El 24 de febrero aparecía en El País la noticia del archivo de la causa de un joven fallecido en el centro de menores Tierras de Oria de Almería. La familia recurrirá el archivo.
El joven falleció después de haber sido atado de pies y manos, eso que en neolengua se llama "sujeción mecánica".
La maniobra para inmovilizarlo, según reflejan las videocámaras se produjo estando el joven boca abajo. La posición del fallecido, contraria al resto de protocolos de contención como subraya el forense, es clave para determinar cuánto pudo influir en la muerte del chico, de 94 kilos de peso y 1,74 de estatura.
Hay dudas de si se trata de “una muerte violenta accidental”, como se concluye en el auto de archivo de la causa de la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert del pasado 29 de enero, o por el contrario de un posible “homicidio”, como defiende el abogado de la familia, Carlos Rolin, en el recurso presentado posteriormente.
El juez, sin embargo, no entra a valorar el protocolo aplicado, sino que se limita a analizar si se actuó de acuerdo con el mismo o no. Pero el abogado cuestiona, al igual que el forense, el citado protocolo, creado por la misma empresa Ginso que gestiona el centro.
El País contactó con una portavoz de Ginso, compañía que le denegó el acceso a ese protocolo: “Son documentos internos que se les dan a las autoridades competentes, no pueden compartirse con nadie más”. Y añadió: “El protocolo de contención mecánica de la Junta de Andalucía rige todos los centros de la Junta, pero cada uno luego lo adapta a sus características específicas”.
No es la primera vez que fallece un joven en un centro gestionado por Ginso.
Ramón Barrios murió en 2011 dentro del centro Teresa de Calcuta, ubicado en Brea del Tajo (Madrid). Su causa también se archivó, pues la autopsia no halló signos de violencia, a pesar de que durante el sepelio la familia advirtiera moretones en el cuerpo sin vida del joven.
(Para leer la triste historia de Ramón Barrios pinchar aquí).
En el mismo centro donde falleció el menor, en Tierras de Oria se produjo una denuncia por parte de tres ex trabajadores aportando grabaciones de 2 adolescentes atados a las camas con gomas y gritando de dolor pidiendo "por favor" que se les retiraran las sujeciones.
Pese a que el Consejo de Europa comprobó y denunció el año pasado que el uso de medios de sujeción en el centro de reforma juvenil "podría considerarse trato degradante o inhumano" y que en ese sentido se pronunció también el Defensor del pueblo Andaluz, la Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes, archivó el caso hace tres años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores.
Pero la denuncia del centro por la difusión del vídeo, publicado en febrero de 2015 por eldiario.es, siguió su curso y la jueza ha abierto ya juicio. Los ahora acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.
Leyendo la noticia se descubre que con tanto afán privatizador, hasta los jóvenes acabaron en manos privadas.
Según El País se trata de uno de los cuatro centros de internamiento que gestiona esa polémica empresa que acarrea denuncias, incidentes y más de una muerte tras la aplicación de "medidas de sujeción mecánica".
¿Cómo empezó todo esto?
Comenzó cuando deliberadamente se inicia una sistemática destrucción de lo público, sobre todo lo más jugoso: los monopolios que aparentando una falsa competencia se convirtieron en oligopolios: telefonía, gas y electricidad y luego la privatización de los débiles; los abuelos pasando las plazas públicas residenciales a privadas y los jóvenes a reformatorios de gestión privada.
Las cárceles no las han privatizado quizás porque muchos de los que privatizaban y legislaban para privatizar se temían que podían acabar en ellas, como así ocurrió en algunos casos, y siempre es mejor y de más garantías la gestión pública. Todo privatizado pero sin competencia, y es que el mercado tiene muchas servidumbres.
Los mayores y los jóvenes con problemas, además de indefensos, llegado el caso no tienen capacidad económica ni relevancia social para conseguir buenos abogados y despertar eso que se ha dado en llamar "alarma social".
la Ley del Menor en 2000 abría la posibilidad de gestión privada a los centros de menores y
así apareció inocentemente la noticia en 2006
El Gobierno regional asegura que esta práctica es legal y se ampara en la Ley del Menor de 2000 que permitió a las comunidades autónomas dejar en manos de asociaciones sin ánimo de lucro el control de los centros de menores condenados a privación de libertad. Este empresario también opera en Andalucía donde ha conseguido la gestión y construcción de dos reformatorios.
Me llamó tanto la atención en su día que hasta escribí una Carta al director al País, censurándolo:
Un constructor crea una asociación sin ánimo de lucro y su empresa construye los edificios con ánimo de lucro, para la asociación que él creó. Las críticas no se hicieron esperar aunque el gobierno manifestó que era legal, así que el empresario se defendió
"Alfredo Santos es presidente de Ginso y Enrique Tuñón, vicepresidente a la vez son propietarios de empresas, que además de que gestionan estos centros de menores a través de GINSO, también son los encargados de construir dichos centros y cárceles. Hasta ahora fundamentalmente en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Extendiéndose también por Sudamérica".
Así decía la noticia.
Alfredo Santos tenía experiencia en construcción de cárceles y Enrique Tuñon era funcionario de prisiones.
Cuando esto ocurría y con ello se puede entender mejor lo que estaba pasando, algunos juristas ya lo vieron venir y "consideraban que el sistema previsto en la Ley del Menor se había desvirtuado. Que una norma que se incluyó para permitir la colaboración de entidades de protección de menores en la ejecución de algunas sanciones ha derivado en que las empresas crean asociaciones sin ánimo de lucro para meterse en este negocio.
Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, decía que "la construcción sin ánimo de lucro es algo que suena muy raro y poco creíble". "Antes de endurecer la Ley del Menor quizás habría que mirar primero qué es lo que estamos haciendo, y cómo". Y pasó lo que pasó.
Ginso trabajaba tanto en territorio PP como Psoe durante el bipartidismo. Si los centros fuesen públicos cuando se produjese una muerte cesarían al director con lo que al menos "se abrirían las ventanas" y entraría el aire, pero al ser privado, se mantiene a los directores.
Al centro Tierras de Oria le achacaban durante el gobierno del PSOE ser un centro de empleo clientelar de éste.
El Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia de 82 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción por la financiación irregular del PP a través de los centros de menores, y puso en conocimiento de la justicia hechos relacionados con la adjudicación de construcción y gestión a la empresa GINSO de un centro de menores de la Comunidad de Madrid, el “Teresa de Calcuta”.
El día 24 de noviembre de 2005, el Consejero Alfredo Prada autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO, en el que se incluía la construcción de dicho centro.
En la denuncia se detalla cómo se relacionan unas empresas con otras, por lo que consideran que existen suficientes indicios para afirmar que "el convenio aún vigente firmado con Ginso no cumple con la legalidad en donde se exige la ausencia de ánimo de lucro, que esa sociedad forma parte de un entramado de empresas que han servido para recibir fondos públicos, y que esas empresas están involucradas en casos como Lezo, Púnica o Pujol"
Granados aportó facturas falsas que probarían lo que viene a confirmar un acta notarial de Carmen Balfagón, y es que la empresa GINSO sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron.
Dichos informes fueron encargados a esta empresa a través de la Agencia del Menor. Clara Serra, de UP, (por cierto tiene un juicio pendiente por una protesta ante un desahucio en 2014 y a ella no le prescribe) ha explicado que en esta denuncia ponen en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que la empresa Ginso, que a día de hoy tiene un convenio "que fue hecho sin concurrencia y publicidad hace 15 años", aún vigente, "forma parte de un entramado de empresas, como Ibadesa, Inypsa o Isolux, que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol"
Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas aproximadamente en un 73%. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Madrid, el 100% de los reformatorios son privados.
El sistema de externalización es perverso, porque cuando el joven fallece, las instituciones que lo han derivado al lugar donde se produjo su muerte, dicen que no tienen nada que ver, que la responsabilidad es exclusiva del centro de internamiento. Lo cual es falso porque si te confinan en un lugar, tienen que velar por tu seguridad y son en último término responsables de la misma.
Lectura imprescindible
https://elpais.com/politica/2019/07/16/actualidad/1563303033_311209.html
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/videos-iliass-t-murio-por
Lecturas recomendadas
https://blogs.publico.es/david-bollero/2019/07/11/centros-menores-ginso/
https://www.eldiario.es/politica/vida-centro-menores_0_852864984.html
Enlaces
http://corrupcionesvarias.blogspot.com/2019/01/denuncia-ante-la-fiscalia-de-la.html
https://elpais.com/politica/2019/07/29/actualidad/1564409883_119322.html
https://confidencialandaluz.com/oria-centro-menores-purchena-psoe-clientelismo/
https://www.publico.es/espana/protesta-trato-menores-centros-reforma.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-9737
https://elpais.com/politica/2019/07/16/actualidad/1563303033_311209.html
Enlaces relacionados
https://elpais.com/ccaa/2019/07/13/madrid/1563026455_331378.html
https://elpais.com/diario/2006/05/27/opinion/1148680810_850215.html
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