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jueves, 5 de diciembre de 2024

El Juez Marchena y la justicia amordazada o bunquerizada. (Actualización)

               Semblanza del Juez Marchena por los medios convencionales 

Manuel  Marchena deja la Sala Segunda Tribunal Supremo  aunque continuará de magistrado raso en la misma sala. No podía acceder a un tercer mandato. La sala segunda o de lo penal es competente para investigar y juzgar a las personas aforadas. Llegados a este punto esto es muy importante. 

De ahí la alegría de Ignacio Cosidó cuando en su día manifestaba que el PP controlaba la sala desde la puerta de atrás, y mostraba también su satisfacción por el nombramiento, en aquel entonces, de Manuel Marchena, que iba a ser nombrado presidente del CGPJ. Al hacerse público el comentario, Marchena renunció.

Con motivo de la salida de Marchena de la presidencia de la sala segunda,  Ignacio Bermudez de Castro, abogado y asiduo colaborador en La Voz de Galicia le dedica un artículo. En  dicho artículo cita a Carmen Posadas comentando que en la presentación de su último libro en A Coruña, mencionó que la idea de dicho libro la obtuvo tras una charla con Marchena  del que dice que es "un hombre de una cultura y de una bonomía fuera de lo común". 

Continua alabándolo Bermúdez de Castro, recordando cómo dirigió el juicio del procés. afirmando que estuvo soberbio. «Con puño de hierro en guante de terciopelo»,  y diciendo que pasará a la Historia, ya no por cómo dirigió el juicio, sino que era "la única forma" y  "pasará a la historia de nuestros procedimientos judiciales como paradigma de saber hacer y estar". 

Este artículo, no solo se publica en La Voz de Galicia para que se enteren los gallegos de lo genial que es el juez Marchena, se publica también en La Voz de Asturias, para que se enteren también los asturianos. 

En su loa no hay un solo dato que avale sus afirmaciones.  A ver lo que dice Estrasburgo de la sentencia del "Proces"

Otra semblanza 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/2024/12/05/hombre-estado-dijo-basta-juez-marchena-112343999.html                                                  

                                         Otros ángulos, con datos. 



El Diario Público resalta el cariz ideológico de sus sentencias, pero para la derecha, si el sesgo es hacia su terreno, las sentencias son desideologizadas.

                                                   Caso Atutxa, sentencia enmendada

Público recordando toda su trayectoria, se remonta a la inhabilitación de Juan María Atutxa cuando era lendakari en 2003 y a otros dos miembros de la mesa del Parlamento Vasco, Knorr y Bilbao, la Sala Especial del T S ordenó la disolución de los grupos vinculados con Batasuna en las instituciones vascas. La Mesa de la Cámara vasca decidió no disolver Sozialista Abertzaleak (SA), denominación que adoptó Batasuna tras su disolución, porque la sentencia del Supremo no hacía mención a ese partido en concreto, además el Lendakari alegó que la disolución de SA requeriría de la modificación del reglamento.

Manos Limpias interpuso una querella por un delito de desobediencia a la autoridad judicial,contra Atutxa,  y Knorr y Bilbao.  El TS el Superior de Justicia del País Vasco absolvió a Atutxa porque consideró que no había hallado una fórmula legal que le permitiera disolver al grupo. Pero Manos Limpias (cuyo líder Miguel Bernard ha sido condenado a 4 años de prisión por extorsionar a bancos) recurrió en casación al Supremo. 

En 2008 la Sala de lo Penal del Alto Tribunal estimó por mayoría el recurso de Manos Limpias y, en una sentencia cuyo ponente fue Manuel Marchena, condenó a Juan María Atutxa a un año y seis meses de inhabilitación para cargo público y multa de 18.000 euros, mientras que Bilbao y Knörr fueron sentenciados a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa. Los condenaron pidieron amparo al Tribunal Constitucional, que se lo denegó. Años después, en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por haber vulnerado el derecho a un juicio justo y con todas las garantías de Atutxa, Knorr y Bilbao

El Tribunal de Estrasburgo consideró que el Supremo "llegó a su conclusión por deducción, sin escuchar a los interesados, que no tuvieron la oportunidad de exponerle las razones por las cuales negaban haber tenido una intención fraudulenta".

Dos años después el Supremo tuvo que revocar la  sentencia condenatoria firmada por Marchena.


 Caso Alberto Rodríguez, sentencia enmendada

    

Alberto Rodríguez en 2016 fue elegido como diputado por Podemos. Así que como había sido activista y en 2012 ya había sido detenido durante las manifestaciones del 15 M, ¡El 20 de enero de 2021¡  la sala segunda del  Tribunal Supremo, que presidía Marchena,  imputó a Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad y falta o delito leve de lesiones por incidentes ocurridos en 2014.​ En octubre de 2021 le condenó por atentado a la autoridad, teniendo que pagar una multa de 540 euros en compensación por evitar la pena privativa de libertad y siendo inhabilitado para el ejercicio de cargo público, en contra de un sólido informe de los abogados  del congreso.  Marchena, advertía de que la inhabilitación de Rodríguez era "obligada". Fue finalmente inhabilitado como diputado el 22 de octubre de 2021. 

En enero de 2024, el Tribunal Constitucional falló que Rodríguez no debería haber sido condenado a prisión, sino simplemente a una pena pecuniaria, por lo que no debería haber perdido su escaño.

 Objetivo cumplido. Su escaño no le fue devuelto

                                                         Caso Garzón 

Para terminar Marchena participó en los tres procesos que sentenciaron e inhabilitaron  a Baltasar Garzón durante 11 años, la pena se extinguiría al cumplir los 65 años. El ex juez en su libro "En el punto de mira" sospecha las relaciones de Marchena con abogados de la Gürtel entre ellos Luis Rodríguez Ramos.Ambos se ocupaban de la formación de una comisión institucional jurídica destinada, a controlar las intervenciones telefónicas.  
Garzón fue inhabilitado por las escuchas de la Gürtel, denunciado precisamente por abogados de la defensa. También cita entre las amistades de  Marchena  estaban José María Michavila y Ángel Acebes, ministros del Gobierno de José María Aznar. 

Garzón recurrió la sentencia y  El comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha concluido, en un dictamen sobre la inhabilitación de Baltasar Garzón, que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y no respetó el derecho del juez a un proceso «con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial». Y pide a España que borre los antecedentes penales del ex magistrado y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”. Aunque el dictamen no es vinculante, se trata de un duro varapalo al Supremo. ;

La hija de Marchena
 

Su hija logró como fiscal la plaza número 36 de las 35 que se habían convocado en 2018. Es decir, se inventó o se reasignó una plaza para Sofía Marchena. Sofía Marchena  había aprobado en 2016 las oposiciones a la carrera judicial, decantándose a la hora de elegir plaza por una de jueza, en vez de por ser fiscal. Es esa una decisión irreversible. 

Pero una enfermedad la impidió continuar el curso en la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona. El reglamento indica que un alumno que no supere el primer curso tiene que repetirlo con los miembros de la siguiente promoción. Sin embargo, en lugar reincorporarse al año siguiente a la Escuela Judicial para ser jueza, Sofía Marchena fue incluida en la promoción de 2018 como fiscal, en una jugada inédita y muy polémica emprendida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tuvo incluso que rebajarle la nota que había obtenido en la oposición para hacerla encajar en la última plaza de nueva creación en la carrera fiscal y así "no perjudicar a nadie", se alegó entonces desde el CGPJ. 

El asunto se complicó más porque el entonces teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, incumplió presuntamente su deber de abstención a sabiendas al solicitar la inadmisión e inmediato archivo de la querella interpuesta por la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ante la designación a la carrera fiscal de la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo. Navajas había presidido el tribunal calificador de la oposición de Sofía Marchena a la Escuela Judicial. 

Si llega a ser la hija de alguien de Podemos o del PSOE no creo que hubiese tenido tanta suerte a juzgar como se suelen desarrollar los hechos. 

La mayoría de la población, la que solo lee medios convencionales se quedará con que fue un gran juez y que el  PSOE tiene secuestrado el poder judicial. 



                                              Independencia del poder judicial 


              La desinformación asalta a uno, la información hay que buscarla

                                                                    ADENDA


El juez Marchena acaba de escribir un libro "La Justicia amenazada", el libro comienza diciendo :«¿De quién depende el Fiscal? Pues ya está» frase que ue pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de noviembre de 2019 en una entrevista que el periodista Íñigo Alfonso le hizo en el programa Las Mañanas de RNE. También se podría preguntar de quién dependen los jueces del PP. En el libro habla de las presiones que se ejercen hacia el Poder Judicial, pero no cita "el voluntarismo libremente ejercido por algunos jueces por ejemplo en el caso Neurona contra Podemos y el modo con que se investiga al Psoe y al partido del Gobierno, ni recuerda el caso de Zaplana libre por terminal que vio morir a tres papas, sin consecuencias para los que promovieron su excarcelación. La justicia más que amenazada está desprestigiada. El equidistante Marchena, dijo :no quisiera arrastrarles al pesimismo ... Cuando las leyes no responden a las notas de generalidad y abstracción, cuando el legislador aprueba leyes con nombre y apellidos, se resienten otras de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos”. El día que dijo eso, Marchena estaba tocado con el birrete de doctor honoris causa otorgado por la Universidad CEU Fernando III, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdeP). Como se dice en el Evangelio de Mateo: “El que quiera entender, que entienda”. Tomado de El País. Enlaces relacionados

https://diario16plus.com/actualidad/la-hija-del-magistrado-marchena-podria-haber-sido-nombrada-ilegalmente-funcionaria-por-la-mujer-de-pablo-llarena_100369_102.html

https://www.publico.es/politica/marchena-juez-estrella-derecha-deja-sala-penal-anos-boicot-gobierno-sanchez.html?utm_medium=social&utm_campaign=Publico&utm_source=Twitter#Echobox=1733262720-1

https://www.publico.es/politica/nombramiento-hija-fiscal-victoria-juez-marchena.html#analytics-noticia:contenido-enlace

https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13117569/12/24/ocho-magistrados-pugnan-por-la-presidencia-de-la-audiencia-nacional.html

https://www.publico.es/politica/whatsapp-controlaremos-sala-segunda-detras-portavoz-pp-destapa-whatsapp-falta-independencia-judicial.html

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2024/12/04/juez-marchena/0003_202412G4P14991.htm

https://www.eldiario.es/canariasahora/constitucional-da-razon-alberto-rodriguez-anula-condena-carcel-le-dejo-escano_1_10838552.html

https://www.eldiario.es/politica/final-caso-alberto-rodriguez-amparo-no-le-devuelve-escano-debio-perder_1_10883333.html

https://www.publico.es/politica/batet-comunica-alberto-rodriguez-perdida-condicion-diputado.html#analytics-noticia:contenido-enlace

https://www.publico.es/politica/juez-marchena-responde-congreso-inhabilitacion-alberto-rodriguez-obligada.html

https://www.elplural.com/sociedad/la-reasignacion-de-plaza-sin-precedentes-de-la-hija-de-un-juez-del-supremo_200801102

https://www.elplural.com/politica/espana/abogado-consigue-absolucion-pequeno-nicolas-hijo-juez-marchena_330582102

https://www.elmundo.es/cronica/2018/11/29/5bf84549468aeb2d658b4674.html

viernes, 12 de junio de 2015

Schola Iuris y el laberinto del Minotauro



En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama Schola Iuris, fue creado en 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid.
Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su "punto fuerte en el magnífico plantel de profesores", según anuncia su web. La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y exjefe de la UDEF José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, exjuez del Supremo y exvocal del Consejo del Poder Judicial.
En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el 'caso Gürtel', como diputados autonómicos o exalcaldes del PP madrileño.


Schola Iuris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos

El reglamento de la Carrera Judicial permite a los magistrados compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia o la investigación jurídica. Para ello deben solicitar un permiso al Consejo declarando el tiempo dedicado a la actividad o la remuneración. En caso contrario, la comisión competente denegará la petición cuando su ejercicio pueda impedir el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad del juez.
El hombre que ha reunido a este "magnífico plantel" para su oferta académica privada se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de Schola Iuris, cuyo campus académico está en la planta 18 de la Torre de Cristal, ubicada en el nuevo centro financiero del paseo de la Castellana.
'Causas' políticas
Hasta aquí el contexto de Schola Iuris. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la "intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares". Un ambito cercano a Schola Iuris.
Cenyt Argo tiene una sociedad matriz, Cenyt Consultoría. Es una empresa surgida en 2006 con un capital de 684.000 euros, que ahora asciende a 2,4 millones. Su objeto es el asesoramiento de empresas e instituciones en proyectos de análisis y gestión de recursos humanos. El enlace entre ambas mercantiles es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, quien fuera apoderado y presidente de Cenyt Consultoría.
Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el nombre de Villarejo ha salido a la palestra por sus menciones en los casos 'Emperador (Gao Ping)' y el 'ático de Ignacio González'; la fortuna suiza de Francisco Granados que derivó en la 'operación Púnica', con los Pujol o en el 'caso del pequeño Nicolás' por su guerra interna con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, cesado en abril.
Todo este paisaje de relaciones empresariales y casos judiciales con implicaciones políticas deriva en último instancia en Schola Iuris. Por ejemplo, en el 'caso Nicolás' o en el de Javier López Madrid (el yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir, investigado por acoso sexual a una doctora apuñalada en extrañas circunstancias), la acusación pública la lleva la Fiscalía de Madrid, con el profesor del centro Manuel Moix al frente. Curioso que en ambos casos el fiscal apenas está investigando y apoya archivar algunas pesquisas. Mientras que en el 'caso de los Pujol' o las escuchas de La Camarga, la investigación policial la ha llevado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la supervisión en su momento de otro profesor de Schola Iuris, el comisario José Luis Olivera, y de su amigo José Manuel Villarejo. Ambos se reunieron en Barcelona con el financiero catalán Javier de la Rosa para tratar estos casos, según éste.
El caso de Olivera es muy particular. Este mando dirigió la UDEF desde su nacimiento en 2005 hasta 2012, cuando fue cesado con la llegada del Gobierno del PP. Bajo su gestión se destapó la trama 'Gürtel' y en enero pasado Interior lo recuperó para liderar un nuevo departamento, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), una especie de CNI policial con numerosos medios a su disposición.

Uno de los docentes estrella del centro, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, fue ponente de la sentencia contra la denominada 'banda del puerto', que se dedicaba a robar cocaína en la zona portuaria de Barcelona y por la que fue juzgado, entre otros 23 procesados, el inspector Antonio Giménez Raso.
Este mando policial fue absuelto de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. La clave fue la anulación de las escuchas que implicaban a este funcionario y a otros siete guardias civiles, quienes formaban un «extraño maridaje» con los narcos en el que «se entrecruzaban toda suerte de relaciones, compadreos y favores de todo tipo» que exceden «en mucho» de lo que, «desde la ética profesional», es esperable de la necesaria «relación entre policía y confidente», afirmó la sentencia de instancia de 2012.
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo presentó recurso de casación contra Giménez Raso y otros tres guardias civiles para revocar la absolución de la Audiencia de Barcelona. El caso lo vio en 2013 un tribunal de cinco magistrados de Sala Penal del Supremo y el ponente del fallo fue el citado Antonio del Moral. En enero de 2014 se declaró nula la sentencia y se dejó en parte sin efecto la apelación del Ministerio Público. El argumento central del juez fue la ausencia de hechos probados y la negativa de la sección a valorar pruebas sin justificación, por lo que devolvió el caso al tribunal catalán para dictar una nueva resolución. Hasta ahora.
Relaciones empresariales
El posible conflicto de intereses entre el juez Del Moral, fiscal de carrera que ingresó en la sala en febrero de 2012 por el turno de reconocido prestigio, y el acusado Antonio Giménez Raso tiene su origen en 'Schola Iuris', el centro jurídico donde el magistrado imparte clases junto a otros dos compañeros en el Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, y José Manuel Maza.
El paisaje es el siguiente: el administrador único de 'Schola Iuris' es Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Éste es, además, consejero de la sociedad Cenyt Argo SL, cuyo objeto social es la «intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares». Un ámbito cercano al instituto 'Schola Iuris'.
Nacida en 2011, el consejo de administración de Cenyt Argo lo integran, además, el abogado Rafael Redondo (socio en la matriz Cenyt Consultoría del comisario Villarejo) y los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, el inspector juzgado en el caso de la 'banda del puerto' cuyos recursos fueron visto por Del Moral, profesor en centro de Ángel Benseny.