lunes, 9 de enero de 2017

El nuevo consejero de Sanidad de Canarias proviene del mundo empresarial sanitario


“Somos un referente dentro del sector sanitario privado de las Islas Canarias” El grupo siempre ha apostado por un modelo organizativo basado en la eficiencia, la gestión de la calidad y la profesionalidad.
Esto decía José Manuel Baltar Trabazo en el 2012, cuando dirigía  el Grupo Hospitales San Roque y el Hospital Clínica San Roque, cuyo germen, la Clínica San Roque, fue fundada en 1920 y sentó las bases de lo que actualmente representa el sector sanitario privado en Las Palmas de Gran Canaria.

El Grupo Hospitales San Roque, está formado principalmente por un conjunto de tres hospitales:
el Hospital Clínica San Roque, un centro de agudos y primero del grupo, ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria; el Hospital San Roque Meloneras, centro también de agudos ubicado en la zona turística del sur de la isla de Gran Canaria, con concesión pública y con visión de hospital comarcal y el Hospital Queen Victoria que es un centro sociosanitario.

El Grupo cuenta con cerca de 800 empleados y factura cerca de 60 millones de euros. Explicaba José Manuel Baltar Trabazo.

El Hospital Clínica San Roque comenzó su andadura en 1920, la  clínica fue pionera en implantarse en la localidad y en sentar las bases de lo que actualmente representa el sector sanitario privado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual el concepto inicial sigue plenamente vigente en la actualidad. La Clínica abrió camino a los que vinieron detrás. Posteriormente, cada organización se orientó hacia un nicho de mercado en función de su ubicación y de sus servicios. Decía.

Hablar de la enfermedad como nicho de mercado pone los pelos de punta.

En el año 2004 nace el Hospital San Roque Maspalomas, tras haber sido adjudicatarios del concurso convocado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para su construcción y su explotación en régimen de concesión administrativa. (Modelo Cunqueiro)
Afirmaba Baltar  que era un Hospital de referencia pública, tanto para la población española, como para la numerosa comunidad extranjera residente. 

¡Un hospital de referencia pública¡ con beneficios empresariales a costa de nuestros impuestos¡
Si voy a un hospital con ánimo de lucro, al menos que me dejen elegir cual, por aquello de la competencia que tanto defienden los amantes de los monopolios cuando son suyos.

Decía también, la  situación actual nos está produciendo recortes y cambios en está relación a casi todos los niveles, pero nuestra voluntad es seguir comprometidos y perdurar manteniendo un servicio de altísima calidad y seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de bienestar de las personas que viven y visitan nuestro entorno, colaborando con el Servicio Canario de Salud.
Siempre está bien obtener dinero público para rentabilizarlo.

Finalmente en la entrevista se marca una loa al IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) lobby de la sanidad privada al que su empresa está adscrito. Afirmaba que gracias a él se logró  por primera vez, que se nos vea al sector privado de salud, no como un competidor, sino como un parte del Sistema Nacional de Salud con calidad asistencial y que permite aportar al sistema valores de eficiencia y satisfacción en los clientes.
Hemos cambiado al paciente por cliente
A nosotros pertenecer a esta Fundación nos parece muy conveniente ya que nos aporta, por un lado, información que nos facilita el acceso a la actualidad y al sentir general del sector; por otro, presencia en foros de opinión y debate nos da una visión externa del sector y también nos permite crear espacios de comunicación y opinión favorable del sector de la sanidad privada. Manifestaba orgullosamente Baltar.
No ocultaba la propaganda que realiza el IDIS en defensa de la sanidad privada y privatizada.

Todas estas declaraciones las realizaba Baltar en una entrevista para una revista que publica el IDIS, en cuyo encabezamiento consta: Publicación de Sanidad privada.


Pues bien, José Manuel Baltar Trabazo acaba de ser nombrado consejero de la Sanidad canaria. Baltar es también vicepresidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), que incorpora a la práctica totalidad de las asociaciones empresariales y empresas del sector de la sanidad privada española y secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de la provincia de Las Palmas.

La prensa convencional en los titulares omite la procedencia de Baltar.



El presidente de Gobierno Canario, Fernando Clavijo, anunciándolo "orgullosamente" en tuiter

Se da la circunstancia, que su  hermana Belén, es en la actualidad responsable de la oficina técnica de seguimiento del privatizado y polémico Hospital Álvaro Cunqueiro, cuya principal misión es el control de la concesionaria que lo construyó y que gestiona los asuntos extrasanitarios del complejo.

Como un mínimo de decencia los nombramientos de cargos deberían recaer en los que creen en lo público y sirvan a los ciudadanos.


Fuente
http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/somos-un-referente-en-el-sector-sanitario-privado-de-canarias
Enlace
https://www.diariofarma.com/2017/01/04/jose-manuel-baltar-nuevo-consejero-sanidad-canarias
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/01/05/presidente-canario-pone-vigues-frente-sanidad-archipielago/0003_201701G5P7991.htm
http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/sanidad-publica-britanica-sufre-crisis-humanitaria_66121_102.html

Recomendable leer artículo acerca del hospital privado pagado con fondos público San Roque Maspalomas. Mario Rodríguez, presidente de la empresa de la que era director , hasta ayer, el actual consejero de Sanidad Baltar se lamenta:
“Hemos perdido mucho dinero apostando por este hospital. Son los equipos políticos (de la Consejería de Sanidad) los que deciden que este hospital superviva o no..."
Ahora el jefe, es uno de los suyos.

sábado, 7 de enero de 2017

Preferentistas italianos salvados, preferentistas españoles estafados






La anomia de la UE

Esta historia se remonta a 2012 y deja a España y a su Gobierno en mala, muy mala posición. Alemania o el Eurogrupo, tanto monta, exigió entonces a España quitas masivas, hasta el 70% en algún caso, para las preferentes. Europa quería rebajar el montante del rescate bancario, que de esa manera quedó en unos 40.000 millones, cuando parecía que iban a ser 60.000.

La banca internacional recuperó todo su dinero, pero el Eurogrupo exigió a los ahorradores españoles un sacrificio sin precedentes, al contrario de lo que sucede en Italia. Mariano Rajoy y Luis de Guindos aceptaron: después se han felicitado por haber indemnizado a unos 350.000 preferentistas (a través de arbitrajes en los que los bancos designaban al árbitro, nada menos, y después de miles sentencias a favor de los clientes).

No había base legal para eso: el Eurogrupo (la institución con menos legitimidad democrática de la UE) usó a España como conejillo de Indias.
Bruselas adoptó, basándose en el modelo español, nuevas reglas en julio de 2013. Y el Consejo y la Eurocámara aprobaron una nueva directiva en 2014. El nuevo principio rector estaba clarísimo: si hay nuevos rescates, los acreedores pagarán el pato. 

Italia es mucha Italia: Roma ha maniobrado para evitar una solución a la española con malas excusas, que van desde el Brexit al riesgo de desestabilización del sistema financiero, incluso al miedo a que una quita de los bonos de mala calidad dé alas a los populistas. El equivalente a las preferentes y la deuda subordinada está muy extendido entre los ahorradores italianos, mucho más que en España en 2012: las consecuencias políticas, esgrime el Gobierno del que se ha apeado Matteo Renzi, serían devastadoras.

 Roma ha decidido aplicar quitas moderadas (del 25%) a los clientes institucionales (los grandes inversores), y presume de que “la protección para los pequeños ahorradores es total”, según su ministro, Pier Carlo Padoan, con una interpretación caribeña —¿siciliana?— de las reglas. Padoan echa mano de la directiva de resolución de bancos para no tocar a sus preferentistas, pero esa directiva dice explícitamente que las recapitalizaciones bancarias cautelares —como la que se aplica a Monte dei Paschi— no eximen del cumplimiento de las reglas de ayudas de Estado, incluyendo las quitas.

Hay muchos matices ahí, pero una cosa está clara: si los preferentistas italianos se libran, el agravio comparativo con España es un escándalo. De los grandes. Italia trata de salir de una crisis bancaria a cámara lenta, fruto de un estancamiento que dura ya 15 años: hasta ahora, el sector ha sabido ir tapando agujeros, pese a que los créditos morosos ascienden a 350.000 millones.

El rescate se ha precipitado esta semana: el Parlamento italiano ha aprobado ayudas por importe de 20.000 millones, aunque algunas estimaciones cifran el agujero de capital por encima de 50.000 millones. Tras meses jugando al ratón y al gato con Bruselas, Roma anuncia que los poseedores de la deuda de peor calidad se irán de rositas. Bruselas, en principio, aceptará si Italia demuestra que la venta de preferentes fue fraudulenta. 

“Ha pesado el hecho de que una quita a los preferentistas habría afectado a la base electoral del Partido Democratico en la Toscana, la región de Mateo Renzi”, subraya Miguel Carrión, del think tank Eurointelligence. El plan es sencillo: el banco convertirá en acciones las preferentes sin quita alguna. Monte dei Paschi canjeará esas acciones por deuda de máxima calidad de nueva emisión. El Ejecutivo italiano comprará las acciones canjeadas. Y aquí paz y después gloria: las reglas son flexibles y todo es perfectamente legal.

Los italianos, maquiavélicos maestros de la táctica, han sabido gestionar el asunto a la perfección. “Papá Noel trae seguridad a los ahorradores y a la economía”, ironizaba este viernes Lorenzo Codogno, exsecretario del Tesoro italiano. Vivimos, en fin, en un mundo nuevo.

Lo de los preferentistas españoles fue en 2012: historia antigua.
Ahora la directiva de resolución (artículo 32.4) permite aplicar las cargas de otra manera; sobre todo si quien las aplica es el país de los Mario Draghi, Pier Carlo Padoan, Marco Buti, Andrea Enria, Ignazio Angeloni y demás mandarines de la economía y la supervisión y resolución bancaria de la UE.

Intenten buscar apellidos españoles de rango similar en las instituciones y verán que la goleada en el Italia-España bancario, un 3-0, pongamos,es merecida. Aunque, eso sí, el punto de vista del Gobierno español será un trasunto de la fábula de la zorra y las uvas: el sainete bancario italiano ha provocado varios años de menor crecimiento en Italia y una prima de riesgo superior a la española. Todo eso es verdad: 3-1. Gana Italia.

Claudi Pérez.

Fuente
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/23/actualidad/1482520699_841025.html
Enlace relacionado
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/23/actualidad/1482522264_044544.html
Antecendentes
http://elpais.com/diario/2007/11/09/economia/1194562801_850215.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/02/actualidad/1372783787_636139.html



lunes, 2 de enero de 2017

Seguimos con las "sanas" costumbres. Indulto a un empresario condenado por estafa



El BOE estrena el  2017 con la publicación de 12 indultos concedidos por el gobierno en el último Consejo de Ministros de 2016. 12, como las uvas. Y como la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, se quedó en agua de borrajas, de nuevo se vuelve a no justificar ni argumentar las razones de los indultos. En los decretos de la pasada Semana Santa sí se había hecho.

Se pasó el tiempo de creer a Ciudadanos cuando Albert Rivera pretendía acabar con la impunidad  y manifestaba  "No podemos tener un sistema de Justicia de amiguetes que acaben indultados" alegando tener interés en eliminar los indultos por corrupción política y permitir que los que se produjeran lo hiciesen exclusivamente cuando exista un informe favorable del Tribunal que juzgó los hechos.

Entre los agraciados figura  un promotor inmobiliario que estafó a varias familias vendiendo viviendas que no iba a construir. José Manuel Magdaleno Hernández les pedía adelantos para la compra de vivienda en urbanizaciones ficticias, en algunos casos no contaba con proyecto de edificación o ni siquiera solicitaba la licencia de obras.

Fue condenado a tres años y seis meses de prisión, a devolver el dinero estafado y a pagar indemnizaciones a sus víctimas, además de a inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para actividades de promoción y construcción inmobiliaria.
Gracias al indulto, la condena queda en dos años y ya podría volver a ejercer.


Cuando se estafa a los humildes, se suele salir muy bien parado.

Fuente
http://elboenuestrodecadadia.com/2017/01/02/el-gobierno-indulta-a-un-promotor-inmobiliario-que-estafo-a-varias-familias-vendiendo-viviendas-que-no-iba-a-construir/

domingo, 25 de diciembre de 2016

Podemos destituye, el PSOE "retira"


Una brutal manipulación en unos textos tan cortos y en un mismo periódico.


Con estos dos titulares se puede deducir "por quien va" la prensa oficial.
Iglesias "destituye", personalizando para que resulte más antipático el dirigente.
El PSOE, nadie en concreto, una entelequia, simplemente retira, hecho que hasta tiene connotaciones positivas recuerda a una jubilación. 
En el caso del PSOE, las diputadas son afines a Sánchez. En el caso de Podemos son "fieles", lo que tiene connotación de secta.
Insistiendo en la misma línea, Iglesias no solo destituye, es que "purga" para evocar el estalinismo.
Todavía hay más, incluye la palabra Guerra, para conseguir un sentimiento negativo.


Lo más chusco es que todo el mundo está convencido de que en política piensa por sí mismo, tiene su opinión propia y la ha elaborado él "solito".

https://www.pressreader.com/spain/la-voz-de-galicia-arousa/20161224/281754153979795
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/12/23/ramon-espinar-cesa-lopez-portavoz-podemos-asamblea-madrid/00031482520094247315102.htm

lunes, 19 de diciembre de 2016

Fidel Castro y la censura




En  la madrugada del sábado al domingo  la cadena SER, transmite el programa de Nacho Ares Ser Historia, por su horario podemos deducir que no forma parte del Soma  que se "distribuye" en la franja horaria de consumo mayoritario.
La pasada semana con motivo del fallecimiento de Fidel Castro, Nacho entrevistó a José Manuel Martín Medem, que fue corresponsal de RTVE en la Habana entre 2001 y 2005.

En la entrevista, Medem explicó las causas del triunfo de Castro, destacó el apoyo de parte de la población y aclaró el error histórico de la malinterpretada frase "Hasta la Victoria siempre".
Cuando Ares le preguntó si había tenido alguna cortapisa en su trabajo como corresponsal para RTVE en la Habana, Martín Medem le contestó que para informar sobre Cuba había dos principios
1) que nunca se pudiera demostrar que lo que se dice no es verdad.
2) Respetar la figura de Fidel y su entorno.
Añadió que había sido corresponsal en Colombia, en donde incluso se asesinaban a periodistas y que Colombia no resiste la comparación.

Obviamente Medem ya no trabaja en RTVE. Escribió entre otros, un libro en el 2007: 'La agonía de TVE, o cómo se destruye la TV pública'




Artículo de Ignacio Ramonet en Público, publicado con motivo del fallecimiento de Fidel Castro

... Cuando la uniformidad mediática aplasta toda diversidad, censura cualquier expresión divergente y sanciona a los autores disidentes es natural, efectivamente, que hablemos de ‘’represión’. ¿Cómo calificar de otro modo un sistema que amordaza la libertad de expresión y reprime las voces diferentes ? Un sistema que no acepta la contradicción por muy argumentada que sea. Un sistema que establece una ’verdad oficial’ y no tolera la transgresión. Semejante sistema tiene un nombre, se llama : ‘tiranía’ o ‘dictadura’. No hay discusión. 

Como muchos otros, yo viví en carne propia los azotes de ese sistema… en España y en Francia. Es lo que quiero contar. La represión contra mi persona empezó en 2006, cuando publiqué en España mi libro « Fidel Castro. Biografía a dos voces » -o « Cien horas con Fidel »- (Edit. Debate, Barcelona), fruto de cinco años de documentación y de trabajo, y de centenares de horas de conversaciones con el líder de la revolución cubana. Inmediatamente fui atacado. Y comenzó la represión.

Por ejemplo, el diario « El País » (Madrid), en el que hasta entonces yo escribía regularmente en sus páginas de opinión, me sancionó. Cesó de publicarme. Sin ofrecerme explicación alguna. Y no sólo eso, sino que –en la mejor tradición estalinista- mi nombre desapareció de sus páginas. Borrado.

Lo mismo en « La Voz de Galicia », diario en el que yo escribía también, desde hacía años, una columna semanal titulada « Res Publica ». A raíz de la edición de mi libro sobre Fidel Castro, y sin tampoco la mínima excusa, me reprimieron. Dejaron de publicar mis crónicas. De la noche a la mañana : censura total. Al igual que en « El País », ninguneo absoluto. Tratamiento de apestado. Jamás, a partir de entonces, la mínima alusión a cualquier actividad mía. Como en toda dictadura ideológica, la mejor manera de ejecutar a un intelectual consiste en hacerle ‘desaparecer’ del espacio mediático para ‘matarlo’ simbólicamente. Hitler lo hizo. Stalin lo hizo. Franco lo hizo. Los diarios « El País » y « La Voz de Galicia » lo hicieron conmigo.

En Francia me ocurrió otro tanto. En cuanto las editoriales Fayard y Galilée editaron mi libro 
«Fidel Castro. Biographie à deux voix » en 2007, la represión se abatió de inmediato contra mí. En la radio pública « France Culture », yo animaba un programa semanal, los sábados por la mañana, consagrado a la política internacional. Al publicarse mi libro sobre Fidel Castro y al comenzar los medios dominantes a atacarme violentamente, la directora de la emisora me convocó en su despacho y, sin demasiados rodeos, me dijo : « Es imposible que usted, amigo de un tirano, siga expresándose en nuestras ondas. » Traté de argumentar. No hubo manera. Las puertas de los estudios se cerraron por siempre para mí. Ahí también se me amordazó. Se silenció una voz que desentonaba en el coro del unanimismo anticubano.

En la Universidad Paris-VII, yo llevaba 35 años enseñando la teoría de la comunicación audiovisual. Cuando empezó a difundirse mi libro y la campaña mediática contra mí, un colega me advirtió : « ¡Ojo ! Algunos responsables andan diciendo que no se puede tolerar que ‘el amigo de un dictador’ dé clases en nuestra facultad… » Pronto empezaron a circular por los pasillos octavillas anónimas contra Fidel Castro y reclamando mi expulsión de la universidad.

Al poco tiempo, se me informó oficialmente que mi contrato no sería renovado… En nombre de la libertad de expresión se me negó el derecho de expresión.

Yo dirigía en aquel momento, en París, el mensual « Le Monde diplomatique », perteneciente al mismo grupo editorial del conocido diario « Le Monde ». Y, por razones históricas, yo pertenecía a la ‘Sociedad de Redactores’ de ese diario aunque ya no escribía en sus columnas. Esta Sociedad era entonces muy importante en el organigrama de la empresa por su condición de accionista principal, porque en su seno se elegía al director del diario y porque velaba por el respeto de la deontología profesional.

En virtud de esta responsabilidad precisamente, unos días después de la difusión de mi biografía de Fidel Castro en librerías, y después de que varios medios importantes (entre ellos el diario « Libération ») empezaran a atacarme, el presidente de la Sociedad de Redactores me llamó para transmitirme la « extrema emoción » que, según él, reinaba en el seno de la Sociedad de Redactores por la publicación del libro. « ¿Lo has leído ? », le pregunté. « No, pero no importa –me contestó- es una cuestión de ética, de deontología. Un periodista del grupo ‘Le Monde’ no puede entrevistar a un dictador. » Le cité de memoria una lista de una docena de auténticos autócratas de África y de otros continentes a los que el diario había concedido complacientemente la palabra durante décadas. « No es lo mismo -me dijo- Precisamente te llamo por eso: los miembros de la Sociedad de Redactores quieren que vengas y nos des una explicación. » « ¿Me queréis hacer un juicio ? Un ‘proceso de Moscú’ ? Una « purga » por desviacionismo ideológico? Pues vais a tener que asumir vuestra función de inquisidores y de policías políticos, y llevarme a la fuerza ante vuestro tribunal.» No se atrevieron.

No me puedo quejar ; no fui encarcelado, ni torturado, ni fusilado como le ocurrió a tantos periodistas e intelectuales bajo el nazismo, el estalinismo o el franquismo. Pero fui represaliado simbólicamente. Igual que en « El País » o en « La Voz », me « desaparecieron » de las columnas del diario « Le Monde ». O sólo me citaban para lincharme. Mi caso no es único. Conozco -en Francia, en España, en otros países europeos-, a muchos intelectuales y periodistas condenados al silencio, a la ‘invisibilidad’ y a la marginalidad por no pensar como el coro feroz de los medios dominantes, por rechazar el ‘dogmatismo anticastrista obligatorio’. Durante decenios, el propio Noam Chomsky, en Estados Unidos, país de la « caza de brujas », fue condenado al ostracismo por los grandes medios que le prohibieron el acceso a las columnas de los diarios más influyentes y a las antenas de las principales emisoras de radio y televisión.

Esto no ocurrió hace cincuenta años en una lejana dictadura polvorienta. Está pasando ahora, en nuestras ‘democracias mediáticas’. Yo lo sigo padeciendo en este momento. Por haber hecho simplemente mi trabajo de periodista, y haberle dado la palabra a Fidel Castro. ¿No se le da acaso, en un juicio, la palabra al acusado ? ¿Por qué no se acepta la versión del dirigente cubano a quien los grandes medios dominantes juzgan y acusan en permanencia? ¿Acaso la tolerancia no es la base misma de la democracia? Voltaire definía la tolerancia de la manera siguiente : « No estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted afirma, pero lucharía hasta la muerte para que tenga usted el derecho de expresarse. » La dictadura mediática, en la era de la post-verdad, ignora este elemental principio.

sábado, 17 de diciembre de 2016

Margarita Garcia-Valdecasas apercibida por el juez Serrano Arnal

El juez que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado efectuar un requerimiento personal a la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Marga García-Valdecasas, para que, "con expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia", los retrasos de la oficina antifraude están siendo constantes en el conjunto del procedimiento.

La ONIF (Oficina Nacional de la Investigación del Fraude) fue precisamente la que dio origen al proceso penal que se sigue contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional al presentar en abril de 2015 una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. La oficina antifraude había acudido previamente a la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó actuar contra Rato al considerar que la investigación no estaba suficientemente madura. La Fiscalía de Madrid, en cambio, hizo suya la denuncia de la ONIF y el Juzgado de Guardia ordenó la detención de Rato el 17 de abril de 2015 para la realización de varios registros en domicilios y empresas.

El punto de partida de la investigación (la existencia de supuestos delitos fiscales) debía ser objeto de un informe definitivo sobre las cantidades exactas que se habrían defraudado, informe que la ONIF ha ido demorando mes tras mes.

En septiembre de 2015 el juez ordenó a la ONIF que procediera "con la máxima urgencia" a indicar "las exactas cantidades supuestamente eludidas".
El plazo ha transcurrido sobradamente sin que la oficina antifraude haya dado respuesta alguna al juez. 
Ante esta situación, Serrano-Arnal ha ordenado a la letrada de la Administración de Justicia que efectúe un requerimiento personal a la directora de la ONIF para que cumplimente lo reclamado por el magistrado, con expreso apercibimiento de desobediencia.

No es la primera vez que la jefa de la oficina de la ONIF, no se pliega al requerimiento del poder judicial.

En su día se negó a atender la petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de cuantificar el supuesto fraude fiscal derivado de las donaciones irregulares recibidas por el PP en el año 2008.  García Valdecasas recordó a Ruz que "el criterio de los técnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formación conservadora no están sujetos a tributación de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos".

Por ello, le anunció que no iba a cumplir su orden y le retó a que buscase a otros expertos para calcular esa cuota. Ruz  en un primer momento se dirigió a los peritos que trabajan con él habitualmente. Sin embargo, ha sido Margarita García-Valdecasas, la que ha contestado. En su respuesta, la jefa de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) le manifestó  al magistrado que “el dictamen emitido por la Agencia Tributaria no puede ser revisado por el órgano judicial penal, pues no tiene ninguna competencia revisora al respecto”. Es decir, que si el juez considera que los pagos ilegales al PP deben pagar impuestos y los técnicos de Hacienda estiman que no, los inspectores no tienen peor qué calcular una cuota con los criterios que marque el juez.

En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le dijo a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda “no resulta provechoso o convincente (…) podrá prescindirse de él” y no tomarlo en consideración como base o fundamento para sus resoluciones. García-Valdecasas le sugiere que si no está de acuerdo con los peritos de la Administración, que recurra “a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta”.

El pasado junio la UCO registró la casa de Margarita, jefa antifraude, ya que su marido Alejandro Pérez Calzada  es sospechoso de introducir fondos millonarios en España de forma ilegal. La operación está relacionada con la «lista Falciani».

Los técnicos de Hacienda pidieron su dimisión alegando que "Si no es capaz de detectar la posible comisión de un delito fiscal en su casa, no parece la persona más idónea para estar el frente de la ONIF". Sin embargo el ministro Montoro la mantuvo.

El matrimonio formado por Alejandro Pérez Calzada y Margarita García Valdecasas lleva un elevado nivel de vida y tiene un patrimonio importante, con vivienda en Madrid, cuatro más en Barcelona, yate y propiedades en Palma de Mallorca.

Margarita García Valdecasas es hija del exrector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo, Federico García-Valdecasas.
Hermana de la exdelegada del Gobierno en esa provincia y exministra de Administraciones Públicas con Aznar, la ya fallecida Julia García-Valdecasas.
Hermana también de Rosario García-Valdecasas nombrada por la misma Margarita inspectora jefa de una de las jefaturas adjuntas de la propia ONIF. Un puesto dentro de los altos cargos de confianza que, además, es el primero que ocupa la hermana de la directora de la ONIF. El ascenso incluye un complemento salarial específico de 41.206 euros, además del salario y el resto de complementos.

Marga, como la suelen llamar, comenzó su carrera en la subdirección general del Tesoro del departamento de Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Fue nombrada para este puesto por el Gobierno de Jordi Pujol en 1983. Asciende a jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, cuando en junio de 2013, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remodela toda la cúpula de la Agencia Tributaria por la polémica con el DNI de la Infanta en el caso Nóos.

¡País¡

Enlace relacionado
http://www.angelesgarciaportela.com/2015/07/margarita-garcia-valdecasas-y-sus.html

viernes, 16 de diciembre de 2016

Autopistas piratas





Tras meses de preparar a la opinión pública con todo tipo de análisis y pronósticos catastróficos respecto a qué pasaría si se dejaba quebrar la autopistas privadas que los gobiernos Aznar impulsaron como parte de sus delirios de grandeza imperial, los piratas de lo público se aprestan para hacerse con otro nuevo botín como parte de su saqueo despiadado de las arcas y bienes públicos. 

Un botín que, además, no deja de multiplicarse como los panes y los peces del milagro. En 2013 eran 3.000 millones, ahora ya son 5.700 millones y calculan los entendidos que acabará rondando los 8.000 millones. Ya saben, estamos en España, ese país donde los millones de euros de las deudas con las grandes empresas se multiplican misteriosamente cuando debemos pagarlas entre todos.

La historia de nuestras autopistas piratas encarna la pesadilla de cualquier buen liberal. Un negocio privado asegurado contra todo riesgo con nuestros impuestos. Autopistas que nadie necesitaba, sostenidas sobre previsiones de utilización de ciencia ficción y construidas con costes inflados que han disparado su coste final hasta el infinito y más allá. Supone la esencia de la famosa fórmula de colaboración público-privada: nosotros asumimos el riesgo y ellos se llevan los beneficios.

Los grandes programas de construcción de infraestructuras públicas han respondido, desde siempre y en buena medida, a las demandas y necesidades de las grandes empresas y corporaciones de nuestro país antes que a la planificación de territorio o la ordenación de las comunicaciones. A cambio de tanta generosidad esas mismas grandes empresas han ido contribuyendo cada vez menos a la financiación de lo público, obteniendo sustanciosos regalos fiscales en el impuesto de sociedades, o recurriendo de manera masiva a la creatividad fiscal y los paraísos fiscales.

Los bancos que ahora se niegan a renegociar la deuda han cotizado a un tipo real medio por debajo del 15% durante los últimos diez años, las constructores por debajo del 11% y los fondos de inversiones por debajo del 4%,… si es que pagaron impuestos. El programa de construcción de autopistas privadas se debió a las exuberantes expectativas de negocio de las empresas que aspiraban a gestionarlas.

La gran recesión ha frustrado tanta proyección milagrosa. El final del drama será un rescate público masivo. Es el crimen perfecto, el sueño más húmedo de cualquier pirata de lo público: facturación millonaria en su construcción, facturación millonaria durante la explotación de la concesión y, si algo falla, rescate gratis total con dinero público. Los viejos piratas, por lo menos, se jugaban la vida y, a veces, hasta su dinero. 

http://www.eldiario.es/zonacritica/Autopistas-piratas_6_590450974.html