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pSiempre que el gobierno toma excepcionalmente tibias medidas, para facilitar el acceso a una vivienda digna, a ese sector de población que se deja más de la mitad de su salario en poseer un techo, los sicarios defensores de la élite, ponen el grito en el cielo, apelando a la sacrosanta propiedad privada y a la seguridad jurídica.
En realidad a las élites, el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica les importa una higa, siempre y cuando no sean las suyas.
Cualquier mínima medida que favorezca a los inquilinos, hace que los gobernantes sean acusados de bolivarianos y sus nombres vayan unidos a la palabra Venezuela. En cambio, si los gobiernos legislan a favor de los poderosos como suelen hacer, son grandes gestores y los medios les apoyan. Eso explica que eligiendo la mayoría a los gobernantes, las desigualdades suelen aumentar porque gobiernan para la selecta y opulenta minoría.
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Los "okupas", están entre las primeras preocupaciones de la población, porque los medios se han encargado de distorsionar la realidad y de ocultar que la mayor parte de las víctimas son bancos, aunque siempre salgan casos de pobres trabajadores como víctimas de la "okupación".
La propiedad privada es sagrada, si coincide con los intereses de los grandes magnates, si entra en conflicto, se acabó el derecho que la derecha considera divino.
En 2013, el Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalición Canaria, aprobó la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, obligando a los propietarios de apartamentos en determinadas zonas a destinarlos al alquiler turístico, lo que les impide residir en ellos o tenerlos como segunda residencia. Obsérvese que siempre que se trata de favorecer a los poderosos y perjudicar al humilde, se encubre bajo la palabra "Modernización".
En 2017, complementó la ley, permitiendo permanecer en el apartamento a los que residían antes de esa fecha. Además de la obligación de alquilarlo, tampoco vale hacerlo por cuenta propia, poner el anuncio y enseñarlo, no. Es obligatorio cederlo a una empresa, para que lo alquile y seguir con ella mínimo 10 años, empresa o agencia que fija el alquiler y a juzgar por las declaraciones de las víctimas suele fijarlo a la baja, por lo que lo consideran una expropiación encubierta, porque prácticamente pasas a ser co-propietario sin poner "el socio" un euro, y todos los gastos corren a cargo "del socio pardillo".
Gente trabajadora que antes de 2017, se compró un apartamento para ir de vacaciones y con la mente puesta en acabar residiendo en él cuando se jubilase, ahora se encuentra que una ley sacada de la manga a instancias del Lobby turístico, se lo impide.
La excusa es que esta legislación persigue, sobre todo, evitar la llamada "residencialización". Es decir, evitar que se conviertan en ciudades las zonas donde turistas se alojan por cortos espacios de tiempo cuando son usuarios con exigencias diferenciadas¡.
Los hoteleros plantean el principio de unidad de explotación que no convivan residentes y visitantes en un mismo inmueble. En cambio, es curioso porque en zonas residenciales de Canarias no hay ningún problema para alquilar pisos turísticos, del mismo modo que en Barcelona permiten y potencian la "turistización", llenar de turistas zonas residenciales. Siempre esgrimen razones, pero nunca las verdaderas.
Donde hay turistas no puede haber residentes, pero donde hay residentes puede haber turistas.
El caso es tan sangrante que se ha creado una Plataforma de Afectados por la Ley Turística, y su presidenta Maribe Betancor, califica la normativa de “inconstitucional”
Javier Rodríguez-Batllori, socio del bufete San Telmo Abogados y Economistas, defiende el abuso alegando que los propietarios ya sabían cuando compran los apartamentos que están destinados a uso turístico. Eso valdría para los que lo compraron después de 2013, pero no para los que compraron antes. y Aún así es cuestionable que se le cambie su finalidad y las normas.
El Defensor del Pueblo, en cambio, dio la razón a los afectados afirmando que “imposición de la unidad de explotación es otra limitación al derecho de propiedad, y además a la libertad de empresa”.
Mientras tanto ya empiezan las sanciones, entre otras a una mujer que tiene el apartamento desde hace 30 años y ahora ya jubilada lo está utilizando como residencia habitual.
En total son seis las sanciones que ha dictado el Gobierno de Canarias durante esta legislatura contra los dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda residenciao que los pretenden alquilar ellos mismos. ¡Comunismo o libertad¡.
Estas cosas no las cuentan en los programas basura, porque los que se creen el rollo de la libertad, seguridad y propiedad, podrían desertar de sus falsas creencias. Es más, en Menéame he visto comentarios de cachorros de ADE, neocon, diciendo que eso no puede ser verdad, que tiene que ser mentira.
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Enlaces:
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística
Viñeta
Coalición Canaria
