Núñez Feijóo lleva seis años gobernando la Xunta de Galicia con el objetivo de privatizar los servicios públicos más rentables y ponerlos en manos de fondos de inversión y empresas multinacionales, que mantienen desde hace tiempo con el Partido Popular lazos de unión muy poderosos. En la tramitación administrativa de estas privatizaciones se ha comprobado graves vulneraciones de la legalidad como la utilización de modalidades de contratos inapropiados y perjudiciales para prestar los servicios públicos.
Este es el caso de la asignación a una Concesionaria Privada de la financiación y gestión del Nuevo Hospital de Vigo en el 2010, para la que la Consellería de Sanidade utilizo el contrato de Concesión de Obra Pública cuando debería haber utilizado el de Colaboración Público-Privada.
El contrato utilizado vulneró la legislación
El contrato con la Concesionaria Privada incluyó prestaciones impropias de los simples contratos de Concesión de Obra como la financiación y suministro del mobiliario general (8,2 millones de euros), los suministros de gas, electricidad etc., la prestación y gestión de servicios (cocina, limpieza, seguridad, desinfección, reprografía, mantenimiento etc.) que para colmo se realizarán en edificios (hospitales del Meixoeiro y Nicolás Peña) que no tienen relación física con la obra concesionada pues están a varios kilómetros de distancia de la misma o la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas como el Laboratorio del Nuevo Hospital. Esto último explica por qué el SERGAS ha decidido arbitrariamente que el Nuevo Hospital no disponga de laboratorio central, que ha sido trasladado al Hospital del Meixoeiro a varios kilómetros de distancia de la obra concesionada, poniendo así en riesgo la calidad y seguridad de las pruebas diagnósticas.
¿Por qué la Xunta utilizó esta trampa legal en el Nuevo Hospital de Vigo?
1.- Para enmascarar la utilización improcedente del Contrato de Concesión de Obra, modalidad que no contempla prestaciones accesorias a las obras de construcción de centros, incluidas en el contrato del Nuevo Hospital de Vigo.
2.-Porque así podía saltarse un punto crítico en la tramitación del contrato para construir el Nuevo Hospital. La Ley 30/2007 de Contratos Públicos exige a los Contratos de Colaboración Público-Privada (no a los de Concesión de Obra) que el expediente integre un Estudio de Evaluación Previa que demuestre objetivamente que el contrato de financiación por el sector privado es la mejor opción para la Administración desde todos los puntos de vista: financiero, jurídico, económico, administrativo, menor coste global, mayor eficacia etc., que a la vista de sus contenidos es imposible de sostener.
3- Para evitar comparar este proyecto con el aprobado por el anterior gobierno que había acordado en el año 2009 de construir el centro con financiación pública mediante la Sociedad Pública de Inversiones de Galicia (S.P.I. Galicia), cuyo coste estaba previsto en 457,6 millones frente a los 1.566,4 de la actual financiación privada. Hay que recordar que nada más llegar a la presidencia de la Xunta Núñez Feijoo anuló el acuerdo de la anterior administración para dar el proyecto a una concesionaria privada en la que participaban personas vinculadas al PP y que ahora forman parte de la administración.
Elena Muñoz que encabeza la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Vigo, jugó un papel clave en esta trama
El día 5 de mayo de 2010 la Intervención General de la Comunidad de Galicia emitió un informe, firmado por la Sra. Elena Muñoz, que entonces lo presidía, favorable a la utilización de esta modalidad de contrato, algo imprescindible para que fuese aprobado por el Consello de Gobierno de la Xunta de Galicia el 6 de Mayo de 2010.
Resulta sorprendente que la Interventora General no detectara la referida vulneración en el contrato (redactado una vez más por la empresa privada Price Waterhouse Coopers (PWC), consultora de cabecera del SERGAS en estas lides): no debió leer todos los documentos ya que de haberlo hecho se hubiera percatado de que contemplaban prestaciones impropias de los contratos de Concesión de Obra y de que la obra del Nuevo Hospital de Vigo ya tenía un plan económico financiero aprobado por el propio gobierno de la Xunta en 2009.
También sorprende que la Sra. Muñoz emitiera su informe en un tiempo record de menos de 24 horas, al firmarlo el mismo día que lo recibió, pese al volumen y complejidad del contrato, y a que la ley da un plazo de 10 días naturales a la Intervención General para emitir sus informes (de 5 días si es declarado de urgente tramitación por el órgano contratante, algo que no ocurrió en este caso).
¿Por qué estas prisas para emitir el informe?
La Xunta sabía que el Ministerio de Hacienda tenía preparado para su inminente publicación el Real Decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El Boletín Oficial del Estado publicó el 24 de mayo este decreto que estableció la necesidad de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda para las fórmulas de contratación de financiación privada.
Dicho informe debe explicitar las repercusiones presupuestarias del contrato y su incidencia en el déficit, dado que estas modalidades contractuales pueden representar un considerable impacto a largo plazo sobre las cuentas públicas. El decreto afecta a todos los Contratos Público Privados que excedan los 12 millones de euros y el de Vigo costará a los contribuyentes más de 1.500 millones.
En resumen, Núñez Feijoo necesitaba acelerar la aprobación del expediente cuanto antes (si el expediente hubiera llegado al Ministerio de Hacienda se hubiera detectado fácilmente la trampa de la calificación indebida y habría sido rechazado) para lo que era imprescindible la colaboración de la Intervención General de la Comunidad de Galicia presidida por Elena Muñoz, que es el órgano de la Comunidad Autónoma de Galicia responsable de fiscalizar y ejercer el control interno de todo aquello que suponga gasto de dinero público.
Posteriormente a esta diligente decisión la Sra. Muñoz fue ascendida por Feijoo a Conselleira de Hacienda y ahora encabeza la lista electoral del PP de Vigo, lo que induce a pensar que en recompensa a una decisión que privatizará y perjudicará la atención hospitalaria de Vigo. Hay que recordar que el contrato dejara el Nuevo Hospital en manos de una concesionaria privada (integrada por empresas con directivos relacionados en aquel momento con el Partido Popular) y por el que la Xunta pagara cuatro veces más a pesar de los recortes de camas, recursos docentes y de investigación, servicios de referencia, equipamiento, calidad de materiales y miles de metros cuadrados de superficie, introducidos en el proyecto inicial para favorecer el negocio a la empresa concesionaria.
Haces pocos días el Tribunal Superior de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda le anuló al SERGAS el Contrato para Suministros de Reactivos y Material para Técnicas Analíticas del Laboratorio del Hospital del Meixoeiro por incluir en el mismo obras de adaptación del servicio además del suministro referido. El Tribunal Superior en su auto calificó la actuación del SERGAS de errónea y vulneradora de los principios legales de transparencia y libre concurrencia.
Además de perjudicial para la asistencia sanitaria, resulta escandaloso que mientras un organismo de la Administración Central anula un contrato de la Xunta por no ajustarse a la legalidad, otro organismo dependiente de la Comunidad Autónoma Gallega haya avalado otro contrato que se podría calificar de erróneo y fraudulento pero que beneficia claramente los intereses del PP.
Pura política bananera al servicio de la privatización, que futuros gobiernos progresistas gallegos deberán corregir y erradicar.
Manuel Martín García | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
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http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/trampas-y-complicidades-contrato-nuevo-hospital-vigo/20150517093650116029.html
Más datos
El grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE)denunció ayer lo que considera un «novo caso de porta xiratoria» en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que consiste en la cesión del servicio de supervisión y control de la calidad de la construcción a un exalto cargo del PP, que tuvo responsabilidades de Gobierno en la Comunidad de Madrid junto al exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes.
La adjudicación la realizó la empresa pública Galaria en favor de la firma Efficientia Clinical Management SL, que según AGE se constituyó ad hoc cuatro meses antes del contrato con un capital de 3.000 euros, el mínimo exigido. La firma, denuncia la diputada Eva Solla, tiene además su sede en el domicilio de Ana Sánchez, exviceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid y obtendrá por esta adjudicación 4 millones de euros.
Eva Solla, portavoz de sanidad de AGE, cree que este asunto «roza a ilegalidade» y reclamó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento, para lo que pedirá el apoyo de otros grupos, con el fin de esclarecer los hechos.
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