com/2018/01/13/a-mi-me-han-dado-con-la-ley-mordaza-en-toda-la-boca/

Enlace relacionado 
http://www.angelesgarciaportela.com/2017/09/consuelo-garcia-del-cid-y-el-desmadre.html

martes, 6 de agosto de 2013

Privatizando privatizando, los vamos empleando.

Que mala suerte. Estas cosas suelen circunscribirse a cotilleo entre conocidos, la prensa respeta la omertá. Ha tenido que dispararse un tiro un empleado del centro de día para mayores Antonio Gandoi de Lugo, centro de colaboración público-privada, gestionado por la empresa Alalás, para que nos enteremos que el empleado era hijo de la anterior concejala de Benestar Social, ahora de Cultura Turismo, Juventud y promoción de la lengua. ¡Casualidad¡
Los políticos son grandes defensores de externalizar y de reducir el funcionariado, el acceso al cuerpo se presenta difícil, y en una época de paro masivo y del sálvese quien pueda, la empresa agraciada con la concesión  siempre puede colocar a un hijo, una novia, en fin, alguien allegado, hecho que lo separa del batallón de  parados y excluídos,  que el Estado abandonó a su propia suerte.
 El interés en privatizar no es exclusivo del PP. El  PSOE gobierna  en Lugo. Hasta Lugo se adhiere al Consenso de Washington

Antecedentes

En el 2010 apareció una noticia en la prensa : El concello de Lugo adjudica a la empresa Alalás
La gestión de las cincuenta plazas del centro de día Antonio Gandoy, situado en el Carril das Hortas. En el concurso participaron otras dos empresas: Atendo y Cogami, y el importe asignado al servicio es de 392.790,60 euros. La adjudicación definitiva tendrá lugar en un plazo de dos meses, y el contrato se fijará por un plazo de un año, prorrogable hasta cuatro.

Un dato
Las plazas en centros de día suponen el servicio más caro de los que ofrece el Concello y a la vez el más subvencionado, puesto que de los 758 euros de media que cuesta al mes por usuario, los beneficiarios pagan según sus ingresos y hasta un máximo de 450 euros,
O Coordinador Comarcal de Esquerda Unida Moncho Vázquez e o responsable de Políticas Locais Carlos Portomeñe, compareceron hoxe en rolda de presa para instar ao Goberno municipal a proceder coa inmediata remunipalización dos servizos que as diferentes forzas políticas, ó fronte do Concello, levan privatizado ao longo do tempo.
Moncho Vázquez insistiu en que “a maior parte dos servizos públicos xa están privatizados a través de mais de 40 concesións que abarcan a prestación de servizos no eido educativo, socio-cultural, limpeza, transporte, vixianza etc, unha labor privatizadora que pretende verse culminada coa privatización do servizo mais básico e elemental como é a auga, no que o goberno de López Orozco ten pensado constituír unha empresa mixta”.

O Coordinador comarcal de EU-Lugo engadiu que “a nova Lei de Bases de Réxime Local que vai aprobar o Partido Popular, pretende blindar as privatización dos servizos e impedir a súa remunicipalización, polo que cómpre devolver o seu carácter público ós servizos privatizados para non ter que lamentar despois impedimentos legais”.Un Partido Popular que en verbas do representante de Esquerda Unida“critica de xeito demagóxico a externalización de servizos no Concello mentres o Goberno Popular da Xunta, privatiza a sanidade e o ensino e leva adiante unha política de recortes nos servizos públicos sen precedentes”
Pola súa banda o responsable de Política Local de EU, Carlos Portomeñe declarou que“a privatización de servizos públicos está detrás da maior parte dos casos de corrupción que afectan ao concello de Lugo, no que as concesións dos servizos públicos forman parte das tramas de clientelismo, trafico de influencias, suborno e enriquecemento ilícito nas que están imputados Liñares e Orozco entre outros”.
Portomeñe aclarou que “o cadro de persoal de 700 traballadores do Concello está perfectamente cualificado para desempeñar con eficacia e eficiencia a prestación de servizos públicos mentres que os traballadores necesarios dos servizos remunicipalizados, poden converterse en persoal laboral”
Portomeñe afirmou que “a remuncipalización dos servizos privatizados permitiría un aforro de 34 millóns de euros anuais para as arcas do Concello e garatiría un funcionamento mais transparente dos servizos municipais” e ofreceu un desglose dos principais servizos en función do seu custe e aforro.
Servicios privatizados.
Otra casualidad : Víctor Manuel Pérez López, consejero único de Alalas, la empresa concesionaria y parte contratante del hijo de la concejala, (antes de Servicios Sociales y ahora de  Cultura, Turismo, Juventud y promoción de la lengua),  figura también como presidente de A  Billarda empresa que tiene también la concesión de varios servicios municipales relacionados con deportes, ocio,  juventud y Lenguas:
Xestión Casa das Línguas
A Billarda
84.000
Ociotecas
A Billarda
134.000
Actividades deportivas
A Billarda
637.000
Actividades Extraescolares
A Billarda
214.000  
Axuda no Fogar
Alalás
2.113.000
Centro de día
Alalás
187.000
Centro de Día Antonio Gandoy
Alalás
392.000


http://esquerdaunida-lugo.blogspot.com.es/2013/07/pola-remunicipalizacion-dos-servizos.html

Políticos y empresarios se desviven por la colaboración público-privada

La noticia:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/08/06/trabajador-dispara-pierna-centro-dia-lugo/0003_201308G6P12991.htm

Enlaces relacionados:
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=Spark_Novas&cid=1227514828023&idioma=es&pagename=Lugo%2FSpark_Novas%2FLugoNoticiaDetalle
Actualización
http://www.abc.es/local-galicia/20131119/abci-nepotismo-lugo-basadre-201311191011.html