Carmen Álvarez-Arenas Cisneros lleva 30 años en política, "sirviendo a España", como proclama en su biografía en su cuenta de Twitter. En el Congreso desde 2008, fue diputada de la Asamblea de Madrid entre 1987 y 2008; secretaria de la Mesa del parlamento regional (entre 2003 y 2005), viceconsejera de Empleo y Mujer con Esperanza Aguirre, viceconsejera de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón (1995-1999) y senadora por Madrid (1999-2003).
Cármen Álvarez- Arenas, "servía a España" de un modo público-privado y subvencionado.
En 2005 Se constituye Centro Especial de Empleo Genser SL (CEE Genser), empresa que gestionaba el marido de Carmen Álvarez, hasta su fallecimiento en 2010, actualmente es la administradora única.
La Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid ha subvencionado con 772.000 euros desde 2007 CEE Genser, Carmen Álvarez-Arenas, ex alto cargo de ese departamento entre septiembre de 2005 y enero de 2008, con Esperanza Aguirre como presidenta autonómica.
Durante tres años, no declaró a la Cámara Baja la existencia de esas subvenciones (decía que sus empresas no tenían "ninguna relación con el sector público" hasta que corrigió su declaración de bienes).
La política y empresaria de la limpieza, número 9 del PP por Madrid en las dos últimas elecciones generales, ha ocultado también al Congreso la existencia de una empresa en República Dominicana que ha multiplicado sus beneficios desde su creación en 2013.
Carmen Álvarez Arenas es hija del militar Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, capitán general con el dictador Francisco Franco y ministro del Ejército durante la Transición.
1977 fue nombrado director de la Escuela Superior del Ejército. El abuelo de Carmen era el general africanista Eliseo Álvarez-Arenas Romero, que fue Inspector General de la Guardia Civil durante el franquismo y Capitán general de la III Región Militar. Su tío, Eliseo Álvarez-Arenas Pacheco, fue Almirante de la Armada Española y miembro de la Real Academia Española.
Carmen Álvarez-Arenas, cuando se hizo público "su olvido" de declarar su empresa en la República Dominicana renunció a su escaño, presentó su renuncia mediante un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja y también firmado por el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, en el cual no da cuenta de los motivos de su decisión. Fuentes del PP han desvinculado su marcha del Congreso de este asunto y han asegurado que llevaba tiempo pensando en dejar la política para centrarse en sus empresas familiares.Va a servir a España pero sin salario público.
El país se divide en los que "sirven a España" y los que "servimos a los que sirven a España"
La memoria tiene que ver con el presente. El pacto constitucional de 1978 no fue un milagro, sino un salto mortal sin red. La cuadratura del círculo, integrar a la derecha franquista con la izquierda retornada del exilio en un nuevo Estado, sin condenar la dictadura ni reivindicar la legalidad republicana de 1931, fue una temeridad, no una proeza.
Sobre una política pública de memoria encubierta plagada de mentiras y manipulaciones, que nunca dejarán de serlo por muy buenas que fueran las intenciones que presuntamente las inspiraron, se levantó el edificio que ahora se desmorona.Durante cuarenta años, hemos acumulado distorsiones inconcebibles en cualquier otra sociedad democrática madura.
Así, España se ha convertido en una pegatina de los fachas, una casa ajena para millones de españoles que nunca tendrán otra. La derecha actúa como si hubiera heredado este país de sus abuelos, que para eso ganaron la guerra, y la izquierda le da tácitamente la razón, aceptando sin rechistar la condición de realquilada con derecho a cocina.
Los progresistas españoles rechazan su propia patria, pero asumen el patriotismo de los nacionalistas, conservadores y clericales, como propio, en una pirueta tan incomprensible desde el punto de vista ideológico como desde el sentimental. La reacción y el progreso se convierten en vapor, conceptos tan difusos que quienes invocan el Estado de derecho no acatan sus reglas, y quienes reclaman democracia olvidan que, en un Estado democrático, la ley garantiza los derechos de los más débiles.
La memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente y, sobre todo, con el futuro. No es una frase hecha, sino la clave de lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Lo han entendido ya?
Réplica de Fernando Salgado al artículo de Xosé Luis Barreiro Rivas, ambos artículos publicados en la Voz de Galicia:
Xosé Luís Barreiro Rivas, querido compañero de página, nunca te deja indiferente: o asientes a sus argumentos -las más de las veces- o te restriegas los ojos, cegados por el resplandor de su pluma brillante, para intentar descubrir el truco del sofista.
Ayer trazó una contundente e ilustrativa parábola para explicar el contencioso catalán. Varias familias -él dice dos, pero en realidad somos diecinueve- emprendimos un viaje a Palencia para contemplar el arte románico, fletamos un microbús con chófer y nos pusimos en camino. A la altura de Villalón de Campos, una familia decide apearse y abandonar el «espacio estratégico común», lo que significa una ruptura unilateral que causaría enormes perjuicios a todos los implicados. Magistral.
Ni un solo pero -acaso yo hablaría de furgoneta, en vez de microbús, porque el Estado autonómico me parece perfectible a estas alturas- cabe oponer a la alegoría. A la desleal familia de la barretina y la estelada no se le puede permitir que, violando el Código de Circulación y todas las normas de seguridad vial, se arroje a la carretera en plena marcha. El problema estriba en que la metáfora se detiene en Villalón de Campos.
¿Y después, qué? Si la familia rebelde se empecina en apearse, ¿qué hacemos? ¿Los encadenamos al parachoques trasero y los llevamos a rastras, quieran o no quieran, para que cumplan el compromiso constitucional que contrajeron en su día? Es una posibilidad que seguramente baraja más de uno, puesto que el monopolio de la fuerza lo detenta el Estado, pero esa vía conduce indefectiblemente a un desenlace fatal.
Desemboca en el final que precisamente se trata de evitar. No queda otra que negociar. A calzón quitado, sin apriorismos ni líneas rojas. La ley hay que cumplirla, cierto, pero las leyes cambian y pueden ser modificadas cuando existe un acuerdo mayoritario para hacerlo. El inmovilismo y la apelación al imperio de la ley pueden parar un referendo ilegal y restablecer el orden público, que no es poco, pero no sirven para frenar los procesos sociopolíticos.
Tal vez, para reconducir el procés, se haga necesario cambiar de microbús, reemplazar al conductor y modificar la ruta. A las pruebas me remito. Cuando nuestra furgoneta emprendió la marcha, solo un tercio de la familia catalana viajaba a disgusto y el resto daba por bueno el Estatut que Guerra había pulido en el Congreso y Rajoy -¡y ERC!- combatía con recogida de firmas y recursos de inconstitucionalidad. Al llegar a Villalón, la mitad de los catalanes estaban cabreados y querían apearse.
Prefiero no pensar cómo se encuentra la correlación de fuerzas en este momento: lo comprobaremos en las próximas elecciones autonómicas. Pero afirmaré que existe un punto crítico que, de ser rebasado, convertirá en imparable el procés y la secesión de Cataluña. Al Gobierno, y a los cuatro partidos mayoritarios, corresponde la responsabilidad -esta vez lo diré: histórica-
de conducirnos a todos juntos a Palencia.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinará todas las actuaciones de la Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra relacionadas con el 1-0 Pérez de los Cobos es alto cargo del Ministerio del Interior desde 2006, cuando lo nombró asesor el entonces titular de la cartera, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantuvo con Fernández Díaz y ahora con Zoilo.
Algunos le atribuyen a Pérez de los Cobos responsabilidad en la reforma laboral. Cuando ya era presidente del TC trascendió que Fracisco Pérez de los Cobos al menos entre el año 2008 y 2013 había sido donante del PP. El listado en el que aparece De los Cobos está en un documento que forma parte del sumario del caso Bárcenas. La donación de 37.4 euros por año coincidía según algunos militantes con la cuota mínima que pagaban los afiliados en Barcelona. El Constitucional acabó defendiendo su militancia.
Cuando cesó como presidente del TC, se apuntó a la pensión que concede a sus ex miembros, a pesar de que podría volver a su cátedra. La pensión supone el 80% del sueldo de su cargo durante un máximo de 24 meses, unos 100.000 euros al año. Esperaba recalar en Estrasburgo y para eso el gobierno cambió las condiciones para los aspirantes que no podrían tener más de 61 años, para así dejar fuera de juego a María Emilia Casas, su principal rival que había cumplido 66 años. El Supremo tumbó el amaño.
Otra casualidad es que el padre de ambos, ya fallecido en el 2011, pediatra de profesión formó parte de la candidatura de Fuerza Nueva en 1977.
Nos enteramos que Yusty firmó el manifiesto fundacional de Libres e Iguales , que en un foro de la carrera judicial realizó el siguiente comentario en un hilo en el que se debatía acerca de Manuela Carmena:
¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable".
Se ha dado también publicidad a muchas de sus ingeniosas frases que el juez soltaba en las aulas como profesor.
En un artículo publicado en ABC en 2005, Yusty Basterreche defendió que el escudo "auténticamente constitucional" es el águila de San Juan porque es el que figuraba cuando el rey firmó la Constitución ya que el escudo de España se adoptó en 1981, al que define como "postconstitucional".
En el año 2007 en la Revista de Historia Contemporánea, cuestionaba la demanda de la izquierda respecto a la ley de Memoria Histórica. Norma que consideraba "estrafalaria" y sin sentido por reabrir un periodo histórico para fijar "una verdad oficial, de obligado seguimiento" y que solamente puede acarrerar que se destapen "viejos odios y recelos": "El Proyecto de Ley va a conseguir que hasta los muertos sean de dos clases, «buenos» y «malos»", lo que le espanta..."Por un lado, representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil, en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que la ganaron."
El magistrado sostenía que "el social-nacionalismo no parece haber aprendido nada" al empeñarse en homenajear "a personajes tan siniestros como Pasionaria, Carrillo o Companys, o hablar con nostalgia de la República, como si semejante régimen no fuese la antesala de la Guerra y los políticos de la misma los grandes fogoneros de la hoguera que vino después
El juez José Yusti Bastarreche, es hijo del almirante de la Armada José Yusty Pita (comandante de la Base Naval de Canarias durante el franquismo, y almirante del buque escuela Juan Sebastián Elcano).
Algún medio lo recoge, pero lo que no figura en ninguna parte, solo se encuentra acudiendo a la hemeroteca es que en 1938 en plena guerra civil José Yusty Pita, padre del juez, entonces teniente de navío se casa con María de la Concepción Bastarreche Moreno hija del Almirante Francisco Bastarreche Díez de Bulnes y de Concepción Moreno y Fernández, hermana de Salvador Moreno Fernández (Almirante y Ministro de Marina de 1936 a 1946 y de 1951 a a 1957) y de Francisco Moreno y Fernandez , que tras la guerra fue gobernador civil de Cartagena, al que Franco le concedió el marquesado de Alborán a título póstumo. Francisco Moreno fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputado por la Audiencia Nacional en el sumario instruído por Baltasar Garzón, por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra civil española y en los primeros años del régimen, y que no fue procesado al comprobarse su fallecimiento. Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó que la calificación de «crímenes contra la humanidad» por parte de Garzón fue errónea, ya que este concepto fue definido con posterioridad a los hechos imputados
Por contextualizar... Enlace relacionado, pero que muy relacionado
Cuando comento este relato a mis amigos, en principio no me lo creen, cuando les digo que se puso en conocimiento del Senado, comienzan a pensar que puede ser verdad, entonces, como ocurrió cuando en su día les comenté que la banca estaba estafando con preferentes (algunos incluso las tenían y no lo sabían), se desasosiegan, no solo por las víctimas sino por el pavor que da vivir en un país en
donde se producen tales inseguridades jurídicas.
¿Cómo es posible que consiga el establishment silenciar los hechos?: Con la complicidad de los medios.
El pasado día 30 de agosto fue el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, por tanto también Día de los Bebés Robados, menores y adoptados ilegales y sus familias. Pudiera parecer que estas desapariciones solo se produjeron en el pasado. No es cierto, se sigue produciendo, ahora no se arranca el bebé de su madre al nacer, alegando que nació muerto. Ahora se priva a la madre de sus hijos con métodos más sutiles, vía los servicios sociales, es decir con cobertura legal ¿Legal?.
Consuelo García del Cid, periodista, escritora, feminista, defensora de las víctimas de un colectivo oprimido: la mujeres pobres, escribió un libro en el que denuncia cómo las madres "económicamente débiles" (neolengua) se ven privadas de sus hijos, aplastadas por una burocrática maquinaria que al final, como siempre aparece el beneficio de los "de siempre". García del Cid publicó un libro titulado "El desmadre de los servicios sociales", en él explica que se le ha dado todo el poder a los servicios sociales, sin necesidad de un juez para decidir separar a los hijos de las madres y como los informes son múltiples y el caso pasa por varios técnicos, las responsabilidades son compartidas.
Solo saltan a la palestra aquellos casos en los que los tribunales obligan a devolver al menor a la madre biológica, pero muchas madres carecen de recursos para acudir a los tribunales. Pues bien, con el inicio de la crisis los casos se han multiplicado. Madres que acuden a servicios sociales para solicitar ayuda económica, se sitúan en el punto de mira, así que entran en su casa, se cuestiona su aspecto, su modo de vestir, si llevan tatuajes y a veces acaban perdiendo la tutela de sus hijos.
Cuando algún medio se interesa por el caso, la respuesta de los servicios sociales es siempre la misma: como son menores no pueden dar información.
Por eso hay muchas mujeres que no acuden a los servicios sociales por miedo a perder a sus hijos, porque saben que acudir a pedir ayuda económica, las sitúa en la diana.
El pasado mes de mayo, Consuelo García compareció en el Senado
exponer el flagrante negocio de los Centros de Acogida, de cómo se les arrebatan los hijos a las madres. De cómo se ha negociado con las venta de estos niños, aprovechando la precaria situación de esas madres, algunas menores de edad, para entregar esos niños a familias acomodadas.
Comenzó su exposición explicando como las instituciones de "protección" al la mujer y al menor se "aggiornaron"con la Transición, pero como ocurre con casi todas, están en manos de los mismos.
COMPARECENCIA EN EL SENADO DE CONSUELO GARCIA DEL CID
El Patronato de de protección de la mujer, explica, dependiente del Ministerio de Justicia se creó en 1902, se disolvió en la Segunda República y en 1941 reaparece de nuevo presidido por Carmen Polo de Franco y se mantuvo ¡hasta 1985¡. velaba por las menores "caídas" o en riesgo y "caída" podía ser cualquier cosa, actuar contra los rigores familiares, manifestarse contra el régimen, saltarse las clases, estar en situación de abandono, etc. Esto podía suponer un encierro en un reformatorio disfrazado de convento donde se mantuvo un sistema penitenciario hasta 1985.
Las congregaciones religiosas auspiciadas, eran entre otras Trinitarias, Adoratrices, Monjas Oblatas, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, entre otras. El Patronato de Proptección a la Mujer fue una "Gestapo a la Española" contaba con Celadoras Vigilantes, mujeres que se paseaban por las las calles buscando menores de "actitud sospechosa"a las que se enviaban al COC (Centro de Obsevación y Clasificación), dirigido por monjas Trinitarias, allí a las mujeres se les hacía un examen ginecológico y se las clasificaba en "completa" o "incompleta", según fuesen vírgenes o no para adjudicarle un reformatorio más o menos riguroso.
A las que se rebelaban las enviaban al psiquiátrico de Ciempozuelos. Si se quedaban embarazadas se las enviaba a la maternidad de la Almudena, que hasta 1969 la gestionaba las Siervas de la Dolorosa y posteriormente la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas. hasta 1983 que abandonaron el centro alegando la persecución del PSOE hacia la Iglesia.
Las Cruzadas Evangélicas, especialistas en trato vejatorio, a las embarazadas las exhortaban a que firmasen la adopción de sus hijos a favor de familias pudientes, alegando que iban a tener una vida que ellas nunca les podrían dar.
En 1983 las competencias se trasladan a las Comunidades Autónomas se produce el primer traspaso de funciones en Galicia al Patronato de la Mujer, lo firma un tal Mariano Rajoy y Elías García, En Madrid el traspaso lo firma Joaquín Leguina. En el 2002 se premió a las Adoratrices con la Cruz de Plata de la orden civil de a solidaridad social . En el 2012 se concede la misma condecoración a las Oblatas. En el 2015 se premia de nuevo a las Adoratrices, se les concede el premio Derechos Humanos Rey de España.
Ahora, las mismas ordenes religiosas auspiciadas por el Patronato de la Mujer dependen de los servicios sociales subvencionadas por las Comunidades Autónomas, y el gobierno central se ha encargado de que esas órdenes gestionen los centros de menores. Han cambiado las formas, pero no el fondo. Desde 1985 cualquier autonomía a través de sus técnicos sin formación universitaria pueden resolver apartar a los hijos de su familia sin que medie un juez o fiscal. Esto se llama "resolución de desamparo" que se ejecuta de forma automática.
Desde entonces es muy alarmante el número de secuestros institucionales de menores por las administraciones públicas contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Extensión de la indefensión del régimen dictatorial, que si antes actuaba contra las mujeres ahora se cierne también contra los niños. Los menores son arrancados de los brazos de sus madres por policías, esto sucede a diario.
En el 2015, más 42.000 menores fueron separados de sus madres. ...
En pleno siglo XXI es posible que un técnico de la administración con un motivo no tasado en la ley decrete la separación contranatura de una madre de su hijo de un día para otro, sin razones de peso y sin conceder derecho de defensa y evitando todo tipo de comunicación entre la madre y el menor, éste con una situación peor que un preso, con informes "ad quo" sin intervención ni autorización de su madre que hasta entonces era guardia y custodia del menor.
El derecho de una madre es vulnerado en favor de intereses espurios de terceros y para la obtención de réditos económicos sin que medie la justicia.
¿Donde se nos garantiza a las mujeres un estado de derecho?
Ni el Ministerio fiscal, representante del menor, jueces y magistrados aparecen en escena dejando a la madre en la más absoluta indefensión.
No existe intervención judicial, el fiscal de turno olvida el informe obligado por ley cada 6 meses. Esto ocurre todos los días sin que nadie haga absolutamente nada.
La impunidad es el resultado de la no transparencia de los procesos. Un tupido velo de oscuras mentiras separa las acciones impunemente por parte de las Administraciones Públicas...
Ahora este velo ha caído puesto que vds. senadores y senadoras tienen la oportunidad de conocer los presuntos delitos y el privilegio de poder acabar con ellos restaurando la decencia y la humanidad en la administraciones públicas contaminadas por la avaricia puesto que nada corresponde al "interés superior del menor": la administración pública obtiene de 4000 a 6000 euros mensuales por cada menor desamparado, ingresado en un centro de menores, dinero que no se revierte en el menor sino en fundaciones privadas de origen tan misterioso como sectario. Algunos menores acaban adoptados por miembros de la administración.
El CGPJ no controla el monopolio de la ley realizado por magistrados octogenarios que aplican el derecho de forma parcial... Un poder judicial anclado en el pasado, un pasado que refiere 30000 niños desaparecidos. Tras semejante sinrazón se encuentra la intromisión ilegítima de la Iglesia en un estado de derecho a través de las sectas de poder que se encuentran tanto en la administración publica como en la de justicia.
Cuántos años debemos esperar para que se reconozca de forma oficial lo que se conoce como retirada de tutela, un sistema que no es mas que la legalización y extensión de un sistema que permitió robar más de 300.000 niños.
Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa como se queda una madre a la que le arrebatan a su hijo,
Qué es peor perder una casa o perder un hijo? Se robaron bebés en los años 80 y 90, Franco estaba muerto y enterrado y estamos aquí por la sustracción de menores recién nacidos y adopciones ilegales en España.
Como muestra aludiré al año 1987, Clara Alfonsa Reinoso Cervilla tenía 14 años cuando quedó embarazada, tras pasar por varios centros siendo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (DGAIA). En su caso están implicados personajes muy poderosos de Cataluña. Teresa Cervelló Nadal, la primera mujer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la que recoge a la joven para entregarla a la "Casa de la Jove".
La cuñada de Teresa Cervelló, era Nuria de Gispert abogada del centro casa de la Jove y ex presidenta del Parlamento Catalán.
Clara Alfonsa fue conducida a la clínica Dexeus para dará a luz, la durmieron y le dijeron que era un varón y había muerto.
Margarita Robles Fernández, en aquel entonces la máxima autoridad del tribunal de menores, recibió la notificación del embarazo de Clara Alfonsa a través de la policía de Calella. Margarita Robles solicitó la tutela de la menor por desamparo, el 10 de julio de 1987, se deshace el desamparo desde el primer momento que se planea el robo del bebe y lo firma margarita Robles y la menor queda oficialmente abandonada a los 15 años.
En mayo de 2013 Clara Alfonsa recibe una llamada en la que se le comunica que había tenido una niña no un varón y no estaba muerta, la estaba buscando.
Nunca dejaron de robar niños.
Apelo a la confianza que me asiste desde la verdad y afirmo que se continua robando niños en España desde la administración pública y los servicios sociales.
LA INTERVENCION COMPLETA
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Pacto de silencio para un atropello y estafa a las mujeres pobres.
Miño es un municipio costero a medio camino entre Ferrol y A Coruña, tiene alrededor de 5800 habitantes, pero en verano cuadruplica su población. Miño es también el municipio donde tenía una casa y veraneaba Fraga y donde gobernó el PP durante décadas.
En este municipio se produce una historia que no tuvo apenas repercusión más allá de la provincia, muchos la desconocen y otros la han olvidado. La prensa suele ofrecer noticias fragmentadas, citan la deuda de Miño, pero no recuerdan cómo se gestó y la achacan a la "burbuja inmobiliaria". Gobierno y empresa privada se han venido aliando en contra de los intereses de los vecinos, incluso en los tribunales. La trama El incio En el 2001 el, por entonces alcalde, Deogracias Romeu que fue edil del PP durante 20 años firmó un convenio con Fadesa que le facultaba para la construcción de una urbanización de 1.200 viviendas, un hotel y un campo de golf "Va a ser el motor del municipio", vaticinaba.
Según este convenio, la promotora debía realizar las gestiones necesarias para adquirir los terrenos con ayuda de la asociación de vecinos, que por aquel entonces presidía el concejal del PP Juan Herva. Fadesa, de Manuel Jove, se erigió como agente urbanizador recurriendo a la expropiación por la vía forzosa de las tierras y pagarlas a precio forestal, casas, molinos etc incluídos. Familias y ancianos fueron desalojados de donde siempre habían vivido y liquidados con cuatro perras.
Fue la primera vez que en Galicia aparecía la figura del agente urbanizador, creada por la ley del suelo de 2002 (recordemos que gobernaba Aznar). El nudo A pesar de las presiones a que fueron sometidas las víctimas, se rebelaron y judicializaron el atropello. Este hecho, dicen "las malas lenguas", le costó en aquel entonces el puesto a un alto cargo de la Xunta, por haber recurrido a la justicia ya que su madre fue desahuciada y despojada de la propiedad. El PP de Galicia había asumido el proyecto como suyo.
El gobierno municipal se negó en su día a reclamar avales a la empresa a pesar de las advertencias de la oposición y del Valedor do Povo. Los expropiados habían interpuesto un contencioso para exigir un "precio justo" por sus tierras, el gobierno municipal evitó reclamar a la promotora que cumpliese el contrato y depositase los avales que garantizasen la diferencia entre el justiprecio reconocido y el que exigían los afectados.
Solo lo hizo cuando la constructora entró en concurso de acreedores, entonces el concello intentó conseguir los avales. Consiguió garantías valoradas en 7,5 millones que, según las estimaciones actuales del Consistorio, rondan ahora los tres millones.
En el 2003 la gestión de la macrourbanización le costó el puesto al alcalde Deogracias Romeu. Juan Maceiras, liderando la Candidatura Independiente de Miño consiguió la alcaldía tras comprometerse a revisar la propuesta de expropiación forzosa. En su primera entrevista concedida como alcalde daba un paso atrás. "Nosotros ahora tenemos poco que hacer, porque el tema está cerrado", argumentaba. No tardó en integrarse en el PP. Durante su mandato se aprueba de forma definitiva en Junta de Gobierno el proyecto de expropiación sin atender las protestas de los afectados. El proyecto se aprobó en junta con el único voto de dos concejales: José María Laya y Rosario Manso. El exalcalde Maceiras y el exedil Manuel Rodríguez se abstuvieron porque tenían terrenos en el sector. La ya exconcejala Eva Vilariño se abstuvo.
En el 2010 El Tribunal Superior falló a favor de los expropiados. Multiplicó por cuatro el valor del suelo: 25,90 euros el metro cuadrado en lugar de los 6,29 fijados por el Ayuntamiento y considera un 25% más por daños morales
Así que concello debe hacer frente a 21 millones de la constructora quebrada Fadesa y el ayuntamiento como responsable subsidiario, es decir los vecinos El Concello de Miño recurrió hasta el final para intentar reducir el importe. Sin éxito. Una vez quebrada Fadesa, que por aquel entonces, Jove el propietario ya se había deshecho de ella (fue adquirida por Martinsa en el 2007) El ayuntamiento debería asumir el pago, dado que Fadesa estaba blindada por el convenio concursal. La mayor liquidación de la Historia
El juzgado rechazó reconocer a Miño acreedor preferente. Decidió excluirlo de la consideración de crédito contra la masa porque el contrato entre Concello y Martinsa-Fadesa que dio origen a esa obligación se firmó "con posterioridad a la declaración de concurso". El Concello ha recurrido ante el Supremo. El desenlace
Los damnificados siguen sin cobrar. Algunos ya han fallecido.
En las últimas elecciones municipales el PSOE fue la lista más votada, pero el PP, que se erige defensor de que gobierne la lista más votada, permitió con sus 6 ediles que fuese investido alcalde Ricardo Sánchez Oroza que solo consiguió 234 de las 3.370 papeletas, el 6% de votos. Sánchez Oroza se presentó por Compromiso por Galicia, haciendo campaña "verdadera opción de izquierdas". El PSOE se había quedado a 66 papeletas de la mayoría absoluta. Ahora Sánchez Oroza gobierna en coalición con el PP.
Miño es el ayuntamiento con mayor déficit económico de toda Galicia. con una deuda de 2.626 euros por vecino.
El Estado le concedió un crédito para resarcir a los damnificados. El Ayuntamiento de Miño sabe que es imposible devolver el crédito al Estado de 12,4 millones de euros en el plazo convenido, así que solicita una ampliación hasta el 2045.
El alcalde, Ricardo Sánchez, también sugirió a los expropiados que renunciasen a los intereses, que podrían rondar los 9 millones de euros."
