El médico y las monjitas cogieron al recién nacido y lo llevaron al quirófano de al lado, donde le cortaron los dos brazos. Luego dijeron a la doliente madre que el niño había nacido así, al tiempo de mostrarle un catálogo de prótesis de titanio muy baratas. Entre tanto, los miembros amputados viajaban dentro de una nevera portátil hacia otro quirófano donde un matrimonio de millonarios acababa de tener un hijo sin brazos. Tras recibir el cheque, un equipo de expertos implantó las extremidades arrebatadas al niño pobre en el cuerpo del niño rico, donde, gracias a los análisis previos, encajaron a la perfección.
Esta noticia es falsa, al menos de momento, y porque la cirugía no ha alcanzado aún un grado de perfección tal que permita extraer un ojo de la cara a un bebé proletario para cedérselo a otro con posibles. De ahí que los médicos malos y las monjitas perversas hayan venido arrebatando a las mamás con dificultades económicas el niño entero: una amputación que no deja rastros aparentes. Su bebé ha muerto, le decían a la pobre mujer, mientras el fruto de sus entrañas viajaba a la habitación de al lado, donde era adquirido por una señora adinerada que había simulado un embarazo con cojines de plumas y náuseas artificiales.
Amputación e implante. Pura magia. Nada por aquí, nada por allá. En la habitación 665 se lloraba por el bebé falsamente muerto mientras que en la 666 se abría una botella de champán por el alumbramiento apócrifo. Cuando la desconsolada madre solicitaba ver el cuerpo de su hijo, sacaban un cadáver auténtico del congelador, le daban seguramente un toque de microondas, y se lo mostraban desde los pies de la cama. Todo desde esa normalidad atroz con la que discurren las horas y los días.
Ahora ya no hace falta robar bebés, como "las ciencias avanzan que es una barbaridad", con los vientres de alquiler, implantan un embrión rico en un útero pobre. Artículo de J.J Millás aparecido en El País ( si no existiese Millás, habría que inventarlo) https://elpais.com/elpais/2018/06/28/opinion/1530199563_973822.html
El pasado día 16 ha tenido que declarar dede Barcelona por videoconferencia en calidad de investigada Consuelo Garcia del Cid. Todo el mundo sabe quién es Belén Esteban, casi nadie sabe quién es García del Cid, en virtud de esa desinformación selectiva que practican los medios tradicionales de comunicación. A Consuelo solo la conocen y bien, las víctimas de bebés robados que suelen ser mujeres y pobres. La zona gris de la sociedad, esa que no se visibiliza, y lo que no se ve, no existe.
Pues bien, de denunciante, ha pasado a denunciada, situación típica en este país en este momento, en donde el establishment se defiende como puede al verse amenazado. García del Cid fue acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”. El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra un juez, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio magistrado. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación (opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714 ) Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano. Con miedo a la verdad, amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.
Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres, reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima.
Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella. Concluye el parlamentario. Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas (despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales) por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas.
El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid.
Al respecto, el diputado David Carracedo añade hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué debe ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.”
Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado, que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas.
No sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años. Leer el artículo completo https://familiasendesamparomallorca.wordpress.com/2018/01/13/a-mi-me-han-dado-con-la-ley-mordaza-en-toda-la-boca/
Cuando comento este relato a mis amigos, en principio no me lo creen, cuando les digo que se puso en conocimiento del Senado, comienzan a pensar que puede ser verdad, entonces, como ocurrió cuando en su día les comenté que la banca estaba estafando con preferentes (algunos incluso las tenían y no lo sabían), se desasosiegan, no solo por las víctimas sino por el pavor que da vivir en un país en
donde se producen tales inseguridades jurídicas.
¿Cómo es posible que consiga el establishment silenciar los hechos?: Con la complicidad de los medios.
El pasado día 30 de agosto fue el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, por tanto también Día de los Bebés Robados, menores y adoptados ilegales y sus familias. Pudiera parecer que estas desapariciones solo se produjeron en el pasado. No es cierto, se sigue produciendo, ahora no se arranca el bebé de su madre al nacer, alegando que nació muerto. Ahora se priva a la madre de sus hijos con métodos más sutiles, vía los servicios sociales, es decir con cobertura legal ¿Legal?.
Consuelo García del Cid, periodista, escritora, feminista, defensora de las víctimas de un colectivo oprimido: la mujeres pobres, escribió un libro en el que denuncia cómo las madres "económicamente débiles" (neolengua) se ven privadas de sus hijos, aplastadas por una burocrática maquinaria que al final, como siempre aparece el beneficio de los "de siempre". García del Cid publicó un libro titulado "El desmadre de los servicios sociales", en él explica que se le ha dado todo el poder a los servicios sociales, sin necesidad de un juez para decidir separar a los hijos de las madres y como los informes son múltiples y el caso pasa por varios técnicos, las responsabilidades son compartidas.
Solo saltan a la palestra aquellos casos en los que los tribunales obligan a devolver al menor a la madre biológica, pero muchas madres carecen de recursos para acudir a los tribunales. Pues bien, con el inicio de la crisis los casos se han multiplicado. Madres que acuden a servicios sociales para solicitar ayuda económica, se sitúan en el punto de mira, así que entran en su casa, se cuestiona su aspecto, su modo de vestir, si llevan tatuajes y a veces acaban perdiendo la tutela de sus hijos.
Cuando algún medio se interesa por el caso, la respuesta de los servicios sociales es siempre la misma: como son menores no pueden dar información.
Por eso hay muchas mujeres que no acuden a los servicios sociales por miedo a perder a sus hijos, porque saben que acudir a pedir ayuda económica, las sitúa en la diana.
El pasado mes de mayo, Consuelo García compareció en el Senado
exponer el flagrante negocio de los Centros de Acogida, de cómo se les arrebatan los hijos a las madres. De cómo se ha negociado con las venta de estos niños, aprovechando la precaria situación de esas madres, algunas menores de edad, para entregar esos niños a familias acomodadas.
Comenzó su exposición explicando como las instituciones de "protección" al la mujer y al menor se "aggiornaron"con la Transición, pero como ocurre con casi todas, están en manos de los mismos.
COMPARECENCIA EN EL SENADO DE CONSUELO GARCIA DEL CID
El Patronato de de protección de la mujer, explica, dependiente del Ministerio de Justicia se creó en 1902, se disolvió en la Segunda República y en 1941 reaparece de nuevo presidido por Carmen Polo de Franco y se mantuvo ¡hasta 1985¡. velaba por las menores "caídas" o en riesgo y "caída" podía ser cualquier cosa, actuar contra los rigores familiares, manifestarse contra el régimen, saltarse las clases, estar en situación de abandono, etc. Esto podía suponer un encierro en un reformatorio disfrazado de convento donde se mantuvo un sistema penitenciario hasta 1985.
Las congregaciones religiosas auspiciadas, eran entre otras Trinitarias, Adoratrices, Monjas Oblatas, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, entre otras. El Patronato de Proptección a la Mujer fue una "Gestapo a la Española" contaba con Celadoras Vigilantes, mujeres que se paseaban por las las calles buscando menores de "actitud sospechosa"a las que se enviaban al COC (Centro de Obsevación y Clasificación), dirigido por monjas Trinitarias, allí a las mujeres se les hacía un examen ginecológico y se las clasificaba en "completa" o "incompleta", según fuesen vírgenes o no para adjudicarle un reformatorio más o menos riguroso.
A las que se rebelaban las enviaban al psiquiátrico de Ciempozuelos. Si se quedaban embarazadas se las enviaba a la maternidad de la Almudena, que hasta 1969 la gestionaba las Siervas de la Dolorosa y posteriormente la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas. hasta 1983 que abandonaron el centro alegando la persecución del PSOE hacia la Iglesia.
Las Cruzadas Evangélicas, especialistas en trato vejatorio, a las embarazadas las exhortaban a que firmasen la adopción de sus hijos a favor de familias pudientes, alegando que iban a tener una vida que ellas nunca les podrían dar.
En 1983 las competencias se trasladan a las Comunidades Autónomas se produce el primer traspaso de funciones en Galicia al Patronato de la Mujer, lo firma un tal Mariano Rajoy y Elías García, En Madrid el traspaso lo firma Joaquín Leguina. En el 2002 se premió a las Adoratrices con la Cruz de Plata de la orden civil de a solidaridad social . En el 2012 se concede la misma condecoración a las Oblatas. En el 2015 se premia de nuevo a las Adoratrices, se les concede el premio Derechos Humanos Rey de España.
Ahora, las mismas ordenes religiosas auspiciadas por el Patronato de la Mujer dependen de los servicios sociales subvencionadas por las Comunidades Autónomas, y el gobierno central se ha encargado de que esas órdenes gestionen los centros de menores. Han cambiado las formas, pero no el fondo. Desde 1985 cualquier autonomía a través de sus técnicos sin formación universitaria pueden resolver apartar a los hijos de su familia sin que medie un juez o fiscal. Esto se llama "resolución de desamparo" que se ejecuta de forma automática.
Desde entonces es muy alarmante el número de secuestros institucionales de menores por las administraciones públicas contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Extensión de la indefensión del régimen dictatorial, que si antes actuaba contra las mujeres ahora se cierne también contra los niños. Los menores son arrancados de los brazos de sus madres por policías, esto sucede a diario.
En el 2015, más 42.000 menores fueron separados de sus madres. ...
En pleno siglo XXI es posible que un técnico de la administración con un motivo no tasado en la ley decrete la separación contranatura de una madre de su hijo de un día para otro, sin razones de peso y sin conceder derecho de defensa y evitando todo tipo de comunicación entre la madre y el menor, éste con una situación peor que un preso, con informes "ad quo" sin intervención ni autorización de su madre que hasta entonces era guardia y custodia del menor.
El derecho de una madre es vulnerado en favor de intereses espurios de terceros y para la obtención de réditos económicos sin que medie la justicia.
¿Donde se nos garantiza a las mujeres un estado de derecho?
Ni el Ministerio fiscal, representante del menor, jueces y magistrados aparecen en escena dejando a la madre en la más absoluta indefensión.
No existe intervención judicial, el fiscal de turno olvida el informe obligado por ley cada 6 meses. Esto ocurre todos los días sin que nadie haga absolutamente nada.
La impunidad es el resultado de la no transparencia de los procesos. Un tupido velo de oscuras mentiras separa las acciones impunemente por parte de las Administraciones Públicas...
Ahora este velo ha caído puesto que vds. senadores y senadoras tienen la oportunidad de conocer los presuntos delitos y el privilegio de poder acabar con ellos restaurando la decencia y la humanidad en la administraciones públicas contaminadas por la avaricia puesto que nada corresponde al "interés superior del menor": la administración pública obtiene de 4000 a 6000 euros mensuales por cada menor desamparado, ingresado en un centro de menores, dinero que no se revierte en el menor sino en fundaciones privadas de origen tan misterioso como sectario. Algunos menores acaban adoptados por miembros de la administración.
El CGPJ no controla el monopolio de la ley realizado por magistrados octogenarios que aplican el derecho de forma parcial... Un poder judicial anclado en el pasado, un pasado que refiere 30000 niños desaparecidos. Tras semejante sinrazón se encuentra la intromisión ilegítima de la Iglesia en un estado de derecho a través de las sectas de poder que se encuentran tanto en la administración publica como en la de justicia.
Cuántos años debemos esperar para que se reconozca de forma oficial lo que se conoce como retirada de tutela, un sistema que no es mas que la legalización y extensión de un sistema que permitió robar más de 300.000 niños.
Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa como se queda una madre a la que le arrebatan a su hijo,
Qué es peor perder una casa o perder un hijo? Se robaron bebés en los años 80 y 90, Franco estaba muerto y enterrado y estamos aquí por la sustracción de menores recién nacidos y adopciones ilegales en España.
Como muestra aludiré al año 1987, Clara Alfonsa Reinoso Cervilla tenía 14 años cuando quedó embarazada, tras pasar por varios centros siendo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (DGAIA). En su caso están implicados personajes muy poderosos de Cataluña. Teresa Cervelló Nadal, la primera mujer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la que recoge a la joven para entregarla a la "Casa de la Jove".
La cuñada de Teresa Cervelló, era Nuria de Gispert abogada del centro casa de la Jove y ex presidenta del Parlamento Catalán.
Clara Alfonsa fue conducida a la clínica Dexeus para dará a luz, la durmieron y le dijeron que era un varón y había muerto.
Margarita Robles Fernández, en aquel entonces la máxima autoridad del tribunal de menores, recibió la notificación del embarazo de Clara Alfonsa a través de la policía de Calella. Margarita Robles solicitó la tutela de la menor por desamparo, el 10 de julio de 1987, se deshace el desamparo desde el primer momento que se planea el robo del bebe y lo firma margarita Robles y la menor queda oficialmente abandonada a los 15 años.
En mayo de 2013 Clara Alfonsa recibe una llamada en la que se le comunica que había tenido una niña no un varón y no estaba muerta, la estaba buscando.
Nunca dejaron de robar niños.
Apelo a la confianza que me asiste desde la verdad y afirmo que se continua robando niños en España desde la administración pública y los servicios sociales.
LA INTERVENCION COMPLETA
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Pacto de silencio para un atropello y estafa a las mujeres pobres.
