"No entremos en guerra con otros vertederos"; "aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión"; "cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta".
Mensajes de este tipo se extraen de los miles de emails que compañías como FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr se cruzaban para repartirse contratos, clientes y territorios, ofertar precios a la baja y expulsar a posibles competidores, entre otras prácticas ilícitas.
Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. En noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”.
Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.
Los grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el ayuntamiento, como así fue. Pero sí habían pactado repartirse el negocio en virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registros realizados en la sede de FCC Medio Ambiente.
Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que
FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.
Según los miles de emails y documentos inspeccionados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres asociaciones patronales.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), así como a otras 35 empresas y a las asociaciones Aselip, Aceser y Arema con un total de 98,2 millones por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano.
Había veces que las empresas y la patronal de turno se unían para tumbar concursos.
Se coordinaban para no acudir o para lanzar ofertas de derribo inasumibles por el ayuntamiento de turno. Aselip, la patronal de empresas de limpieza rápida, consiguió que nadie presentara oferta en la licitación del SELUR madrileño, que quedó desierta.
La CNMC considera que desde el año 2000 hasta, al menos, 2013 estas empresas llevaron a cabo de forma continuada y en numerosas regiones españolas un reparto de las licitaciones públicas en la gestión de residuos industriales, recuperación del papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano.
Cataluña y Andalucía también formaban parte de este acuerdo
Del total de la sanción, la mayor parte, 23,28 millones, ha correspondido a ACS a través de sus filiales Urbaser y Sertego; seguida del grupo FCC, con 16,88 millones; Valoriza (Sacyr) con 15,29 millones; Cespa (Ferrovial) con 13,61 millones o el grupo Saica con 5,3 millones. Todas ellas concentran el 75% de la sanción total.
Fuentes de la CNMC, que aseguran que la resolución tiene su origen en una inspección sobre la gestión de residuos en Baleares y que se trata de una de las más complejas debido al número de empresas involucradas, el volumen de la sanción, la extensión geográfica y la duración en el tiempo.
Para llevar a cabo estas prácticas, las empresas sancionadas se repartían las licitaciones presentando ofertas conjuntas bajo el modelo de UTE o acordaban no concurrir a una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades.
También llegaron a acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores (públicos o privados), al tiempo que se repartían a los nuevos clientes; intercambiaban información comercial sensible;
boicoteaban aquellas licitaciones que no se ajustaban a sus intereses o utilizaban a las asociaciones sectoriales para coordinar las actuaciones y las recomendaciones colectivas.
En el marco de este expediente, que se inició en 2012, la CNMC ha probado la existencia de conductas anticompetitivas en las licitaciones convocadas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013 entre los que destaca el acuerdo de FCC, Cespa y Urbaser en el contrato de limpieza viaria y jardinería, de residuos urbanos de la periferia, o en el contrato de gestión de residuos industriales por 542 millones.
También denuncia un acuerdo entre Cespa, Urbaser y Valoriza para repartirse la explotación de dos plantas de Valdemingómez, así como el acuerdo de colaboración entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir conjuntamente a todas las licitaciones públicas a nivel nacional para el diseño/construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos urbanos.
Dentro del saneamiento urbano, la patronal Aselip elaboró un "Código de Conducta" que recogía recomendaciones para que se respetasen los clientes de los competidores o cuando no ofertar, lo que produjo un perjuicio para entidades locales de Andalucía, Madrid y País Vasco, así como para los contribuyentes.
Las compañías recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa a pesar de que el importe total de la multa representa el 3% de la facturación anual del mercado afectado.
En este país, a las grandes empresas les sale barato jugar sucio y estafar. Para empezar se deberían declarar nulos todos los contratos contraídos con esas empresas y si hubiese nuevas multas, impedir a las compañías hacer nuevos contratos con la administración. Mientras eso
no ocurra estas grandes empresas continuarán sangrando a la ciudadanía, no solo en las basuras sino en otros sectores que también están bajo sospecha..
