domingo, 1 de febrero de 2015

Basura y cártel de la basura




"No entremos en guerra con otros vertederos"; "aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión"; "cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta".
Mensajes de este tipo se extraen de los miles de emails que compañías como FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr se cruzaban para repartirse contratos, clientes y territorios, ofertar precios a la baja y expulsar a posibles competidores, entre otras prácticas ilícitas.

Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. En noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”.

Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.
Los grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el ayuntamiento, como así fue. Pero sí habían pactado repartirse el negocio en virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registros realizados en la sede de FCC Medio Ambiente.

Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.

Según los miles de emails y documentos inspeccionados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres asociaciones patronales. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), así como a otras 35 empresas y a las asociaciones Aselip, Aceser y Arema con un total de 98,2 millones por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano. Había veces que las empresas y la patronal de turno se unían para tumbar concursos.

Se coordinaban para no acudir o para lanzar ofertas de derribo inasumibles por el ayuntamiento de turno. Aselip, la patronal de empresas de limpieza rápida, consiguió que nadie presentara oferta en la licitación del SELUR madrileño, que quedó desierta. La CNMC considera que desde el año 2000 hasta, al menos, 2013 estas empresas llevaron a cabo de forma continuada y en numerosas regiones españolas un reparto de las licitaciones públicas en la gestión de residuos industriales, recuperación del papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano.

Cataluña y Andalucía también formaban parte de este acuerdo  Del total de la sanción, la mayor parte, 23,28 millones, ha correspondido a ACS a través de sus filiales Urbaser y Sertego; seguida del grupo FCC, con 16,88 millones; Valoriza (Sacyr) con 15,29 millones; Cespa (Ferrovial) con 13,61 millones o el grupo Saica con 5,3 millones. Todas ellas concentran el 75% de la sanción total.

Fuentes de la CNMC, que aseguran que la resolución tiene su origen en una inspección sobre la gestión de residuos en Baleares y que se trata de una de las más complejas debido al número de empresas involucradas, el volumen de la sanción, la extensión geográfica y la duración en el tiempo. Para llevar a cabo estas prácticas, las empresas sancionadas se repartían las licitaciones presentando ofertas conjuntas bajo el modelo de UTE o acordaban no concurrir a una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades. 

También llegaron a acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores (públicos o privados), al tiempo que se repartían a los nuevos clientes; intercambiaban información comercial sensible; boicoteaban aquellas licitaciones que no se ajustaban a sus intereses o utilizaban a las asociaciones sectoriales para coordinar las actuaciones y las recomendaciones colectivas.

En el marco de este expediente, que se inició en 2012, la CNMC ha probado la existencia de conductas anticompetitivas en las licitaciones convocadas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013 entre los que destaca el acuerdo de FCC, Cespa y Urbaser en el contrato de limpieza viaria y jardinería, de residuos urbanos de la periferia, o en el contrato de gestión de residuos industriales por 542 millones.

También denuncia un acuerdo entre Cespa, Urbaser y Valoriza para repartirse la explotación de dos plantas de Valdemingómez, así como el acuerdo de colaboración entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir conjuntamente a todas las licitaciones públicas a nivel nacional para el diseño/construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos urbanos.

Dentro del saneamiento urbano, la patronal Aselip elaboró un "Código de Conducta" que recogía recomendaciones para que se respetasen los clientes de los competidores o cuando no ofertar, lo que produjo un perjuicio para entidades locales de Andalucía, Madrid y País Vasco, así como para los contribuyentes.

Las compañías recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa a pesar de que el importe total de la multa representa el 3% de la facturación anual del mercado afectado.

En este país, a las grandes empresas les sale barato jugar sucio y estafar. Para empezar se deberían declarar nulos todos los contratos contraídos con esas empresas y si hubiese nuevas multas, impedir a las compañías hacer nuevos contratos con la administración. Mientras eso

no ocurra estas grandes empresas continuarán sangrando a la ciudadanía, no solo en las basuras sino en otros sectores que también están bajo sospecha..

viernes, 23 de enero de 2015

Syriza ya gobierna pero los medios mercenarios nos lo ocultan


Intentar encontrar un ápice de verdad en la lectura de la prensa española supone un esfuerzo abrumador.

No hay día en que la prensa española no especule, vaticine, tergiverse o mienta acerca del programa electoral de Syriza y sobre qué harán o no si vencen en las elecciones. El exceso de informaciones sobre el programa de Syriza (verdadero o inventado) camufla el hecho de que ya es posible saber algo de cómo administran.

Gobiernan las Islas Jónicas y Ática, la región más poblada de Grecia, en la que vive el 40% de su población. También aproximadamente el 20% de los municipios de la misma región. En estos pocos meses, a pesar de encontrarse un presupuesto ya confeccionado, Syriza aumentó la ayuda de emergencia social en Ática de 1,8 a 13,5 millones de euros.

Estableció ayudas para los hogares que no podían pagar la luz, unos 40.000. Los niños estudian con velas. En Grecia, cuatro de cada cinco viviendas no pueden poner la calefacción. Los griegos se ven obligados a encender hogueras de leña en los pisos y ya hay varios casos de muertes por asfixia.
Pero sindicalistas de eléctricas denunciaron que las grandes empresas pagaban la mitad, o incluso nada.

Syriza se negó a despedir a más funcionarios. Esta negativa ha hecho que esos alcaldes rebeldes, que aducen que hoy los servicios públicos son más importantes que nunca, tengan querellas por desobediencia ante la justicia. Abren dispensarios públicos con médicos voluntarios para poder ofrecer acceso universal a algunos de los más de tres millones de griegos que hoy no tienen acceso a la sanidad. El movimiento que la defiende tiene como lema: “No nos mataréis”.

Los partos cuestan más de 700 euros. Una cesárea: 1.200, una radiografía: 100. Las pruebas diagnósticas son tan inalcanzables que las ONG denuncian el aumento imparable de los abortos no deseados. A todo esto, el anterior Ministro de Sanidad, de Nueva Democracia, realiza manifestaciones como esta: “Enfermedades como el cáncer no son urgentes a menos que estén en la etapa final”.

Syriza ha reducido los impuestos del pequeño comercio y las PYME y aumentado los impuestos municipales de las grandes compañías, bancos y superficies comerciales. Aunque sería más justo decir que han empezado a pagar, pues antes no lo hacían. 

Organiza mercados para productores locales que venden sus productos más baratos que en los supermercados y colabora con los comedores sociales y los infantiles. También han cancelado proyectos de plantas de gestión de desechos por no cumplir las leyes de impacto ambiental. Ni una noticia negativa. De haberla, con la prensa que tenemos, lo hubiésemos sabido.

Solo son unos meses de gobierno, pero algo nos enseñan. En general, cuando los medios de comunicación españoles hablan de que Syriza pretende nacionalizar servicios como transportes, agua o luz, ocultan que muchos antes eran públicos, solventes y fueron casi regalados a grandes empresas. 

La televisión pública griega fue cerrada justo unas semanas después de las concesiones de licencias televisivas a empresarios del entretenimiento que soslayan en los informativos el empobrecimiento generalizado.

De paso, Grecia bajó al puesto 99 en el índice de libertad de prensa que confecciona Reporteros sin Fronteras. Por debajo de Kuwait, Gabón y Kirguistán.

El transporte ferroviario, que daba beneficios, se privatizó con el aplauso del comisario europeo del PSOE, Joaquín Almunia. Y solo después de privatizarse el gobierno griego consideró oportuno subvencionar a las empresas beneficiarias. 

El mismo gobierno hace, día sí y día también, operaciones que atentan contra el más mínimo decoro. Vende casi treinta ministerios y edificios públicos por 260 millones y firma un contrato de alquiler con la empresa que los compra para seguir usándolos por 30 millones al año, haciéndose cargo además del mantenimiento. Una cláusula cómica establece el derecho del gobierno a “recomprarlos” en el futuro.

Los mismos negociazos se han visto en la privatización de la lotería: una concesión por doce años a cambio de lo que el gobierno recaudaba en tres. Empresarios relacionados con el gobierno se hacen con islas, playas, terrenos y edificios olímpicos a precios de risa. Por supuesto, ni un euro de todos estos revierte en los griegos sino que van directamente al fondo para el pago de la deuda. 
A pesar de ello Alemania se mostró “decepcionada por el nivel de privatizaciones”. Pero estas son pequeñas cosillas en comparación con la venta de las minas de oro de Calcidia. La empresa que las gestionaba provocó un desastre medioambiental. Antes de hacerse cargo de las indemnizaciones se declaró en quiebra. 

El estado griego también perdonó las cotizaciones sociales debidas y compró por 11 millones los derechos de explotación. A las pocas horas los vendió por el mismo precio a una empresa constituida dos días antes. Esta, a su vez, vendió el 9% de la explotación a un holding catarí por 175 millones. Solo el 9% valía dieciséis veces más que lo que recaudaron los griegos.
La explotación del oro, que solo es apoyada por el gobierno y el partido neonazi, está produciendo catastróficas consecuencias ambientales.

Contra ella ha surgido un movimiento social que apoyan decenas de miles de personas. Ierissos es “la aldea gala”, solo que aquí los romanos son fuerzas antiterroristas con declaración de estado de emergencia incluida.

Escribir en blogs, o hablar con la prensa contra las minas, se considera motivo para presentar cargos por pertenencia a organización criminal.

¿Y el agua? Bruselas ordenó la privatización del agua. La Mancomunidad de Municipios de Tesalónica organizó un referéndum.
El gobierno griego intentó prohibirlo, lo declaró ilegal. La democracia es ilegal en el país que la inventó.
A pesar de todo se llevó a cabo con la presencia de observadores internacionales. El resultado fue que el 97,8% de la población estaba en contra de la privatización. Aún así, se privatizó, pero el Tribunal Supremo lo declaró ilegal.

La insistencia en las diferencias ideológicas sirve en realidad para eliminar de nuestra memoria los obscenos actos concretos de un gobierno que, pura y llanamente, se ha dedicado al saqueo. 

El pasado de la gran coalición griega entre derecha y socialistas es tan vergonzosamente indefendible que a ninguno de sus cómplices en España se le ocurre traer a colación ni una sola de sus medidas.

En su lugar, todo se plantea en términos de orden-desorden, seguridad-incertidumbre, conocido-desconocido.



Artículo completo 
https://www.diagonalperiodico.net/global/25451-lo-nos-ocultan-grecia-y-syriza.html

Enlaces relacionados
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/01/grecia-michalis-liapis-el-ex-ministro.
html
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/02/grecia-y-los-bebes-endeudados.html

miércoles, 21 de enero de 2015

Bienvenido mister Bárcenas

El Recibimiento



                                   El Ministerio de propaganda de Justicia
                                 

                 Desmontando al Ministerio de Propaganda de Justicia  




Daniel Hidalgo, director de comunicación del Ministerio de Justicia, hasta entonces había sido  subdirector de informativos de Telemadrid, y ha presumido de ser uno de los ‘protegidos del Partido Popular, un hecho que se vio evidenciado en el proceso de ERE de la Televisión Pública anunciado en al año 2012 y en el cual el mismo Hidalgo fue uno de los cargos de confianza que se mantuvieron en plantilla.

                                                                     Fuente:
http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/91-nombramientos-agencias/20134708-aena-sigue-buscando-agencias-ahora-una-para-la-puesta-en-marcha-de-un-roadshow 

martes, 20 de enero de 2015

Puerta de Hierro. Club privado, terrenos públicos, socios imputados



El selecto club que nos gobierna que cambia leyes y jueces a su antojo, no iba a dejar pasar la oportunidad de cambiar los estatutos de uno de sus exclusivos  clubs.

El club madrileño Puerta de Hierro ha modificado sus estatutos para evitar la expulsión de algunos de sus socios más conocidos, gran parte de los cuáles se han visto envueltos en el escándalo por el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia, como Rodrigo Rato, Rafael Spottorno o Luis Gabarda. El anterior régimen disciplinario, vigente desde 1989, establecía hasta ahora en su artículo 28 como motivo de expulsión de los socios "haber cometido cualquier acto que lastime su reputación y honor".

Como ahora "lo moderno" es estar imputado, según explica el club, la antigua normativa se ha cambiado en sus nuevos estatutos, por otra "más moderna y completa", que ha derogado dicho artículo. Desde este momento, el nuevo artículo 31 establece como infracción muy grave, motivo para echar a alguno de sus socios, "resultar condenado por sentencia firme por la comisión de cualquier delito tipificado en la legislación penal y cometido ¡dentro de los terrenos o instalaciones del club" 

Los nuevos estatutos abren la puerta a la readmisión de los socios que hayan cometido infracciones muy graves, ya que "prescriben a los dos años desde su comisión". El cambio se aprobó  en la Asamblea General Extraordinaria de noviembre. 

Rato, Estanislao Rodríguez Ponga, Villar Mir, Jaime Botín, Luis Gabarda y Javier López- Madrid están entre los beneficiados. 

Es un club privado y pueden alegar que cambian los estatutos libremente, el problema es que como todo lo que suelen disfrutar los grandes neoliberales, está asentado en terrenos públicos, es decir, de todos. 

El club, de inspiración británica, fue creado hace más de un siglo por el Rey Alfonso XIII,  a semejanza de los county clubs ingleses para que los vips españoles pudieran jugar al polo.
Una regalía del siglo XXI, ubicado sobre 234,5 hectáreas de suelo público, es un oasis anacrónico en pleno Madrid. La asociación que tiene 15.649 miembros, entre los que se encuentra  la familia real, los miembros del Gobierno, embajadores y algunos altos cargos de Patrimonio, no permite la entrada de nuevos socios desde 1987, año en el que entró Pedro Morenés, actual ministro de Defensa, y disfruta de unas lujosas instalaciones en un terreno propiedad de Patrimonio Nacional del Estado, que explota sin tener que acudir a ningún tipo de concurso público desde hace un siglo.

En el momento en que se firmó el primer contrato de arrendamiento (fue con la sociedad Madrid Polo Club por 74 años), los terrenos eran propiedad privada de Alfonso XIII, por lo que podía disponer de ellos como quería. Ahora, los terrenos forman parte de Patrimonio Nacional, un organismo que depende de Presidencia del Gobierno y se encarga de gestionar los activos públicos, que son de todos los españoles. Así, desde 1912 se han ido sucediendo contratos de alquiler entre el Real Club de la Puerta de Hierro y Patrimonio Nacional (antes Real Patrimonio de la Corona). La renovación del contrato se realiza sin convocar ningún tipo de concurso público, por lo que ninguna empresa o asociación tiene la posibilidad de gestionar estos activos públicos. El ultimo acuerdo, tras su correspondiente "negociación", se firmó el pasado 25 de mayo de 2011 y su vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2040.

La renta anual no incluye ni el IVA ni el IBI y, además del alquiler, la asociación se compromete, por contrato, a llevar a cabo todas las obras de mantenimiento necesarias y de nueva planta para el correcto funcionamientos de la sociedad, que se pondrán a nombre de Patrimonio. La lista de selectos socios del Real Club de la Puerta de Hierro es inescrutable. Oficialmente, apenas si se sabe que forman parte de ella el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que además fue presidente de la institución entre 2006 y 2011, y Fernández Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, también directivo de la misma. El actual presidente es Luis Álvarez de las Asturias Bohórquez. Extraoficialmente, en ella están incluidos muchos nombres de la cúpula del Partido Popular, como el del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que era alcalde de Madrid cuando se firmó el primer convenio entre la institución deportiva, el Ayuntamiento de la capital y Patrimonio Nacional.

 La exclusividad del club llega hasta tal punto que lleva sin admitir nuevos socios 26 años y la entrada de nuevos socios está en "suspenso". El primer filtro es económico: la cuota de entrada son 300.000 euros por socio; el segundo, y más difícil, la bola negra. Este es el filtro más temido por todo aquel que haya echado su solicitud, ya que si algún miembro de la junta del club saca la bola negra, es decir, rechaza una solicitud, el futuro socio se queda fuera.

La presidencia de Morenés  no estuvo exenta de polémica por las normas de etiqueta y conducta que trató de imponer y la subida de precios. Y es que, según el listado de tarifas, jugar al golf o montar a caballo no está al alcance de cualquier persona, y mucho menos desde la presidencia de Morenés. Además de la tarifa de ingreso (los consortes pagan 58.913 euros para formar parte del coto), ahora cada miembro debe pagar una cuota de 284,4 euros al trimestre (1.137 euros al año) frente a los 197 euros que se pagaban en 2006 cada tres meses. Esta tarifa sólo da acceso a las instalaciones, por lo que si se quiere disfrutar de alguno de los dos campos de golf de 6.375 metros y 6.504 metros, respectivamente, tiene que pagar una cuota anual de 672,5 euros, que en 2006 apenas alcanzaba los 345 euros.

Un "ilustre" asiduo del club hasta el mes de octubre fue el "pequeño Nicolás" a veces en compañía de un hijo de José María Aznar, dado que el club está considerado  como un feudo del PP,  no es de extrañar que al niño le gustara tanto acudir y hacerlo con alguno de sus coches alquilados para impresionar a sus invitados.

A esta entidad privada asentada sobre terreno público el Ayuntamiento de Madrid le entregó 1.395.321,99 euros. Lo hace como «contraprestación» por la instalación, en el perímetro de la finca de 213 hectáreas, de un «túnel de 1.800 metros de longitud» y dos «pozos de registro». Una infraestructura incluida en el proyecto del estanque de tormentas de Arroyofresno y calificada en su día de «interés público» en el Palacio de Cibeles.  ¿Por qué el dinero público en cuestión se ha abonado al Real Club de la Puerta de Hierro y no a Patrimonio Nacional, que es el propietario del suelo en el que se asientan las instalaciones deportivas y donde se realizaron las citadas obras? ¿Cómo se ha calculado una indemnización tan precisa, con decimales incluidos? ¿No hubiera sido menos gravosa para las arcas municipales una expropiación del terreno?

Este culebrón administrativo comienza en 2008, cuando se firma un convenio a tres bandas entre el entonces presidente del Club de la Puerta de Hierro y hoy ministro de Defensa, Pedro Morenés, un representante de Patrimonio Nacional y Ana Botella en su calidad de delegada del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. En él se describen con sumo detalle las características del túnel y de los pozos que se iban a construir y la contrapartida que debía asumir el Gobierno local por obtener la autorización para poder hacerlo. Posteriormente se  decide entonces es que es más conveniente que sea el club el que asuma el coste de construcción del depósito y que, a cambio, el Ayuntamiento de Madrid le pague 'en especie' con «agua regenerada» por valor (ahora ya sí se menciona la cifra) de 1.395.321,99 euros. Finalmente, en diciembre de 2012, se aprueba una segunda «adenda» al contrato, que incluye un nuevo trueque. Tres documentos oficiales después, la conclusión es que la «contraprestación» a favor del gestor de la entidad deportiva de alto 'standing' será «pecuniaria» y no en forma de balsa ni de metros cúbicos de agua regenerada. Así, se establece que el pago de los 1.395.321,99 euros se realizará en dos anualidades: una de 465.107,33 euros, que ya fue abonada en 2012, y otra de 930.214,66, que se entregaría en el 2014. Debido a este ingreso extra o no, lo cierto es que los socios del club pagan desde el 1 de enero un 4% menos. En una carta que lleva la firma de Luis Álvarez de las Asturias, sucesor de Pedro Morenés al frente de este organismo, se les informaba de que «la Junta Directiva ha identificado suficientes ahorros como para proponer una rebaja de cuotas y servicios».

En época de recortes sociales, sí solo sociales, un exclusivo club instalado en terrenos públicos recibe 1.395. 321,99 euros de todos los contribuyentes. ¡Así son los neoliberales¡


Enlaces recomendados:
https://www.diagonalperiodico.net/global/campo-golf-puerta-hierro-terrenos-publicos-uso-privado.html
http://www.eleconomista.mobi/empresas-finanzas/noticias/4793431/05/13/--Patrimonio-dio-a-dedo-55-hectareas-a-Morenes-para-el-Puerta-de-Hierro.html
http://elpais.com/diario/1982/07/17/sociedad/395704804_850215.html  artículo de  MANUEL VICENT
Enlaces relacionados:
http://www.angelesgarciaportela.com/2012/06/morenes-comercial-de-la-industria.html
http://www.angelesgarciaportela.com/2011/12/morenes-ayer-jefe-de-los-vilgilantes-de.html

domingo, 11 de enero de 2015

Gøtzsche: Medicamentos que matan y crimen organizado



La industria-farmacéutica está causando más muertes que los carteles de la droga.  La industria farmacéutica es inmensamente rica y poderosa y ha corrompido los sistemas de salud de una forma extraordinaria. Es una corrupción de largo alcance. Todo el proceso por el que nuestros medicamentos son investigados, aprobados y recetados ha sido corrompido. Esto implica manipular los datos científicos, pero también comprar a casi cualquier persona que pueda tener influencia en el sistema, incluidos los ministros de salud.

En mi país, por ejemplo, sólo hay en torno a 20.000 médicos, pero miles de ellos cobran nóminas de la industria por cumplir funciones discutibles como sentarse en consejos asesores o ser consultores, en muchos casos sin aportar ningún servicio tangible a cambio del dinero.  Esta es una forma aceptada y generalizada de corrupción sutil pues, como sabe cualquier médico, el dinero dejaría de fluir si no actuaran en interés de sus benefactores.

El caso del Sofosbuvir (medicamento de última generación que cura la mayoría de casos de hepatitis C) es sólo uno de los más recientes ejemplos de la forma en que las compañías farmacéuticas extorsionan a la sociedad. Gran parte de la investigación que permite el desarrollo de nuevos fármacos ha sido financiada por el dinero de los ciudadanos, que pagan las nóminas de los investigadores públicos. Si un medicamento es considerado un gran avance, la norma es que la compañía farmacéutica que se hace cargo del desarrollo de ésta cobre un precio obsceno, abusando de ese modo del monopolio que la sociedad le ha otorgado.

El precio de un nuevo fármaco no tiene nada que ver con sus costes de desarrollo, pero depende por completo de cuánto estemos dispuestos a pagar por él. Es un tipo de extorsión que no es muy distinta del tipo de chantaje que ejercen los piratas en Somalia cuando abordan barcos y toman rehenes. En ambos casos, puede ser una cuestión de vida o muerte, y  puede ser muy difícil para los políticos negarse a pagar los medicamentos cuando los periodistas ponen a pacientes a llorar en la televisión nacional.

Uno de los argumentos más utilizados por la industria farmacéutica para defenderse de las críticas es que sin su inversión en investigación no tendríamos los medicamentos que tenemos. Lamentablemente el argumento es ampliamente aceptado entre médicos y políticos. ¿Aquellos que se creen esto, estarían dispuestos a pagar veinte veces más por su nuevo coche sólo porque el vendedor les dice que por hacerlo tendrán mejores coches en el futuro? La situación es del todo absurda.

Normalmente, las empresas dicen: “Si no gastáramos nuestro dinero en investigación, moriríamos”. Pero las compañías farmacéuticas lo que dicen es: “Si no tenemos vuestro dinero para gastarlo en investigación, vosotros moriréis”.

Sólo los líderes religiosos son más listos que ellos, pues prometen que seremos recompensados tras la muerte, lo que hace que sea completamente imposible quejarse. Los beneficios de las farmacéuticas se han disparado en la última década; y al mismo tiempo la innovación se ha estancado Empíricamente se ha demostrado que este argumento no se sostiene.  En definitiva, el capitalismo y el cuidado de la salud son malos compañeros de cama.

Nuestras sociedades deben tomar el control sobre el desarrollo y la venta de medicamentos, lo que garantizaría que tuviéramos los medicamentos a precios que incluso los países en desarrollo podrían permitirse.
La industria farmacéutica es muy rica y ha corrompido los sistemas de salud. La situación en la que estamos ahora es similar a la que vive un pueblo cuando ha permitido a la mafia ser tan poderosa que ha logrado comprar a todo el mundo, incluidos los políticos, el alcalde y la policía. En una situación así es increíblemente difícil dar marcha atrás.

Esto es lo que está pasando ahora con la industria farmacéutica, que ha comprado a muchos doctores clave, que son líderes de opinión. Hay casos de médicos que han perdido su trabajo por criticar a la industria, porque la farmacéutica en cuestión había comprado ya a sus superiores.
Esto es lo mismo que hace la mafia cuando se carga a un oficial de policía que hace demasiado bien su trabajo.

Cuando el crimen renta, se genera más crimen. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Los crímenes de la industria farmacéutica, que están entre los peores de todas las industrias, se han incrementado en los últimos años. He sido incapaz de encontrar una sola compañía cuyo CEO tenga sentido de la moral. Lo único que importa es el dinero y los CEO saben perfectamente que su falta de ética conduce a muchas muertes innecesarias. El criminólogo John Braithwaite, que ha entrevistado a muchos CEO para elaborar su libro sobre el crimen organizado en la industria farmacéutica, los llama "bastardos despiadados".

Desafortunadamente, la industria farmacéutica es tan poderosa que es tarde para esperar ningún cambio importante en los reguladores y en la forma en que nuestros políticos entienden su funcionamiento. Hay esperanza, sin embargo, porque nuestros ciudadanos no son tan tontos, ingenuos y oportunistas como nuestros políticos.

Las organizaciones de pacientes y las de médicos no deberían aceptar dinero de la industria farmacéutica. Deberían preguntarse si les parece éticamente aceptable recibir dinero que ha sido ganado en parte por crímenes que han dañado e incluso matado a muchos pacientes. Y los médicos tienen que negarse a recibir visitantes médicos, porque esto conduce a la prescripción irracional y un gran daño, incluyendo muertes innecesarias.

Quien hace estas declaraciones es Peter C. Gøtzsche, médico danés que durante 30 años ha trabajado en ensayos clínicos y regulación de medicamentos para varias farmacéuticas. Acaba de escribir  un libro titulado  Medicamentos que matan y crimen organizado (ed. Los libros del lince) que está provocando  una enorme polémica y la ira de la industria farmacéutica.
La edición inglesa la prologa Richard Smith, médico y exdirector del British Medical Journal.
Smith en el prólogo asegura que los médicos acabarán cayendo en desgracia ante la opinión pública, como ya ha ocurrido con periodistas, diputados y banqueros, por no haber sido capaces de ver hasta qué punto han aceptado la corrupción.

Sus declaraciones completas en la entrevista:
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-03/la-industria-farmaceutica-es-muy-rica-y-ha-corrompido-los-sistemas-de-salud_408758/

Tomado de 


Tomado de:

J. J. Millás: 
Los  enfermos de hepatitis C, entre otros, son ahora mismo la carnaza que hay que echar cada día a la industria farmacéutica para calmar su sed de plusvalía.
(http://elpais.com/elpais/2015/01/08/opinion/1420734354_358500.html)

Quién está detrás del laboratorio que fabrica el Sovaldi
http://cadenaser.com/ser/2015/01/08/sociedad/1420714647_914663.html

Enlace relacionado
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/01/los-senores-del-mercado-de-filantropos.html